La iniciativa forma parte de la respuesta inmediata que el gobernador Jorge Capitanich les dio a los dirigentes de la CTA en una reunión que mantuvieron recientemente. Así lo señaló el secretario general, Hugo Rodríguez, al término del encuentro. “Vinimos a plantearle la situación al Gobernador y nos vamos con una respuesta concreta de comenzar a trabajar mañana mismo”, expresó.

La consigna del primer mandatario es que el equipo conformado realice un diagnóstico de la situación real, la resolución de la problemática urgente y el diseño de políticas públicas que garanticen la permanencia y el desarrollo de este tipo de economía, fundamental en toda época de crisis.

Al día siguiente, un equipo de funcionarios del gobierno provincial recibió este jueves a integrantes de cooperativas y empresas recuperadas para avanzar en la elaboración de estrategias y un modelo de fortalecimiento para el sector. Del encuentro participaron también directivos de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA).

El encuentro de este jueves se desarrolló en el Salón Verde del Ministerio de Economía y estuvo liderado por el secretario de Planificación y Evaluación de Resultados Raúl Codutti y los subsecretarios Sebastián Agostini (Programación Económica y Empleo) y Hugo Martina (Planificación Estratégica).

"La reunión fue muy productiva y se pudo comenzar a definir estrategias y acciones para el fortalecimiento de las cooperativas de la provincia. Básicamente se trabajó con los lineamientos generales que marcó el gobernador el día anterior", señaló Agostini.

Participaron representantes de la Cooperativa Unidos (Frigorífico Resistencia), Cooperativa Inimbó, Cooperativa La Prensa, CTC Puerto Vilelas, Hilandería Villa Ángela, Cooperativa Pozo Yacaré de Tres Horquetas y la cooperativa de los trabajadores de UCAL.

Estas organizaciones son generadoras de más de 300 puestos de trabajo genuinos. Por eso, en lo que fue una demanda conjunta, pidieron que sean incluidas en los beneficios que el Estado otorga a las empresas de gestión privada.

Las demandas de cada una de estas entidades fueron planteadas a Raúl Codutti, secretario de Planificación; Sebastián Agostini, subsecretario de Programación Económica y Empleo; Hugo Martina, subsecretario de Planificación y Acción Estratégica de la Provincia; y Hugo Atanasoff, subsecretario de Industria y Comercio.

Las demandas

Cooperativa Unidos: Pese a la crisis cárnica que afecta al país, Luis Sotelo, del Frigorífico Resistencia planteó que están trabajando bien, al tope de la capacidad. La preocupación es que cuando la explotación, actualmente a cargo de la sindicatura, pase a la cooperativa, requerirán refacciones en la planta para poder obtener los permisos sanitarios.

CTC Puerto Vilelas: Este frigorífico recuperado funciona desde hace 12 años y sus demandas tuvieron que ver con la deuda contraída para comprar la planta, además de las moratorias impositivas nacionales, provinciales y municipales. También pidieron asistencia para poder incorporar 50 trabajadores a los 120 que ya forman parte de la organización.

Cooperativa La Prensa: La organización editora de elDIARIO de la Región, demandó asistencia técnica para todas las organizaciones en lo que tiene ver con la comercialización de los productos. También solicitó la efectivización de la Ley de Expropiación de bienes muebles e inmateriales, sancionada y promulgada en 2005.

Cooperativa Inimbó:La textil planteó la necesidad de comprar el edificio en el cual funciona, proponiendo un sistema de pago al Estado, propietario del inmueble. Además, Ramón Ayala recordó que se dejó sin efecto el artículo de la Ley 4787 que permite la compra directa por parte del Estado de los productos fabricados por Cooperativas.

Textil Villa Ángela: Luis Banegas explicó que, luego de la expropiación de la planta, aún no pueden comenzar a producir. Para ello, necesitan 50 toneladas de algodón, que le permitirían no sólo trabajar, sino generar vínculos con otras empresas, como Inimbó. También están trabajando en mercados a nivel nacional.

UCAL: Víctor Puchatt manifestó la preocupación de los trabajadores, que están suspendidos en la planta, esperando la definición a favor de la cooperativa que conformaron, sobre los salarios que debe abonarles la empresa. Explicó que el salario mínimo era de $ 1.200 y que ahora deben cobrar noviembre, diciembre, aguinaldo y vacaciones. El problema es que UCAL recibirá tres aportes de $ 60 mil y no alcanzan para pagarles a los 70 trabajadores.

Cooperativa Pozo Yacaré: Esta organización de servicios para productores rurales, que contiene a 54 familias, manifestó la necesidad de becas de trabajo, para poder sostenerse hasta la siembra de las hortalizas y contener así a los productores, acostumbrados a producir leña y carbón, que no tienen tiempo de espera. También solicitaron 10 rollos de mediasombra, 5 rollos de alambre, semillas orgánicas y herramientas de labranza, además de combustible para poder asistir a las familias, que están alejadas unas de otras.

Cada una de estas demandas será estudiada por los funcionarios provinciales, que en dos semanas volverán a sentarse con las organizaciones para presentar sus propuestas de solución. Así, se dio el primer paso hacia la definición de políticas públicas para el sector de la economía social.