La Comisión Directiva Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA), que se reunió el viernes en la ciudad de La Plata, resolvió convocar a un nuevo paro con movilización para el martes próximo y, dada la gravedad de la situación, se declaró en sesión permanente.

Los judiciales realizarán un cese total de actividades y se concentrarán a las 10.00 en Plaza Italia, en el centro de la capital provincial, junto a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y el Frente Gremial Docente que, entre otros, intregra el Sindicato Unificado de Trabajadroes de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA-CTA). Desde allí marcharán a la Casa de Gobierno y a la sede del Instituto de Previsión Social.

La decisión responde a la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo provincial a los reclamos de la AJB, que desde hace más de un mes espera ser convocada por las autoridades para retomar la discusión salarial iniciada el 20 de marzo último.

La Asociación llegará hasta las puertas de la Gobernación para reclamar una recomposición salarial en el marco del restablecimiento pleno del sistema de porcentualidad, un nuevo escalafón para el Poder Judicial y la devolución de los descuentos efectuados por las medidas de fuerza realizadas.

Frente al IPS los judiciales exigirán que se cumpla con la ley que regula su funcionamiento y que impide la utilización de sus fondos para otros fines que no sean el salario de los jubilados e inversiones de caracter social. También la democratización de la entidad, para que todos sus afiliados estén representados en el Directorio.

La Comisión Provincial de la AJB reiteró su total compromiso en la defensa del Instituto de Previsión Social, en tanto patrimonio exclusivo de los trabajadores activos y pasivos del Estado provincial.

El 20 de marzo pasado el Poder Ejecutivo ofreció una mejora salarial del 7 %, retroactiva al 1º de marzo, que fue calificada como "insuficiente" por el gremio judicial. Desde entonces, la discusión salarial no se reanudó y los judiciales profundizaron las medidas de fuerza.