La defensa corporativa que provocó el despido del periodista porteño Nelson Castro de Radio del Plata alcanzó importantes niveles de hipocresía porque el hecho claramente se enmarca dentro de las generales de la ley que impunemente ejercen los grandes monopolios de los medios de comunicación.

Está bien repudiar el despido de Castro porque se trata de un ataque a la libertad de expresión por parte de una empresa como Electroingenería, de dudosa reputación y con fuertes vínculos con el kirchnerismo, y que hizo pingües negocios cuando en la provincia de Córdoba reinaba José Manuel de la Sota, pero es obvio que el muerto no se puede asustar del degollado.

La nota que habría causado un “profundo desagrado” y que provocó que los directivos de la firma cordobesa el 2 de febrero pasado decidieran unilateralmente la rescisión del contrato del periodista, que finalizaba en diciembre de este año, fue un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en la que se hablaba de sobreprecios en el costo de las obras de tendidos de redes eléctricas en el sur del país y la empresa aludida en este caso era precisamente, Electroingeniería.

Hasta aquí claro está que la "víctima" es Nelson Castro y el "victimario" Electroingeniería, pero poniendo blanco sobre negro, no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características y lamentablemente no será el último, más en un año electoral como lo es el 2009.

Nelson Castro no tiene más aire en Radio del Plata con "Puntos de vista", pero si pantalla con su programa “Juego limpio" por el canal “Todo Noticias” perteneciente al Grupo Clarín, que participa en forma directa en los agronegocios, y cuenta en su directorio con poderosos terratenientes y empresarios del sector agropecuario y, por si esto fuera poco, también escribe una columna de opinión en el diario La Nación.

En ese contexto planteado por el despido de Castro, se volvieron a escuchar las voces camaleónicas de siempre. La Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA), que se “preocupó por los solapados avances sobre la libertad de expresión”; la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se “inquietó por el cese del contrato del periodista Nelson Castro” y el Foro de Periodismo de Argentina (FOPEA), que se “preocupó” y además se “solidarizó” con Castro.

Sin embargo, estas entidades que suelen enmascarar en la supuesta reivindicación de la libertad de prensa a la libertad de empresa y el monopolio informativo, no se “preocuparon”, ni se “inquietaron” y ni se “solidarizaron”, cuando en el momento más crítico del conflicto agropecuario, La Voz del Interior (Grupo Clarin) rechazó un artículo sobre el tema (La sedición del “campo”) a su columnista y editorialista Enrique Lacolla y, posteriormente, al tomar estado público el tema, lo “desafectó” de la Redacción perpetrando un doble acto de censura e intolerancia.

En esa ocasión, el mensaje fue muy claro: no hay lugar para el disenso ideológico en los grandes medios de comunicación. Y menos en momentos en que en un conflicto se dirimen intereses propios o de sus aliados.

Entonces, la pregunta es: ¿qué diferencia hay entre la “desafectación” de Enrique Lacolla y el “despido” de Nelson Castro?. Ninguna, porque todo pasa por un perverso juego de intereses de los poderosos que le ponen precio a la cabeza de quienes se atreven a "boicotear" sus negocios.