Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA) consideran que la Corte ha tomado una medida muy importante con poco sustento argumental y nulo respaldo documental.

El secretario general del gremio, Hugo Blasco, alzó la voz luego del cónclave que mantuvieron días atrás con la Ministra de la Corte, Dra. Hilda Kogan, donde “nos dijeron que la decisión del cierre de la imprenta tiene una argumentación de tipo económico”.

“Queremos contar con la documentación pertinente –expresó el máximo dirigente de la provincia- con la información y documentación de todos los datos de tipo económico que demuestren que la imprenta tal cual como está es absolutamente inviable y ruinosa para la economía del Poder Judicial”.

A la vez, Blasco aseveró que “la AJB tiene consideraciones conceptuales como ser que el Estado no puede pretender dinero con la explotación de las propias cosas que hace para su propio funcionamiento, es como pretender que los hospitales y escuelas públicas ganen dinero. El Poder Judicial tampoco tiene que ganar dinero, como así tampoco la imprenta”.

Asimismo, el titular del gremio informó que “nos hablaron de descentralizar el trabajo y realizar la impresión de formularios y carátulas con la base tecnológica, a través de las computadoras, lo que nos parece una locura”.

La AJB pidió al presidente de la Corte la derogación de la Acordada –que estipula como plazo máximo para liquidar el área en diciembre de este año- dejando en suspenso los efectos de la misma con el objeto de “tomarnos el tiempo necesario para discutir la situación”.

Testimonios de los empleados

“No entendemos nada”

En el área en cuestión trabajaban 16 empleados, muchos ellos con una extensa carrera judicial, en algunos casos con más 30 años de servicio.

Roberto Albicoro, con 39 años en este lugar de trabajo, señaló que “me extrañó, nadie entendía nada cuando nos enteramos del cierre de la imprenta porque esto fue creciendo".

“No lo puedo creer –sigue el jefe del sector- que en reiteradas ocasiones envié notas pidiendo mejores condiciones de trabajo y más máquinas para trabajar mejor porque abastecemos a toda la provincias, y de buenas a primeras nos encontramos con esto. Es increíble”.

A su turno, Jorge Alvárez descree de los argumentos de la Corte, expresando que “no son reales porque somos 16 personas que estamos dentro del presupuesto del Poder Judicial trabajemos donde trabajemos. Si bien la Corte nos suministran todos los elementos, si llevás las cosas afuera te va a salir tres veces más caro”.

“Creemos que han asesorado muy mal a los ministros de la Corte porque los datos de costos que tienen, si los tienen, son erróneos. Jamás puede ser más económico realizar los trabajos en una imprenta particular”, dice Roberto con un alto grado de sentido común.

Una producción muy importante

En la imprenta se realizaban distintos trabajados como formularios tipo de uso oficial, las carátulas de un expediente, sobres, revistas, folletería, afiches, la memorias anuales, todos trabajos de altísima calidad gráfica que nutría a los 18 departamentos judiciales de la provincia.

La producción es muy importante, teniendo un promedio -en los últimos tres años- de 24 millones de piezas trabajadas anuales. “Si mandaran a hacer el trabajo de la imprenta afuera tendría que ser una empresa que abastezca solamente al Poder Judicial, lo que resulta imposible”, destaca Leonardo Rojas.

“Ninguna imprenta puede tener dos millones de pesos en cartulina como hay en los pasillos de la imprenta”, señala Roberto. Además de aseverar que “las máquinas y los elementos de trabajos que compra la Corte, como ser chapa de fotomecánica, cartulinas, papel, etc, se termina pagando solos porque son pedidos muy grandes con los que trabajamos dos años o más. Gastos que se amortizan con la producción de la imprenta. ¿Cuánta plata ahorró la Corte?. Por eso decimos que no han sido bien asesorados”.

“No sabemos cuáles son los parámetros presupuestarios para tomar esta determinación cuando la imprenta estaba en un crecimiento impresionante, y nunca existió una sola queja de algún departamento judicial por el trabajo que realizamos, ya sea de entregas o algún otro factor”, desafía Hugo Gárgano.

Más adelante expresaron que “si la hubiesen cerrado por insalubridad y por carecer de un espacio físico e imposible para la Corte poder comprar otro lugar para funcionar, estaría de acuerdo. Pero tercerizar la imprenta es algo que no me cierra y me va a cerrar jamás, por lo menos hasta que no vea los números que tiene la Corte”, asegura Jorge.

“Argumentan el gasto del flete –continúan los trabajadores- cuando nosotros carecemos de flete porque se hacen las entregas con el camión de la Corte”.

“Nosotros entregábamos un millón de hojas de “uso oficial” por semana, cuando las imprentas que están trabajando para el Ministerio Público está entregando la misma cantidad cada tres meses. Por eso no podemos aceptar lo que pretenden hacer con nuestro lugar de trabajo, asevera Hugo.

Más adelante demostraron con datos concretos porque echan por tierra la propuesta de la impresión a través de computadoras: “En primer lugar la mayoría de las dependencias carece de impresoras y, por ejemplo, para hacer diez mil hojas para un juzgado, entre carátulas y uso oficial, con un cartucho de tinta no alcanza, mientras que nosotros con nuestras máquinas existentes hacemos millones con un tarro de tinta de un kilo”, coincidieron.

¿A dónde van los trabajadores?

En este sentido defendieron la especificidad de su trabajo y la permanente capacitación que adquirieron por propia cuenta, lo que equivale a decir que la pagaron de sus propios bolsillos.

En tal sentido, Rojas dijo que “perderíamos todos los derechos laborales si somos trasladados a otra dependencia y muchos aspectos de la carrera judicial quedarían truncos después de muchos años de lucha”.

A la vez de expresar que “somos todos personal técnico y la Corte pretende que de ahora en más ocupemos un lugar administrativo echando por la borda todo nuestro conocimiento como gráficos”.

La Acordada

Estas son algunas de argumentaciones que despliega la resolución de la Corte en relación al perjuicio financiero que provoca la imprenta:

"Habiéndose efectuado una evaluación económica de la actividad de la imprenta, se desprende que el costo de producción es muy superior al precio promedio de adquisición obtenido de distintos proveedores del ramo”.

“Que además debe agregarse el costo de ´flete´ con incidencia muy significativa, dado que el ochenta por ciento de la producción de papel de uso oficial en las impresiones que generen los sistemas de gestión de los distintos organismos y dependencias”.