“La elección es mía y me reservo los motivos. Elijo como yo quiero”. De una jueza del trabajo al justificar la violación de la carrera judicial en su Tribunal.

La defensa de la carrera judicial constituye un valor central para los trabajadores de la Justicia. Esto es así por diferentes razones. Porque garantiza el respeto a la historia y trayectoria de cada trabajador (es decir, a su esfuerzo y actividad). Porque jerarquiza la labor en juzgados y oficinas. Porque es donde se expresa, de manera descarnada, el poder discrecional que ejercen buena parte de los jueces y fiscales generales con el aval de sus superiores.

Las transformaciones que sufrió el Poder Judicial en la última década no hicieron más que acentuar este debate. La estructura de las plantas se modificó en buena parte de los fueros, la composición de las oficinas se tornó mucho más volátil y la lógica de la macdonalización se extendió a la par del sálvese quien pueda de los noventa: ascensos vertiginosos sin importar cómo ni quien queda en el camino.

Servicio personal

Los crecientes niveles de profesionalización entre los ingresantes al Poder Judicial también aportan un elemento importante, alentando una cultura que valora más el titulo universitario que el conocimiento adquirido/producido en la práctica cotidiana. Basados en esta falsa dicotomía (conocimiento adquirido en la facultad versus saber adquirido en los lugares de trabajo), las autoridades judiciales convalidan la arbitrariedad.

Que los jueces y titulares de oficina seleccionen y promuevan al grupo de trabajo a su cargo sin que medien criterios objetivos ni se preserven derechos tiene consecuencias sobre sus colaboradores, pero también sobre el propio servicio de justicia. Con el criterio unilateral hoy vigente, carente de transparencia y participación de los propios implicados, la labor judicial tiene más que ver con prestar un servicio personal al juez que a un Poder del Estado en el marco del Estado de Derecho.

Cuando los jueces denostan el criterio de antigüedad para promover a quien más se ajusta a sus necesidades (por lo general quien menos se compromete con sus derechos y los del conjunto, aceptando flexibilizar sus condiciones laborales y renunciar a sus derechos sindicales) no hacen más que exponer la hipocresía y mediocridad que caracteriza a un segmento importante de la magistratura.

Es por lo menos llamativo que quienes sostienen que el "criterio de antigüedad" es anacrónico e injusto lo reemplacen por el dedo del juez. A no ser que conciban a este como a un ser infalible, inspirado por algún poder divino o sobrenatural y cuyos actos no pueden ser revisados. El sistema de promociones solo puede mejorarse con más democracia.

Discusión

La antigüedad junto a la idoneidad necesaria para el cargo es el único criterio objetivo que hoy existe para definir las promociones. Convalidar la falta de transparencia y la discrecionalidad del juez es un claro retroceso, cuyo efecto disciplinador nadie puede obviar. Aunque se lo disfrace de "eficiente", solo promueve la impunidad.

El sistema de promociones puede mejorarse. Un camino alternativo es implementar concursos por oficina, donde se valoren la antigüedad y la idoneidad, y se garantice la transparencia e imparcialidad en la compulsa a través de la participación gremial. Como complemento debe existir una política seria de capacitación y formación para todos los trabajadores judiciales.

Todo esto expresado en un convenio colectivo de trabajo que reconozca a los trabajadores judiciales como sujetos de derecho y coloque a la Justicia bonaerense, de una vez por todas, en los umbrales de la democracia. Pasaron 25 años. Que no pasen otros tantos.