Despidos arbitrarios en las empresas Disco y Molinos Río de La Plata
El Parlamento argentino respondió positivamente al reclamo de los trabajadores
Jueves 6 de octubre de 2005, por Secretaría de Comunicación y Difusión *

Por Mariano Vázquez. La legitimidad de la demanda por la libertad y la democracia sindical se juega en todas las canchas. Hoy fue el turno del Congreso de la Nación. Julio Hikkilo y Raúl Fernández, dirigentes del Sindicato del Personal de Reposición Externa (SIPRE), que fueron despedidos hace más de un mes por su actividad gremial, expusieron su situación ante los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, deberá comparecer ante dicha Comisión. Patética respuesta empresarial.

A las 11 de la mañana, en la sala 4, del tercer piso del edificio anexo de Diputados, se inició la sesión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja. La orden del día tenía como primer tema el proyecto de Resolución (Nº 5759) presentado por el diputado e integrante de la Mesa Nacional de la CTA Claudio Lozano y que fue acompañado por los legisladores Jorge Rivas, Ariel Basteiro, Marta Maffei, Alberto Piccinini, María Elena Barbagelata, Eduardo Macaluse, Silvana Giudici, Miguel Bonasso, Marta De Brasi y Héctor Polino para “requerir la comparecencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, (...) A los efectos de que suministre a esta Honorable Cámara detallado informe y explicaciones completas acerca de la presentación efectuada por el SIPRE, conjuntamente con la CTA, por el despido de los trabajadores Juan Hikkilo y Raúl Fernández, en virtud de la actividad gremial por ellos desarrollada, por parte de las empresas Disco y Molinos Río de la Plata de la ciudad de Mar del Plata, en abierta contradicción con las normas constitucionales y tratados internacionales que consagran el derecho a asociarse libremente y a la libertad sindical”.

Se encontraban presentes en la sala una decena de diputados, asesores, los dos trabajadores despedidos (que estuvieron acompañados por los dirigentes de la Central Daniel Jorajuria, Natalia Robledo, Ana Sachi y Héctor García, miembro del equipo jurídico) y un representante de la empresa Disco, ya que Molinos Río de La Plata desitió de asistir y a través de su gerente, Juan Irube, envió una carta a la presidencia de la Comisión en la cual afirmaba “no tener motivos para asistir ya que la firma no había despedido a ningún empleado”. Saúl Ubaldini (Partido Justicialista-Buenos Aires), presidente de la Comisión, con evidente disgusto, leyó la misiva y reprochó la actitud de la compañía -considerada como la empresa agroalimentaria por excelencia de la Argentina. Fundad por Bunge y Born, pertenece desde 1999 a Perez Companc, que en los 90 participó activamente en todos los segmentos del huracán privatizador y ocupa el puesto 13 de las empresas que más facturan-: “Deberán entender las consecuencias de ignorar el pedido de los diputados”.

Luego, Lozano tomó la palabra y dijo: “Los trabajadores aquí presentes, Julio Hikkilo y Raúl Fernández, secretario general y adjunto del SIPRE, frente a una actividad normal de denuncia gremial fueron despedidos arbitrariamente. Esto se inscribe en un cúmulo de acontecimientos donde empresas, no menores, sino importantes, que forman parte de la cúpula empresarial de la economía argentina, impiden la tarea gremial. Son empresas que obstruyen el ejercicio de los derechos que la Constitución Nacional otorga a los trabajadores. Las empresas no son zonas liberadas ni la democracia se termina frente a sus puertas. Por eso hoy el parlamento argentino escucha a las partes”.

Hikkilo se refirió a la situación de los repositores externos en la empresa Disco, a la que ingreso en 1993 en el sector verdulería: “La falta de respuestas a las demandas salariales y laborales nos llevó a organizarnos sindicalmente. Desde esa fecha me desempeñé como delegado gremial y la empresa siempre me trató en esos términos”. Calificó como “triste y dramática”, la situación de los repositores externos porque sufren a diario “la tercerización y el fraude laboral” cuando se les impone un régimen laboral de tipo “penitenciario”. Y clamó por una solución para los 85.000 repositores externos que realizan este oficio en todo el país. Principalmente jóvenes entre 18 y 30 años. “Estamos sometidos a la flexibilización laboral, tenemos básicos que no llegan a los 700 pesos y parte del salario se lo quedan la agencias de colocación que actúan como parásitos. Para nosotros la solución es la sindicalización, un estatuto para el sector y control estatal de las agencias parásitos”.

Para Fernández, “las empresas tienen mucha libertad y abusan de esas libertades. Buscamos ponerles límites y por eso nos echaron. Callarnos sería hipócrita. Queremos cambiar la realidad del repositor y queremos que nos reincorporen en los puestos de trabajo porque fueron injustos los despidos”.

A continuación el representante legal de la empresa Disco expresó: “Hubo despido sin causa (en referencia a Hikkilo) y se puso a su disposición la indemnización. Para la empresa no tiene representación legal y al único sindicato que reconoce es a FAECYS”. La respuesta no se hizo esperar: “Constituimos una nueva organización sindical y siempre nos dieron el trato de dirigencia sindical, siempre fuimos mediadores entre la empresa y los trabajadores y el trato fue de respeto... hasta que discutimos el salario”, azuzó Hikkilo. Disco pertenece desde 2004 al grupo alemán Paullman y es líder de la cadena de supermercados que operan en el país y ocupa el puesto 17 en el ranking de ventas de las 200 firmas de mayor facturación.

Por la reincorporación

El principal asesor de la Presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo, el abogado Héctor Recalde, calificó la actitud de las empresas como “discriminatoria” ya que la ley “les otorga el derecho a realizar actividad gremial” y exigió, en primer lugar, “la reinstalación de los compañeros despedidos y que luego se empiece a discutir la cuestión de fondo”.

Lozano indicó que la situación es “preocupante porque dos empresas poderosas no cumplen ni con la Constitución Nacional, ni con las disposiciones preexistentes, ni con los tratados internacionales”. Pidió también “la inmediata reincorporación de los trabajadores y que las empresas reflexionen y lo resuelvan rápidamente”.

Para Ubaldini “el representante de Disco se lleva la inquietud de que debe reincorporar y el de Molinos deberá atenerse a las consecuencias por no haber asistido a esta Comisión y negar la situación del compañero”. A esta manifestación se sumó el diputado y uno de los dirigentes histórico de la UOM Villa Constitución, Alberto Piccinini, porque la actitud empresarial “rompe con las reglas de convivencia”, y afirmó que “las superexplotaciones de las grandes empresas, con estas agachadas de despedir a compañeros, quieren llevarnos a un país que retrocede, a un sistema de esclavitud. Pretendemos la incorporación inmediata y que se avengan a una mesa de negociación: lo digo porque hoy soy diputado, pero fui obrero metalúrgico y dirigente sindical. Piensen qué pasa con los trabajadores, qué pasa con su supervivencia. Acuérdense de la gente y respeten sus derechos”.

Asimismo, Isabel Artola (Frente Popular Bonaerense) opinó que “los grupos empresarios se acostumbraron a actuar con displicencia y contratos basura, pero a partir del 2001 las cosas cambiaron en nuestro país y los empresarios deben cambiar también”. Y exigió: “Una gestión rápida con el Ministro porque no se pueden esperar los tiempos de la política, porque los trabajadores deben llevar el sustento diario a su familia”. Coincidió Rodolfo Roquel (PJ-Formosa) que demandó “una gestión directa del Presidente de la Comisión con el ministro Tomada”.

Saldo positivo

De esta manera calificaron los integrantes de la CTA que asistieron hoy a la Comisión de Legislación del Trabajo a las resoluciones que se tomaron. Para Hikkilo fue “positiva la intervención de la Comisión y los diputados porque creemos que va a tratar de intervenir para solucionar la reincorporación. Lamentamos la falta de respuestas de parte del Ministerio de Trabajo y que tiene que ser otro Poder del Estado quien tenga que interpelarlo o citarlo para que dé respuesta a su gestión. Encontramos una Comisión dispuesta a trabajar, que se interiorizó por el tema de los repositores, por los despidos y, sobre todo, quedó en el tapete el despido discriminatorio y la falta de libertad sindical en la Argentina”.

Por su parte Fernández se lamentó que una de las partes, Molinos Río de la Plata, “no haya tenido el valor de venir a la charla. No reconocen mi despido, que yo haya trabajado durante 7 años. Parece que tuvieron un empleado fantasma y no vienen a hacerse cargo de ese fantasma. Es muy loable la actitud de los diputados integrantes de las Comisión, en una posición no especulativa, y completamente decididos a defender la democracia y la libertad sindical”.


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