Una comisión conformada por los legisladores Silvia Rivero, Enrique Asber, Raúl Jiménez y Liliana Olivero, junto al secretario adjunto de la CTA provincial y director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Miguel Baronetto, fueron recibidos por el fiscal del Distrito Judicial I de Córdoba, Rubén Caro.

La delegación que acompañó a un grupo de trabajadores de la empresa de parabrisas y espejos CIVE se conformó para “impedir una orden de desalojo y garantizar la paz social de los obreros dentro de la fábrica”, le comentó la legisladora de Izquierda Unida Liliana Olivero.

Más de 75 trabajadores esperan una decisión de los poderes del Estado que les permita seguir trabajando. La jueza Marcela Antenucci es la responsable de evaluar si debe entregar la fábrica a un “acreedor privilegiado” o bien decidir que los trabajadores lleven adelante el proyecto ya presentado de constituirse como cooperativa.

Ante el trascedido de que la fábrica sería entregada a un ex patrón y acorralados por la falta de soluciones, los 75 empleados decidieron continuar con la toma. Las gestiones realizadas hoy abren una luz de esperanza. La fábrica permanece custodiada por la policía provincial y miembros de seguridad privada. "No hace falta", dicen, porque jamás se les ocurriría destruir los bienes y los elementos de trabajo conseguidos con el esfuerzo de todos.

Los operarios ingresaron sin violencia favorecidos por la presencia de un alambre caído. Además, las puertas permanecen abiertas y hay libre circulación dentro del predio. De esta situación será informado el Tribunal Nº 2.

Mientras, continúan las muestras de solidaridad que se materializan en alimentos y dinero desde organizaciones diversas, y vecinos de la zona. Además, cuentan con el apoyo activo de los trabajadores de Iveco y de Gestamp y de sus esposas organizadas en la Comisión de Mujeres.

Fuente: Prensared, la Agencia de Noticias del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba