Llega un punto en la dinámica del enfrentamiento histórico entre el Pueblo y la Oligarquía, en el que las transformaciones sociales estratégicas se explicitan en una nueva institucionalidad que exprese la acumulación de poder popular.

La Constitución de 1949, inspirada en Arturo Sampay, es fiel reflejo de esa realidad favorable a los intereses nacionales, populares y revolucionarios. Cuando la relación de fuerzas varió a favor del campo del enemigo, la Constitución Nacional fue derogada en 1956 por un decreto del tirano Pedro Eugenio Aramburu.

Los procesos constituyentes protagonizados en este nuevo tiempo que vive América Latina, dan cuenta del avance de los pueblos de esta parte del mundo en su añeja disputa con el Imperialismo y sus aliados nativos. Venezuela, Bolivia y Ecuador ya han plasmado a través de sendas reformas constitucionales la voluntad política de consolidar el nuevo orden de cosas que impera en la región y cuestionar de raíz el poder a las clases dominantes.

Se trata de una reparación histórica: La recuperación de una concepción de gobierno en la que los sectores populares se constituyen en protagonistas de su propio destino para desterrar los privilegios y la escandalosa desigualdad social que campea por toda Latinoamérica.

Las repercusiones institucionales y sociopolíticas de ese cambio conceptual son universales, filosóficas y de valores. Es un debate trasladable a cualquiera de nuestras comunidades. Sus consecuencias no han tardado en hacerse ver en las luchas sociales de todo el continente y en la formulación de una nueva institucionalidad.

Una institucionalidad fundada en la certeza de que no habrá una nueva matriz distributiva que termine con la pobreza, si no se discute un nuevo modelo productivo para el país, donde se privilegie qué se produce, para quién se produce y en manos de quienes están los recursos.

Esta nueva etapa de organización y movilización popular, de la mano del proceso que en todo el territorio nacional está impulsando el camino hacia una Constituyente Social en la Argentina, permite avanzar hacia la construcción de una sociedad libre, fraterna e igualitaria que le otorgue sustento político a una nueva experiencia de poder popular en nuestra Patria.

Hace poco más de cuarenta años, en 1968, durante su exilio en España, Juan Domingo Perón publicó su libro "La Hora de los Pueblos". En ese texto, de absoluta vigencia, puede leerse: "La integración de la América Latina es indispensable: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, pero esa integración ha de ser obra de nuestros países, sin intervenciones extrañas de ninguna clase, para crear, gracias a un mercado ampliado, sin fronteras, las condiciones más favorables para la utilización del progreso técnico y la expansión económica, para evitar divisiones que puedan ser explotadas; para mejorar el nivel de vida de nuestros 200 millones de habitantes; para dar a Latinoamérica, frente al dinamismo de los ’grandes’ y el despertar de los continentes, el puesto que debe corresponderle en los asuntos mundiales y para crear las bases para los futuros Estados Unidos de Latinoamérica".

Buena parte de los pueblos americanos están llevando adelante esa doctrina unitaria y antiimperialista, embebidos en la lucha ejemplar que nos legaran los próceres de la Primera Independencia.

La formidable potencia de los movimientos sociales, de trabajadores, campesinos y pueblos originarios, actúa como un pistón que activa los afanes libertarios puestos en debate en reemplazo de la agenda política neoliberal del Consenso de Washington.

El grito de los excluidos conmueve de punta a punta a los pueblos de toda la América Latina.

El MERCOSUR, el UNASUR, el ALBA, el Banco del Sur, la Alianza Social Continental, la Cumbre de los Pueblos, el Foro Social Mundial y los TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos), entre otras iniciativas de integración regional, se inscriben en el pliego de las tareas a realizar -el qué hacer- para abordar el nuevo siglo con la mira puesta en promover la justicia social, la democracia de masas, el federalismo popular y el respeto a la autodeterminación de las naciones.