Día a día vemos cómo fracasan los intentos de soluciones en los países centrales. Insisten en salvar el sistema financiero, con terribles consecuencias para los trabajadores (despidos, suspensiones, modificaciones en los sistemas de seguridad social y rebajas de salarios), y en la sociedad en general (desalojos, rebajas o eliminación de los seguros sociales, o directamente el hambre: en EE.UU. 31 millones de personas dependen de “cupones” que entrega el gobierno para comer).

Con esa lógica, se plantea también aquí desde las representaciones patronales como la única solución viable la rebaja salarial, o no aumentar salarios -que frente al proceso inflacionario es lo mismo-, o aumentarlos en un porcentaje inferior al de la inflación real -con idéntico resultado-.

Ante esto, es necesario precisar algunas cuestiones. En principio, hay que asumir que la gravedad de la crisis no admite soluciones parciales o tibias. De la crisis del ’29 Estados Unidos comenzó a salir, con enormes consecuencias sociales hasta entonces, en 1933.

Las discusiones en ese período eran similares a las actuales. Los ortodoxos y conservadores planteaban que la única salida era la rebaja salarial, en tanto así retornarían al sistema productivo los capitales fugados o inactivos; Keynes les respondía que sólo era posible afirmar eso pensando –erróneamente- que se mantendrían las mismas condiciones de mercado, pero que obviamente ante una rebaja general de salarios se reduciría el consumo y se retraería la demanda, modificando las condiciones que llevaban a sostener tal medida como una solución general. Más aún, ello precipitaría la quiebra de los capitalistas que bajaran los salarios para aumentar sus ganancias.

Al asumir en 1933 –casi cuatro años después de desatada la crisis- el Presidente norteamericano Franklin D. Roosvelt optó por una solución coincidente con la posición keynesiana, y decretó que el salario mínimo vital y móvil que debía pagarse en Estados Unidos era aquel que “no solamente permitan la subsistencia, sino que hagan posible una vida decente” de los trabajadores. Tajantemente agregó que “ningún comercio, cuya existencia dependa del pago de salarios menores que los suficientes para la vida a sus obreros, tiene derecho a continuar en este país”.

Parece mentira entonces que tan poco tiempo después, en términos históricos, se siga planteando que la solución a una crisis de esta magnitud pase por la rebaja de salarios.

Tales posiciones le dan la razón a Marx cuando decía que la historia se repite primero como tragedia y luego como comedia.

Lamentablemente de comedia sólo tiene el patético papel que desempeñan los empresarios y los ideólogos del sistema, ya que el saldo sobre los trabajadores es realmente trágico.

Por ello, al margen de las posiciones sindicales que con toda justicia plantean aumentos salariales reales de más de un 20 % o, como en nuestro caso, un 25 %, no sólo se trata de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino además que aumentar salarios se presenta como una salida a la crisis, entre otras medidas necesarias.

Lamentablemente los primeros conflictos locales se dieron en casos donde la eventual solución concreta nada tenía que ver con la situación general y el modo de enfrentar la crisis.

Así, el acuerdo entre la UOM y Paraná Metal, principalmente, o en alguna medida el de la UOCRA, la UOM y SIDERAR en San Nicolás, responden a una coyuntura puntual que de ninguna manera admiten generalizarse.

Paraná Metal, SIDERAR –o su ampliación- y las industrias en general podrán seguir existiendo sólo si se pone en práctica un plan general que eleve la demanda a través del consumo que genera el salario, y se direccione la producción con determinado sentido.

Por supuesto, ese salario no puede ser un salario de subsistencia, sino un salario realmente mínimo vital y móvil, tal como lo planteó Roosvelt, y como aún lo plantea nuestra Ley de Contrato de Trabajo: “Salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento” (art. 116).

Las jubilaciones mínimas debieran adecuarse a esta definición, y alcanzar además el 82 % del salario al que llegó en la actividad el trabajador antes de jubilarse. Todo ello acompañado de una política seria del gobierno de erradicación del trabajo en negro, que garantice la aplicación de los salarios convencionales a todos los trabajadores, tal como lo establece la legislación vigente.

Así, la instauración de un sistema de salarios mínimos vitales de acuerdo a esa definición, impulsará el consumo interno e inevitablemente demandará más producción, es decir, más trabajo. Ello podrá acercarnos al objetivo -por todos los gobiernos abandonado- del pleno empleo.

Claro, con una industria funcionando y pagando salarios justos y con pleno empleo, no es posible que el capital financiero siga siendo el ganador del sistema, más aún, prácticamente debería dejar de existir; incluso en los drásticos términos en que lo planteó Keynes al proponer de “la eutanasia del rentista”.

En 1933 Roosvelt además debió cerrar los bancos y colocó la tasa de interés en cero; en 1945 Perón, además de instaurar el salario mínimo vital y móvil, nacionalizó el Banco Central y los depósitos bancarios.
Los gobiernos del mundo no transitan ese camino. El nuestro tampoco.

Según un informe del Banco Central, en 2008 los bancos registraron las mayores ganancias de los últimos diez años. Como contrapartida, el gobierno no sólo no ha implementado una estrategia general para enfrentar la crisis y sus consecuencias sociales, sino que transita el camino inverso, lo que se demuestra, por ejemplo, a través del reciente y escasísimo aumento de las jubilaciones: si el aumento para los jubilados es del 11 %, y la inflación pasada fue del 20 % -y la de los alimentos fue del 30 %-, no hubo aumento real de los haberes, sino sólo nominal, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones o, lisa y llanamente, una reducción (¡el 70 % de los jubilados percibe la jubilación mínima de $ 770, aumento incluido!).

Si ni siquiera se mantiene el valor de éstas, es evidente que el gobierno no pretende aumentar la demanda y el consumo interno, por lo menos a través del salario de los trabajadores activos y pasivos.

Por eso, mientras se mantenga la irrisoria lógica de salir de la crisis con las mismas herramientas y actores que nos sumieron en ella, es de esperar que ésta se profundice, por lo menos hasta tanto no se asuma la necesidad de implementar un plan económico general en los términos aquí planteados.

Es por tanto un deber del movimiento obrero exigirlo, y advertir además que no se aceptará ninguna salida de la crisis que implique rebaja del salario real o aumentos de la jornada de trabajo.