Intenta segregar a los vecinos pobres de Villa Jardín de San Fernando de los poderosos contribuyentes de “La Horqueta” de San Isidro.

Lo dice claramente: “el muro se enmarca en un plan de seguridad que incluye cámaras de acercamiento y patrullajes policiales.”

A confesión de parte, relevo de pruebas. Los vecinos de San Fernando, según él, constituyen un peligro para los de San Isidro. Es una decisión autoritaria, racista y violatoria de todas las leyes vigentes en materia de no discriminación.

Por supuesto que esto no se le ocurre al intendente Posse porque sí, responde a un sentido común fuertemente instalado desde muchos medios y políticos en campaña que arman “mapas de la seguridad” que refuerzan la idea de que los jóvenes, morochos, de barrios pobres, son todos peligrosos.

Es indudable que hay que fortalecer las políticas públicas de prevención del delito, tanto desde el Estado Nacional como el Provincial. Tanto en la coyuntura como en el corto y mediano plazo. En estas zonas los jóvenes son víctimas de las redes de narcotráfico. Hay que apuntar allí. Son muy poderosas y siempre han tenido fuertes ligazones con la policía y el poder político. Es más fácil levantar murallas.

Esta frontera-muro no sólo divide calles, divide familias, dificulta vínculos, acceso a escuelas y a lugares de trabajo. Es un verdadero apartheid, al peor estilo colonialismo sudafricano.

Cuando ya ha quedado suficientemente demostrado en todo el mundo que la segregación genera odios, violencia y escaladas represivas que no hacen bajar el nivel de criminalidad sino que la incrementan, es imprescindible que se impida este atropello a la dignidad humana que significa el muro-reja de la calle Uruguay.