Al menos hasta que la sentencia quede firme la condena se cumplirá en una cárcel común en la U 5 de General Roca,

El Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó en fallo unánime a los ocho ex militares acusados de secuestros, torturas y la desaparición forzada de Oscar Ragni en el centro clandestino "La Escuelita" durante la última dictadura militar.

El día 18 de diciembre por la tarde, en forma sorpresiva, ya que se esperaba el fallo para después de la feria judicial, en un intento de que la gente no concurra a los frentes del tribunal, los jueces dieron a conocer las sentencias, las que fueron en forma unánime.

El día 20 de febrero de 2.009 se darán a conocer los fundamentos del fallo mientras otros 39 casos están en proceso de ser elevados a juicio tras la reciente confirmación de 28 procesamientos el 5 de diciembre pasado.

El tribunal condenó por "delitos de lesa humanidad" y los acusó a todos de ser autores y partícipes de una asociación ilícita, en tanto a siete de los ochos procesados los sentenció por los 17 casos de secuestros y torturas agravadas por la duración de la privación ilegal de la libertad y la condición de perseguidos políticos de las víctimas bajo tormentos.

El mayor castigo, de 25 años de prisión, recayó sobre el ex general de Brigada Enrique Braulio Olea, responsable de la jefatura del Batallón de Ingenieros de Montaña 181 y los coroneles Oscar Lorenzo Reinhold, quien se desempeñaba como jefe del Comando de Brigada de la Subzona 52 y Mario Alberto Gómez Arenas, jefe del Destacamento Inteligencia

El suboficial Francisco Julio Oviedo fue condenado por un solo caso (el secuestro ilegal de Edgardo Kristensen) y no le endilgaron los tormentos sufridos por el denunciante, aunque sí responsabilizaron al resto de los imputados por las torturas que sufrió el productor cipoleño en el centro clandestino.

El jefe de Personal del Comando, Luis Alberto Farías Barrera fue condenado a 22 años; los militares de inteligencia acusados de ser los interrogadores en el centro clandestino, Sergio Adolfo San Martín y Jorge Molina Ezcurra recibieron 21 años de condena, y el médico acusado de supervisar la tortura, Hilarión Sosa, fue sentenciado a 20 años.