El pescado se pudre en el mar argentino. La crisis internacional agudizó la debacle de la actividad pesquera en todo el país, que hasta ahora causó casi tres mil despidos en Mar del Plata, Chubut y Santa Cruz, y la parálisis de la mayoría de las empresas del sector. Significa que uno de cada cinco pescadores se quedó sin trabajo.

También crecieron en los últimos meses las protestas, movilizaciones y campamentos de trabajadores. En uno de ellos, un operario murió de frío. En ese contexto, la presidenta Cristina Fernández otorgó un subsidio por 80 millones de dólares a cambio de mantener el empleo, pero lo orientó a empresas cuyo personal está en negro o inscripto como socio de cooperativas, lo que constituye un fraude laboral.

El subsecretario de Pesca, Norberto Yauhar, reconoció que en Mar del Plata se perdieron 1.700 puestos de trabajo, a los que deben sumarse 800 empleos directos en Chubut y otros 300 en Caleta Olivia. El funcionario, que asumió su cargo hace menos de un mes, admitió que el sector pesquero se maneja con un alto grado de marginalidad “por lo menos desde hace 40 años” y estimó en 50% el nivel de informalidad. Los sindicatos del sector elevan el trabajo en negro a 60 por ciento.

La caída del precio del pescado a nivel internacional agravó la situación. La tonelada de merluza vale 2.200 dólares, contra 3.200 de hace un par de meses.

El epicentro de la crisis es Mar del Plata, donde tres de las empresas más reconocidas entraron en los últimos días en convocatoria de acreedores. Se trata de Barillari, que dejó sin trabajo a 278 operarios cooperativizados; Pesquera Tres Marías, que cesanteó a 60 socios de cooperativas, y San Diego, que esta semana bajó las persianas con 63 empleados efectivos.

Yauhar explicó que, además de la crisis en las grandes empresas, cayó la actividad para los pequeños frigoríficos y galpones donde se procesa el pescado al margen de las normativas laborales.

La situación es similar en Caleta Olivia, donde el funcionario estimó que 300 personas perdieron sus empleos. Los sindicatos elevan ese número a 600 cooperativizados a la fuerza.

Tanto en el puerto marplatense como en el santacruceño, la modalidad más usual en la pesca son las cooperativas de trabajo. Las empresas apenas cuentan con personal en relación de dependencia, y las tareas de fileteado del pescado, envasado y estiba son tercerizadas en cooperativas. En el Ministerio de Trabajo explicaron que se trata de casos de fraude laboral por encubrir la relación de dependencia con la firma principal.

Mientras que en Chubut, donde esa tendencia se revirtió en 2005 por una protesta que duró tres meses, se calcula que hubo más de 800 despidos en las últimas semanas.

La compañía Barillari es responsable de, al menos, la mitad de los despidos en la actividad. A mediados de noviembre entró en concurso de acreedores y cesó sus operaciones con las tres cooperativas con las que trabajaba en Mar del Plata, que en total empleaban a 278 personas. Desde entonces, el personal montó un campamento en la puerta de la fábrica de fileteado. El conflicto se extendió a 53 camioneros que todavía no cobraron los salarios de noviembre y que esta semana bloquearon por 48 horas la actividad portuaria por una protesta.

Yauhar ordenó días atrás la interdicción completa de la flota de Barillari, la suspensión de sus permisos de pesca y el regreso a puerto de todos sus buques. El funcionario prevé reasignar los cupos de pesca a otras tres empresas que manifestaron interés en absorber al personal despedido.

A principios de diciembre, Cristina Fernández anunció la asignación de 80 millones de dólares para la prefinanciación de exportaciones de las empresas del sector, que deberán comprometerse a no realizar despidos.

“La Presidenta les va a otorgar los subsidios a los mismos empresarios que hace 20 años mantienen al personal en negro y evaden. El anuncio fue una inmoralidad”, se quejó Julio Hikkilo, abogado de la CTA de Mar del Plata y asesor de los cesanteados de Barillari. El letrado calculó que en la ciudad “funcionan más de 200 cooperativas creadas por los 11 empresarios que se reparten la actividad”, que en total “le deben al Estado 40 millones de pesos en multas por trabajo en negro y otros 60 millones por evasión”. Hikkilo recordó que en una protesta de los trabajadores de la firma Taturiello, en septiembre, “el operario Héctor Mansilla murió de frío por un paro cardíaco”.

El empresario Darío Sócrate, representante de las empresas fresqueras, atribuyó la debacle del sector “a la disminución del recurso, que el Gobierno no ataca, y a la crisis externa”. Cuando este diario lo consultó sobre los despidos, se cortó la comunicación y no pudo volver a contactarlo durante los tres días siguientes.

Auxilio para los trabajadores

El subsecretario de Pesca, Norberto Yauhar, explicó que el Estado puso a disposición un millón de pesos en subsidios “para cubrir la problemática laboral de las empresas”. Además de la prefinanciación de exportaciones anunciada por Cristina, el funcionario dijo que se trabaja “sobre una devolución automática de la tasa de combustible que se les cobra a los barcos”.

Otra medida consiste en “reacomodar el excedente que hubo en los cupos de pesca entre las empresas que lo necesiten”. Y se buscará facilitar que las empresas locales puedan retener el pescado hasta tanto se recomponga el mercado internacional, para lo cual se estiman no menos de 90 días. “Todas las acciones apuntan a sostener la fuente de trabajo. No voy a permitir que reciban subsidios los que despidan”, prometió Yauhar.

Fuente: Mariano Martín, Diario Crítica de la Argentina