Con la impunidad que gozan varios genocidas integrantes de la dictadura del 76, se lo ha visto frecuentar oficinas judiciales y diversos lugares públicos al médico psiquiatra Ignacio López Proumen, funcionario del Poder Judicial de Neuquén, quien reconociera -ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén que condenó a integrantes del Ejército- haber "atendido" a una compañera detenida desaparecida, embarazada, en el centro clandestino de detención "La Escuelita".

Dentro de la estructura judicial tiene el amparo del sobischismo residual que resiste, por caso el vocal Eduardo Felipe Cia, quien trabajo como presidente subrogante en el mes de Enero/09, al solo y único efecto de prolongar la licencia por “enfermedad” ya concedida oportunamente a López Proumen desde el 1 de Enero al 17 de Abril del año en curso.

Pero para garantizarle a López Proumen tranquilidad y que siga cobrando su sueldo sin trabajar, Cia le fijó que el día Viernes 17 de Abril, en horas de la mañana, sea atendido por el médico psiquiatra Alberto Felipe Carlini Carranza, un subordinado de López Proumen; ambos premiados con ascensos dentro del proceso de colonización sobischista del poder judicial neuquino. Esta licencia es a medida de López Proumen, por cuanto no se encuentra contemplada dentro del régimen normado para los empleados del poder judicial.

Desde el Sindicato de Emeplados Judiciales de Neuquén (SEJUN-CTA) se solicitó la sustanciación de un sumario administrativo para López Proumen y eventualmente su inmediata separación del Poder Judicial, debido a su vinculación con la dictadura genocida, como así este funcionario judicial protegido fue imputado y detenido por falso testimonio en el trámite judicial ante el Juzgado Federal de Neuquén, como así puede ser imputado en la mega causa por violaciones a los derechos humanos cometida por los militares que actuaron en la zona.

Por lo tanto, "exigimos la tramitación del sumario administrativo contra este genocida y su consiguiente expulsión del Poder Judicial", señala un comunicado gremial.