Se contó con la presencia de los diputados Claudio Lozano, Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur; Lisandro Alfredo Viale, Partido Socialista; María América González, Carlos Raimundi y Eduardo Macaluse de Solidaridad e Igualdad; Pedro Bussetti, representante de DEUCO, organizaciones de usuarios y consumidores y Gabriel Martínez, de la Federación de Trabajadores de la República Argentina (FeTERA-CTA).

El Diputado Nacional e integrante de la Mesa Nacional de la CTA, Claudio Lozano, explicó que se trata de un “viejo proyecto que tiene toda una historia en la Cámara”, y a pesar de la importancia que ésta tiene para los ciudadanos de bajos ingresos económicos, no ha logrado captar la atención de los diputados oficialistas y por ende, a pesar de haber sido propuesta varios años atrás, la misma no ha podido ser tratada".

Esta Ley fue presentada en Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados de la Nación el 3 de marzo de 2009, en el contexto de un escenario político, económico que se ha modificado sustancialmente en la Argentina.

“Es un proyecto por el cual tanto organizaciones de trabajadores como de usuarios y consumidores vienen bregando hace tiempo, que es el tema de la implementación de una tarifa social para los servicios de carácter residencial vinculados a: luz, agua, gas, cloacas. Esta propuesta nace como resultado de dos cuestiones de carácter estructural", agregó Lozano.

poara el legislador, "la primera es el proceso de privatización de los servicios públicos, que transforma casualmente a los servicios públicos como un espacio de acumulación de renta y consecuentemente incorpora el tema del beneficio empresarial que no era parte de la discusión como un problema para fijación de precios de las tarifas de servicios públicos; y la otra el empobrecimiento de la sociedad argentina que significa que 14 millones de personas, estén en situación de pobreza y casi 6 millones de personas en situación de indigencia.”

Lozaño añadió que “hay un proyecto que en su momento fue presentado por (Carlos) Raimundi y otros diputados, para dejar sin efecto el tema del aumento de tarifas y, también, en función de una Audiencia Pública realizada en este Parlamento un proyecto de unidad de la organizaciones de usuarios y trabajadores, en una multisectorial que se ha formado en respuesta a los tarifazos, para que este proyecto pueda ser canalizado con el máximo apoyo parlamentario en el Congreso Nacional.”

Afirmó que “esto implica dejar sin efecto el aumento dado en los últimos tiempos y creemos que este proyecto se complementa con poner también en discusión el criterio de la tarifa social como un modo de hacerse cargo de la realidad concreta que vive una sociedad muy importante de la Argentina.”

La Energía y el lenguaje neoliberal

Inmediatamente después del diputado Lozano, tomó la palabra el representante de FeTERA, Gabriel Martínez, quién explicó que “este Proyecto trata de garantizar y universalizar el derecho a la luz, el agua, el gas y cloacas, a un precio justo para la vida cotidiana en el marco de la sociedad del Siglo XXI.”

A su juicio, “el proceso de privatizaciones creo conceptos y políticas nuevas. La energía pasó de ser una preocupación de Estado, un bien social, a una mercancía, en el lenguaje neoliberal. Por eso resulta tan obvio que para las empresas distribuidoras y para sectores políticos neoliberales que el que no tiene dinero, no tiene derecho a los servicios.”

Para Martínez, “los servicios públicos no solo tienen un desarrollo histórico en la Argentina que están asociados al esfuerzo popular para la construcción de infraestructura”, “tiene que ver con el desarrollo de la conceptualizad y la práctica política que asoció el ejercicio público al desarrollo del Estado; y al trabajo del Estado en función del crecimiento del confort social. La privatización rompe con esto y queremos recuperar este concepto a través de este proyecto de ley.”

Y agregó: “En la provincia de Buenos Aires, esta pelea la dimos y la ganamos en el año 2000, con la Ley 12.692 que solo abarca el derecho a la electricidad”, pero que establece el derecho a que todo bonaerense tenga derecho a disponer del servicio eléctrico en igual de condiciones, condiciones universales y a precio justo. Por eso la Tarifa Social está vigente, aunque tiene problemas de implementación, porque la empresa privada cree tener su derecho a cobrar el mayor valor de las tarifas e intenta permanentemente cortar servicios a aquellos que no lo pueden pagar.”

Afirmó que “en la crisis en la que vivimos hoy, el que no puede pagar no es porque no quiere pagar, es porque no tiene trabajo, porque no gana lo suficiente. “, por eso “esta ley quiere garantizar el derecho universal para el agua, el gas, la electricidad, las cloacas.”

Martínez finalizó diciendo que “queremos que en el plano legal se convierta en una ley y en el plano social en un Derecho que rompa con los conceptos del modelo neoliberal.”

Este proyecto debe ser tratado con urgencia

Por su parte, Pedro Bussetti, en representación de DEUCO, organización en Defensa del Usuario y Consumidor, dijo que "hoy tiene más sentido que nunca la creación de una Ley de Tarifa Social”. “Con estas medidas de incrementos desmedidos de tarifas que ha implementado el Gobierno Nacional, no solo se va a afectar a los sectores pobres e indigentes. Si no se revierte la medida se van a sumar sectores medios, donde la clase media baja no tenga posibilidad de pagar las tarifas”.

“El Ejecutivo con las negociaciones que tuvo con las distribuidoras eléctricas y de gas natural, en el 2005, acordó la implementación de la tarifa social, que iba a implementarse en este mes de marzo, lamentablemente no se puso en ejecución.”

Bussetti aseveró a continuación: “Pero si se aplicó el tarifazo que castiga a todos los usuarios, pero fundamentalmente a los usuarios más pobres que no tienen ni gas natural, ni agua corriente y además tiene que pagar estos incrementos de tarifas”.

Y añadió: “El Poder Ejecutivo planteaba lo de la tarifa social, planteaba que los usuarios iban a ser los aportantes a la tarifa social como lo son ahora del subsidio que se da a la producción de GLP, para que la garrafa cueste $16 pesos, pero que sigue costando más.”

Es importante destacar que “en esta ley que se plantea, se habla del aporte de las empresas y no de los usuarios, son diferencias sustanciales que tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos.”

“Este proyecto debe ser tratado con urgencia” afirmó Bussetti, “porque hoy, en la Argentina, hay gente que ya no puede pagar la factura, porque tiene condiciones de pobreza o de indigencia y otros sectores se van a incorporar a esta imposibilidad por el tarifazo que produjo el Gobierno Nacional, cuando dice permanentemente que su preocupación mayor es la distribución equitativa de la riqueza.”

“Creemos que estos tarifazos, no son precisamente parte de esa política y seguramente sería bueno que el Gobierno Nacional deshaga estas medidas y dispusiera la anulación de los tarifazos", dijo Bussetti.

Dio a conocer además que “EDENOR instaló dentro de distintas oficinas comerciales a la empresa “Credilogros” que es una empresa que facilita préstamos a todos aquellos que no pueden pagar sus facturas”.

Sería importante que como ciudadanos, consumidores y usuarios confirmemos “si está dentro del normativo legal que una eléctrica tenga dentro de sus oficinas comerciales una empresa dedicada a los créditos personales.”

Por otra parte, cabe consignar que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, le dijo no al Tarifazo. En sesión ordinaria del 2 de marzo, emitió una Resolución donde expresa su repudio a los incrementos de las tarifas eléctricas.

Se manifiesta a favor del no corte del servicio por falta de pago; la anulación del vencimiento de pago en la primera facturación de cada usuario donde se aplique el aumento de la tarifa y además invita a otros concejos deliberantes a sumarse a esta iniciativa, en beneficio de la ciudadanía.