La frondosa documentación había sido localizada en el Archivo de la Ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBBA) y le fue entregada al juez federal Humberto Blanco por una delegación de la Comisión integrada por Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Víctor Mendibil, Mauricio Tenembaun, Carlos Sánchez Viamonte, Elizabeth Rivas y Verónica Piccone.

“Queremos que la justicia avance. Si un juez quiere diferenciarse de los que hacen la plancha con estas causas, debe demostrarlo. Con las pruebas que nosotros le damos, un juez democrático como Blanco tiene una oportunidad enorme para citar a indagatoria ya”, afirmó el Fiscal Cañón en la conferencia de prensa que se ofreció posteriormente.

De acuerdo a los testimonios de sobrevivientes, La Cacha funcionó desde fines de 1976 y permaneció como lugar de detención y tortura hasta octubre 1978. Entre sus características distintivas puede señalarse la presencia de varias fuerzas de seguridad, ya que en el lugar convivían personal del Ejército, la Marina , el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Servicio Penitenciario Provincial.

En el informe aportado a la justicia se incluyen datos sobre uno de los grupos de tareas más activos en La Cacha : el encabezado por Julio Barroso e integrado por miembros del Servicio Penitenciario que queda así involucrado en actos de genocidio.

Cabe señalar que en la causa de La Cacha, abierta hace 4 años, no hay hasta el momento un solo indagado.

Adolfo Pérez Esquivel denunció que “hay demora en los juicios y se han dispersado las causas: es necesario replantear esto. Todos tenemos claro –agregó- que es imposible construir un proyecto democrático sobre la impunidad. Si hay voluntad política y decisión judicial se puede avanzar con los juicios. Ni la Corte , ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo pueden desentenderse de sus responsabilidades. Es en ese ámbito y a través de la cooperación de poderes, que deben buscarse los mecanismos para agilizar los juicios”.

Según la Comisión por la Memoria “hay actualmente 547 represores procesados. De ellos sólo 388 están detenidos y 47 permanecen prófugos. Desde la reapertura de las causas, se produjeron 44 condenas. Apenas cuatro juicios están previstos para el 2009. Pero la lentitud y fragmentación de los procesos sumados al accionar dilatorio y en muchos casos, a la afinidad ideológica de los magistrados con los represores, tienen ya una grave consecuencia: las excarcelaciones de criminales de lesa humanidad“.

Sobre este tema, Víctor Mendibil (cosecretario general de la Federación Judicial Argentina e integrante de la Mesa Nacional de la CTA) recordó que “aunque se frustraron las excarcelaciones de personajes siniestros como Astiz y Acosta, otras libertades se siguen produciendo silenciosamente. Para citar sólo un ejemplo que corresponde al circuito represivo de La Plata : todos los imputados por el Centro Clandestino de Arana fueron liberados. Es curioso que el beneficio que se les niega a los presos comunes imputados por delitos de menor envergadura, se les otorgue a los responsables de los más atroces crímenes contra la humanidad”.

Asimismo, la Comisión por la Memoria expresó al juez Blanco su preocupación por la parálisis de la investigación en la causa López, por la lentitud en los juicios por terrorismo de estado, y hubo expresas referencias al debate sobre la inseguridad en la provincia.

“Mas policía, mayor control social y menos libertades ciudadanas. Ese es el punto en el que estamos en la provincia de Buenos Aires. Ahí apunta Scioli. Es sumamente peligroso para la democracia” afirmó Adolfo Pérez Esquivel.