“Hace ya unos años, tanto en el orden Nacional con la Ley 26.061, como en la provincia de Buenos Aires con las Leyes 13.298 y 13634, se cumplió con la obligación de adaptar la legislación a los postulados e la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta fue sancionada en 1989 e incorporada a la Constitución Nacional y Provincial en 1994”, subraya el estudio.

El documento de ATE señala que la Ley 13298 y su decreto de reglamentación Nº 300 establecen alternativas para evitar la institucionalización de niños por cuestiones asistenciales, por medio de la acción coordinada de distintos órganos del Sistema. La interacción de un niño en un establecimiento es contemplada así solo como una medida excepcional, delimitada en el tiempo y en los casos mas graves que motiven la separación de su grupo familiar (medida de abrigo).

"Esta Ley establece que el Estado Provincial tiene el deber de asegurar con absoluta prioridad la realización de los derechos de los niños si discriminación alguna. Garantizando el acceso de estos a programas sociales, salud, educación, etc.

La Ley 13634 reconoce a los niños sometidos a proceso Penal los mismos derechos y garantías que los adultos y una serie e derechos y garantías adicionales. En caso de gravedad extrema del delito cometido por un niño, el juez de garantías podrá dictar una medida de seguridad restrictiva de la libertad por tiempo indeterminada, pero no más allá de la mayoría de edad. Por su parte, el art. 64 de la Ley, habilita en casos gravísimos el dictado de medidas de seguridad restrictivas de la libertad ambulatoria, respecto a niños inimputables, es decir menores de 16 años.

El 70% de los niños en nuestro país son pobres. “La mortalidad infantil en la Argentina llegó al 13,3 por mil en 2007 –último año con cifras
nacionales disponibles, contra un 12,9 en 2006. El aumento corta una tendencia histórica hacia la baja, que sólo se había alterado luego de la crisis de 2001. Un incremento notorio se produjo en Chaco, donde la tasa pasó de 18,9 en 2006 a 21,2 en 2007. La provincia con mayor mortalidad infantil sigue siendo Formosa, con 22,9. En la provincia de Buenos Aires, la tasa se elevó de 12,5 a 13,6; en el conurbano llegó a 14,2 por mil. En la ciudad de Buenos Aires, pasó de 8,3 a 8,4 por mil.

En Córdoba, subió de 11,6 a 12,7 por mil. Según un representante del Ministerio de Salud, la suba se debería a “un pico de enfermedades respiratorias que se produce cada cuatro años”. En cambio, para un especialista de la Sociedad Argentina de Pediatría, “el aumento en la mortalidad infantil refleja una crisis social y una crisis del sistema de salud”. El desempleo, la imposibilidad del acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, y la marginación que destruye a las familias, estallan como balas en el cuerpo y la conciencia de nuestros pibes. Que ha hecho el gobierno Nacional, que ha hecho el gobierno provincial para dar solución a esta problemática? Después de la aprobación de la nueva legislación, realmente los gobiernos han hecho poco y nada.

La restitución de los derechos vulnerados de los pibes quedo adormecida en la letra y el anhelo de alejar a los niños de marginación y la delincuencia, parece estar cada vez más lejos en la política oficial. A más de tres años de la aprobación en el Congreso Provincial de la Ley de Promoción y Protección de Derechos, aún queda gran parte de la misma sin cumplirse. Y tramos importantes que simplemente se ignoran o se dejan caer en la practica para que la “realidad” decante por si sola.

Muchos de los Servicios Locales no se han conformado en los Municipios y hay intendentes que no quieren hacerse cargo de esta problemática y se niegan a la firma del convenio o boicotean su funcionamiento. Los Servicios Zonales se encuentran en el mismo proceso, su conformación aun esta pendiente en algunas zonas y en otras están en proceso de creación o funcionando desde hace poco tiempo. En los casos en que funcionan, no cuentan con la estructura, el presupuesto, el personal suficiente y es desconocido el abordaje que se piensa realizar desde estas instituciones.

Con respecto a la implementación de la Ley 13634, la situación es aun más precaria. Dado que los Juzgados que se crearon recientemente, no cuentan con edificios, personal ni presupuesto adecuado. El transito de las causas es lento, como también lo es la implementación definitiva del nuevo sistema que incluye un juicio justo por jurado, con garantía a la defensa y al justo proceso otorgando en los casos graves sentencia firme con una pena delimitada en el tiempo y en los casos mas leves, estableciendo el cumplimiento de medidas alternativas.

“Con solo recorrer solo uno de todos los Institutos Penales que dependen de la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, se puede verificar que las leyes 13298 y 13634 no se cumplen. Se sigue multiplicando el número de pibes que pueblan los institutos. Saturando la capacidad de alojamiento, la capacidad humana de atención mínima, la capacidad de satisfacción de sus derechos esenciales con la infraestructura, el personal y los medios económicos que disponen las instituciones”, enfatiza el documento de la ATE provincial.

La Provincia de Buenos Aires cuenta al menos con 10 Centros Cerrados, en todos ellos siguen vigentes las practicas del Decreto Ley de Patronato (10067): “Tenemos a nuestro cuidado más de 600 niños en condiciones de encierro o con salidas transitorias. De todos estos pibes que viven su adolescencia en los Penales, solo una ínfima minoría cuenta con una sentencia firme; el porcentaje estimado es del 10%. El resto esta allí, con causas abiertas que se pierden en el origen y en el tiempo. Lo que manifiesta un grosero incumplimiento de la Ley por parte de la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia y de los Jueces”, acota sin olvidar que “todavía permanecen frescas en nuestra memoria las Muertes por ahorcamiento de un pibe en el Almafuerte y dos en La Matanza, en menos de un año. Se suman todos los días pibes quemados, ahorcados, infectados de alguna enfermedad o golpeados o vulnerados en sus derechos, en instituciones de la Subsecretaria de Niñez”.

Por ello ATE exige “la plena y adecuada aplicación de las leyes de Niñez y Adolescencia con Presupuesto y personal. Con programas alternativos. Con instituciones transparentes y garantizadoras de los derechos de los pibes. Una vez mas reiteramos nuestro reclamo de condiciones dignas de alojamiento y condiciones adecuadas de salud, higiene y seguridad para los pibes y los trabajadores en los institutos”.

“Desde la ATE y CTA decimos al Gobernador que el Hambre es un Crimen. Y por esto no vamos a cejar un solo minuto en la lucha por la implementación de una Asignación Universal por Hijo para todos los niños de 0 a 18 años, de un seguro de empleo para los padres y de la garantización de la canasta alimentaria, entre otras políticas de inclusión para la niñez y la familia”, señala a su fin el documento gremial.