Una vez más el pueblo argentino debe soportar un agravio y estoicamente mira cómo los jueces involucrados con la dictadura militar, alegando por falta de sentencia la violación del Pacto de San José de Costa Rica, disponen la libertad de quienes, en su momento, detuvieron, torturaron, vejaron, violaron y mataron a miles de argentinos para imponer un modelo económico que hoy ha generado mas de tres millones de hambrientos.

Es inadmisible apelar a la inobservancia de dicho Pacto porque fue la propia Justicia la que no dictó sentencia pese a la existencia de pruebas contundentes.

En vez de ordenar la libertad, en realidad correspondía sancionar a aquellos jueces que, cómplices del genocidio, miran para otro lado y no cumplen sus funciones.

Es menester que el Consejo de la Magistratura , tal como lo están haciendo legisladores nacionales, deje también de lado su conocida morosidad e impulse iniciativas de remoción que servirán de ejemplo para aquellos que dentro de la magistratura miran simpáticamente estos pronunciamientos que echan un manto de olvido sobre la noche más negra que padeció el pueblo durante los años 1976 a 1983 convalidando la sangrienta represión que padecimos.

Hay que recordar que felizmente la Cámara de Apelaciones de Neuquén, en sintonía con el reclamo de la mayoría absoluta del pueblo, condenó ayer a más de diez represores a penas superiores a los veinte años de prisión por genocidio, desaparición de personas, y otras violaciones a los derechos humanos.

Dejo asentada mi más absoluta reacción de repugnancia que nos causa la actitud de los jueces que dejaron en libertad a Astiz, Acosta y otros genocidas, y en esa dirección pedimos su correspondiente sanción y separación de sus cargos por ser cómplices de la desaparición de más de 30.000 argentinos.