El dramático panorama es expuesto por un grupo de técnicos, científicos y organizaciones campesinas que apuntan a la Ley 9212, propiciada por la entonces Agencia Córdoba Ambiente: en el noroeste provincial, a partir de su aplicación, la proporción de territorio desmontado incrementó un 14 %.

Hace poco más de 4 años el gobierno de José Manuel de la Sota concebía la ley 9219 de desmonte selectivo que -según los argumentos esgrimidos por entonces- ayudaría a detener la tala indiscriminada de los bosques provinciales. Sin embargo, los resultados de la normativa parecen justificar las múltiples críticas que generaron por entonces, fundamentalmente que la normativa agravaría la situación porque daba vía libre a los grandes productores agropecuarios de la provincia para desmontar.

Para algunos especialistas lo que hizo en realidad esta ley -disfrazada de conservacionista- fue legalizar el desmonte: “la ley 9212, fue aprobada de la mano de las Sociedades Rurales de Córdoba”, señala la ingeniera agrónoma Alicia Barchuk, de la cátedra de Ecología Agrícola de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), quien agrega que “en la Llanura Occidental de la provincia existen bosques con distintos grados de degradación que apenas alcanzan una superficie de 786.000 has y representan sólo el 5 % del total provincial.

En la Llanura Oriental los bosques de quebracho colorado y quebracho blanco, están en extinción y lo que queda es un total de 231.400 has de vegetación degradada en un mar del área cultivada, es decir representan sólo un 1,4 % de la provincia. A esta realidad, hay que agregarle que ya se encuentra en vías de extinción el bosque serrano, empobrecido por los incendios de las sierras de los últimos años y que el algarrobal del Espinal está hace tiempo extinguido.

El Caldenal, único en el mundo, en Córdoba ocupaba un 20% del territorio provincial, mientras que hoy no supera el 0,3%.” Las cifras de este informe de Organizaciones No Gubernamentales, científicos y técnicos universitarios, encuentran respaldo en el último informe de la propia Secretaría de Ambiente de la provincia, la cual señala que en apenas un 6 % del territorio provincial, sobreviven bosques nativos".

Bosques Falsos

Barchuk le dijo a Prensared que lo más grave es que “la mayoría de los campos, son infractores de la ley provincial; las imágenes satelitales no mienten y por ellas sabemos que hay grandes agricultores que realizan desmontes clandestinos -afirma la investigadora y agrega que- la Secretaria de Ambiente tiene claro el grave estado en que está la provincia.”

Como muestra de lo que sucede, pobladores de Serrezuela cuentan que cuando los técnicos de Ambiente van a verificar si hay desmontes miran la periferia del campo y observan un bosque tupido y bien conservado, pero claro, dejan una franja ancha en los bordes de los lotes y en el interior del campo está todo desmontado: “aparentan monte donde no dejaron nada”, señalan los habitantes del norte cordobés.

Hace 100 años, sobre 16.500.000 de hectáreas había 70% de bosque y hoy sólo tenemos un 5 % de bosques en la provincia. Para el campesino el desmonte significa pérdida de vida, exclusión de sus tierras y de su capacidad productiva. Pérdidas de bosques significa, dejar de producir cabras, leña, agricultura, carbón, entre otros.

Pero también significa disfrutar de la sombra y de la fauna nativa en el lugar donde viven. “Hay gente que todos los días se ve obligada a pararse frente a una topadora que, a veces, le arrastra hasta la casa”, testimonia Barchuk.

Sojización

Para la investigadora universitaria la explicación de este acelerado deterioro ambiental está relacionado con la”sojización” que genera el avance de la frontera agropecuaria, “generando no sólo desertificación si no que también niega el acceso a los recursos naturales al resto de la sociedad en el mediano y largo plazo” y agrega que “no alcanza el dinero recaudado todos estos años para recuperar los recursos que se han perdido y cuando los empresarios sojeros agoten el suelo aquí se irán a otro lugar, a Bolivia, como lo están haciendo hoy y aquí sólo quedará pobreza y desertificación”, advierte la especialista.

Para Barchuk, “los beneficios no quedan en las regiones que explotan porque esta producción no genera empleo ya que si analizamos la superficie desmontada en el noroeste de Córdoba, en un territorio de 12000 has, por ejemplo, pueden vivir 500 familias pero solamente se emplean 0,08 personas para trabajar en toda esa superficie, por eso hay que mirar la incidencia social que esto tiene”.

La agrónoma opina que “la apetencia de los productores de soja genera expulsión de las personas: en Sebastián Elcano, por ejemplo, ha decrecido dramáticamente la cantidad de habitantes porque el crecimiento que plantean es sólo para un grupo reducido de población que capitaliza todos esos bienes naturales: no hay mayor equidad en el acceso a los recursos, a las tierras, al agua ni a la biodiversidad. Todavía no tomamos dimensión de la gravedad de lo que está pasando en el campo porque el común de la gente desconoce todo esto”, dispara Barchuk.

Fuente: Daniel Díaz Romero; Periodista; www.prensared.com.ar