Los manifestantes procedentes de capital y diversas ciudades y pueblos del interior cordobés se reunieron desde las 10 de la mañana en la Plaza San Martín. Allí realizaron notas con los medios de comunicación locales, juntaron firmas, repartieron volantes a los transeúntes y luego marcharon hasta la Unicameral. Realizaron un escrache frente a la secretaría de Agricultura de la provincia y se movilizaron hasta Tribunales I.

Pasadas las 15.00, Sofía Gatica (Madres de Barrio Ituzaingó Anexo),
Pablo Rivero (Semillas del Sur, Villa Parque Los Reartes), Juan Palacio (Monte Cristo), Susana Dreincovich (San Marcos Sud) y Omar Toledo (Cañada de Luque), se ubicaron de izquierda a derecha, frente al escritorio del Fiscal dispuestos a ser escuchados. También se encontraba en el recinto el subdirector de Policía Judicial Marcelo Bastías.

Cada uno fue presentando la problemática de manera sucinta. De fondo se escuchaba una melodía que comenzó a inquietar a los vecinos. Fue ahí que Sofía Gatica interpeló al funcionario:

 ¿Nos va a escuchar o nosotros o va a escuchar música?

–Si les molesta, le bajo el volumen -dijo Vezzaro-

Respondieron al unísono que sí. De inmediato cesó la sinfonía que aunque bella -el Himno a la Alegría- impedía la comunicación. Ahí empezó la reunión que se prolongó por más de una hora.

“En primer lugar comparto ideológicamente el tema de la no contaminación”, expresó Vezzaro. Y agregó que “está fuera de discusión el tema de las fumigaciones”.

Luego explicó que como Fiscal General no se ocupa de causas particulares y les les pido colaboración. "Traigan las denuncias y la presentaciones realizadas y empezamos a trabajar con los fiscales de cada zona para que resuelvan”, indicó. En esa línea explicó que su incumbencia para actuar se ciñe a los delitos y no a la prevención. Por lo tanto puede resolver con la represión según lo tipificado en el Código Penal.

Esta aclaración produjo en los vecinos cierta desazón porque concurrieron con la esperanza de encontrar una solución de fondo. El Fiscal se encargó de advertirles que el problema “es muy complejo y que en ningún país se resuelven los conflictos con el derecho penal. (…) La cuestión ambiental, dentro de lo que es la actividad judicial es un problema nuevo”, teorizó. Luego avanzó en una propuesta concreta y recibió las carpetas con documentación relevada por las organizaciones.

Gatica explicó la situación de barrio Ituzaingó, que alcanzara amplia repercusión pública por la decisión del fiscal Carlos Matheu de prohibir las fumigaciones, y de la resolución presidencial acerca de conformar una comisión que analice la situación del barrio afectado. Enumeró las presentaciones judiciales y administrativas realizadas ante organismos del Estado sobre los de casos de enfermedades de cáncer, afecciones respiratorias, y malformaciones, que denuncian desde 2001. “Todo sigue igual”, aseguró.

Pablo Riveros reveló que “nos están fumigando encima y los chicos se brotan. Hemos hecho presentaciones ante el fiscal de Río Tercero, y uno de los productores denunció a un vecino y lo allanaron buscando armas de fuego”. También expresó que recibieron amenazas de muerte por lo que temían por su seguridad.

Palacio, le comentó la situación de Monte Cristo afectada por “un cóctel de contaminantes” entre ellos la presencia de silos en la ciudad, las fumigaciones que prácticamente se realizan en el patio de su casa y la de los habitantes de Villa Inés.

El incumplimiento de leyes y ordenanzas y los intereses contrapuestos entre las demandas ciudadanas y los productores sojeros que en muchos casos son intendentes de los pueblos, son problemas comunes a varias ciudades. Por caso, el intendente de Monte Cristo es propietario de miles de hectáreas de campos sembrados con soja.

Gatica preguntó adónde debía dirigirse para exigir 2000 metros de exclusión para la realización de fumigaciones. A lo que el funcionario sugirió que una vía podría ser la mesa de intendentes. El subdirector de Policía Judicial argumentó que “el tema es novedoso para el derecho y que lleva años de discusión y debate su resolución”. Y aconsejó no dejar de lado la vía civil.

Susana Dreincovich le transmitió la dramática realidad de San Marcos Sud, lugar al que abandonó tras 28 años de residencia. Se considera una “exiliada interna” por las intimidaciones que sufren ella y su esposo médico que realizó un estudio de casos de cáncer. El relevamiento estadístico dio cuenta de que las muertes se producían por Paro Cardio Respiratorio, sin consignar las causas.

Toledo, por su parte, le hizo saber la realidad que lo llevó asumir un compromiso con la lucha en defensa de la salud en Cañada de Luque. Personalmente sufrió la muerte de dos hermanos y de su padre por las fumigaciones. “El estacionamiento de mosquitos en las calles, el traslado de líquidos, el avión a menos de 600 metros y las amenazas de muerte son frecuentes”, afirmó. A ello se suma la maquinaria burocrática que impide realizar constataciones de violaciones a la ley. Demás, en su sangre se constató la presencia de tres agrotóxicos.

No es una lucha fácil

“Quiero traerles tranquilidad. Esto puede llevar muchos años, porque diez años en la historia, no es nada. Y no por la decisión mágica de un fiscal se va a solucionar el problema. Es un tema complejo. Me interesa discutir qué conductas son delictivas y cuales no. Porque el derecho penal se expide ante los delitos”. En ese sentido, les pidió que le hicieran llegar las denuncias puntuales y “la policía judicial tendrá que hacer los análisis para relacionar la causalidad con los efectos”, aseguró el Fiscal.

