Un reclamo instado por sectores sociales acomodados, como son los casos de Susana Giménez y Marcelo Tinelli.

Lo que se pretende desde esos sectores es abrir el camino más directo para instaurar una vez más un aparato represivo que incluya la pena de muerte.

Tenemos una experiencia funesta en la historia Argentina: sangre de pobres y trabajadores, ha corrido por las calles para imponer un modelo capitalista de dominación que en la práctica viene ganando la batalla y a la cual nos enfrentamos una vez más con este inmenso caos que es la economía mundial.

Otra vez, los países centrales intentan descargar el pésimo manejo de los recursos económícos de la humanidad que explotan y gozan vergonzosamente, sobre nuestras espaldas. Entiendo, en consecuencia, que no debemos tener actitudes dubitativas: no a la pena de muerte es la bandera de los judiciales argentinos contra la posibilidad de que a través del terror nos impongan una vez más el silencio de los cementerios.

A propósito de ello, es imperioso que impulsemos un proyecto que derogue la Ley Antiterrorista sancionada por el Congreso Nacional a instancias del gobierno de los Estados Unidos porque este instrumento es un elemento que bien puede plasmar en realidad la petición de pena de muerte, soslayando la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica incluido en la Constitución Nacional.

En un país como el nuestro, donde las diferencias sociales se agrandan, siempre se apeló a la represión y a la muerte para sostener la desigualdad, por lo tanto, debemos desplegar una fuerte política de esclarecimiento contra la pena de muerte y en pos de la derogación de esta Ley Antiterrorista que puede hacer realidad un nuevo aparato represivo.

Hay que enfrentar al modelo económico que nos agobia y, por ello, exhorto a los judiciales a concurrir a los congresos provinciales y al Congreso Nacional de Delegados de la CTA y aprobar acciones en concordancia con el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria que se conmemora el 17 de abril.

La desnutrición infantil que produce en nuestro país más de 25 muertes de niños por causas evitables por día, plasma en realidad la pena de muerte que un sector social impulsa como una manera más de perpetuar la trágica desigualdad y la perpetuación de la represión.