El viernes a última hora de la tarde, tras un nuevo corte de ruta al que sumaron el repudio por la detención del docente y sindicalista Rubén Ortiz, se reunieron en asamblea con la intendente Elba Auzmendi quien les transmitió la propuesta del gobierno provincial de enviar 200 bolsas de mercadería pero con la condición de que levantaran los cortes.

Los manifestantes rechazaron esa propuesta pero presentaron una alternativa de negociación "vamos a instalar una carpa desde el lunes a la mañana, aceptamos los bolsones de comida y suspendemos los cortes por lo menos hasta el jueves pero queremos que vengan funcionarios con poder de decisión a discutir con nosotros una solución integral al problema", se escuchó en la asamblea.

La intendente reconoció que la propuesta del gobierno provincial, de 200 bolsones de alimentos, sujeto al compromiso de no corte de la ruta es por lo menos insuficiente para atender la demanda del cobro del subsidio para la inter-zafra y la asistencia que plantean los tareferos desde hace más de 2 semanas.

Este domingo, delegados de los diferentes barrios que participan de la protesta se reunieron en Guatambú y acordaron cuatro puntos para retomar el reclamo en el comienzo de la tercera semana consecutiva de movilización.

En primer lugar convocan a trabajadores tareferos y desocupados, a partir de las 8.00 de este lunes a acompañar y participar de la instalación de la carpa "Por un trabajo digno" en la rotonda de acceso a Montecarlo; convocar a la ciudadanía en general a partir de las 17.00, de mismo lunes a una asamblea en la carpa para analizar los resultados de las negociaciones con las autoridades locales y provinciales que esperan se lleven a cabo a primeras horas de la mañana. En caso de que no se haya avanzado en la solución de las demandas volverán al plan de lucha implementado durante estas últimas semanas.

Los delegados acordaron además marchar hasta el Concejo Deliberante de la localidad para exigir la ordenanza que declara la emergencia alimentaria para el sector, instrumento que fuera comprometido por los concejales y acompañado por la propia intendente pero que hasta ahora no se ha puesto en discusión en el Concejo.

La semana pasada Auzmendi, en diálogo con medios de prensa, había reconocido que la declaración de la emergencia alimentaria le permitirá a su administración destinar de manera prioritaria partidas para atender la crisis alimentaria que admite están padeciendo los tareferos y sus familias por lo que cree necesaria la inmediata aprobación de la misma.

Al concejo deliberante exigirán además una resolución solicitando al Juez Federal Mario Hachiro Doi el desprocesamiento del dirigente Rubén Ortiz, detenido el jueves por la tarde y liberado el viernes.

El reclamo por la Escuela Nº 434

La semana pasada se sumaron a la protesta de los tareferos, los padres autoconvocados de la escuela 434, quienes exigen el cumplimiento del acta acuerdo firmado en septiembre del año pasado por la vicegobernadora Sandra Giménez que comprometía al Estado provincial a comenzar la construcción del nuevo establecimiento escolar a más tardar en los primeros días del mes de noviembre.

Hasta hoy no han comenzado las obras y ningún funcionario provincial pudo explicar los motivos. "Esta semana voy a intentar comunicarme de nuevo con el ministro de Educación de la provincia, si es necesario volveremos a ir a Posadas para reclamar", sostuvo la intendente en la asamblea del día viernes en la rotonda, propuesta que fue rechazada por los padres autoconvocados quienes creen que ya han agotado las instancias en la capital de la provincia y sólo resta ahora exigir el cumplimiento de lo acordado.

"No es la primera vez que firman una acta con nosotros y no cumplen, ya no tenemos nada que ir a hablar a Posadas, que vengan a discutir con nosotros acá en la carpa y que cumplan lo que nos prometieron", destacó uno de los padres quien además advirtió que analizan desmantelar la escuela para apurar el comienzo de las obras.

Fueron los mismos padres quienes compraron el terreno y construyeron el precario establecimiento, que según plantean ya no está en condiciones de seguridad ni salubridad para albergar a sus hijos.

"Si es necesario vamos a desmantelar esa escuela, que nosotros mismos armamos, porque nuestros hijos no pueden seguir en ese lugar, hay riesgo de todo tipo, problemas con el agua, las paredes, los techos, nuestros hijos tienen derecho a ir a una escuela digna", destacaron.

El año pasado, acompañados por la intendencia, completaron los trámites legales para la donación del terreno al Concejo General de Educación, requisito pedido por la vicegobernadora para el inicio de la obra "nosotros cumplimos, pero ellos no", lamentó Auzmendi ante los padres.