En esa línea consideró que “desde el punto de vista práctico, me alcanza para configurar un delito que haya alguien afectado con un problema de salud. Para el derecho penal, no es la utilización de determinados agroquímicos sino que esos agroquímicos puedan causar un problema de salud”, se explayó.

En relación a la problemática planteada sobre los certificados de defunción cuyo diagnóstico es Paro Cardio Respiratorio sin detallar las causas de muerte, sostuvo que “todo el mundo se muere por PCR pero lo importante es determinar las causas y para eso están las autopsias”.

Tras valorar que la Ley provincial de Minería fue de corte preventivo, sostuvo que “no es una lucha fácil la de ustedes. Y se lo planteo crudamente, la gente en general, no lo ve. Ustedes lo viven, por eso lo saben”.

Vezzaro les aseguró que se va a ocupar seriamente del tema. Pero que no les puede asegurar que desde el derecho penal se vaya a erradicar la contaminación porque solo atiende a la comisión de un delito y no a la prevención. “Es un tema complejo, pero es un instrumento más. Nuestro granito de arena lo podemos aportar”. Finalmente opinó que “el cambio vendrá con otros factores como la educación, incluso se habló de crear una fiscalía ambiental”.

Gatica lo apuró con una fecha concreta de reunión, recordando viejas experiencias. “No quiero que me pase como con el ministro Chuit, que después no me recibió”. El Fiscal recogió el guante y la desafió “el lunes la llamo, y si no es así, les dice a los demás. El lunes nos juntamos seguro”, dijo distendido al filo del cierre de la reunión.

En la Unicameral

Portando barbijos, marcharon hasta la legislatura provincial donde fueron atendidos por dos de los 70 miembros que la conforman. Los diputados Asbert y Rivero recibieron a 15 representantes de las organizaciones que los interpelaron como representantes del pueblo. Fueron entregadas carpetas con documentación sobre la problemática que los legisladores se comprometieron a estudiar y acercar a las comisiones de salud y agricultura. Las firmas de 200 afectados de Leones, el informe sobre San Marcos Sud, y un trabajo realizado por el Grupo de Reflexión Rural, quedaron en manos de los diputados.

“Me parece que así como la justicia es el ámbito para hacer estos planteos, entendemos que la legislatura también es el medio adecuado y dejemos la personalización de la denuncia para que se transforme en una cuestión de Estado”, dijo Asbert. Agradeció el material al que consideró como un “insumo elemental”.

Los vecinos y vecinas fueron desgranando historias de dolor y muerte. Hubo relatos interrumpidos por el llanto que conmovieron a los que escuchaban.

“Muchas veces se hace oídos sordos, se encajona y se pierden (las denuncias) en los pasillos. Tantas muertes, tanta desesperación hace que como pueblo vengamos a pedir que nuestros representantes actúen, porque nos están matando”, expresó Corina Barboza, del Grupo de Madres de Ituzaingó.

La mayoría denunció que se fumiga a escasos metros de las viviendas y advirtieron sobre la contaminación del agua. Solicitaron que se formalice una reunión con todos los jefes comunales, el gobernador y los legisladores a discutir el tema y darle una solución.

También plantearon que se dicten nuevas leyes ambientales. Asbert respondió que “de nada vale que modifiquemos legislaciones provinciales si el Senasa lo permite. Eso exige una toma de conciencia y una movilización de los sectores afectados. (…)Estamos ante poderosísimos intereses y las muestras son cada vez más aterradoras y Monsanto y todas ellas les interesa ganar más. No le sacamos la nalga a la jeringa”, aseguró.

Cecilia Carrizo, transmitió otras inquietudes del colectivo. Se refirió a las responsabilidades que les cabe como legisladores. “Nos parece grave que no hayan pedido informes al ministerio de Salud y a Epidemiología sobre los efectos de las intoxicaciones que están recibiendo médicos y que no figuran en las estadísticas”.

En el mismo sentido se expresó Spedale de la Coordinadora Córdoba en Defensa de la Vida y el Agua, quien denunció la contaminación del canal a cielo abierto, que se encuentra camino al dique Los Molinos que “es bañado diariamente por aviones, mosquitos y mochilas que arrojan miles de litros de agrotóxicos que no van al planta y van a la zona sur. Estamos hablando de más de 400 mil personas afectadas”, enfatizó.

Lo mismo ocurre –dijo- en el acueducto Villa María- San Francisco. “Una avioneta que se accidentó en la zona fue silenciado en Córdoba”, afirmó. Destacó que más allá de las trasnacionales “ustedes tienen responsabilidad directa”.

Todos participaron y relataron las experiencias de Oncativo, Marcos Juárez, Alta Gracia, Monte Cristo, Calamuchita, entre otras poblaciones. El denominador común es la contaminación, producto del modelo productivo existente.

Se recibieron numerosas adhesiones de organizaciones hermanas y la visita de Nilo Cayuqueo, de la comunidad mapuche de Los Toldos, que sufre los mismos pesares. “Queremos hacer una campaña de difusión para que la gente empiece a pensar y no a repetir lo que dicen las grandes corporaciones de medios de difusión que solo se ocupan de temas sexistas o chismes”, analizó.

Fuente: Prensared, la Agencia de Noticias del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA)