Una simple recorrida por las calles de Buenos Aires permite verificar que hay cada vez más gente viviendo en las calles. El diagnóstico sería oscuro y parcial de no tener en cuenta la esperanza que reside en aquellos los que luchan por revertir esta situación.

Néstor Jeifetz, presidente del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI-CTA) explicó a ACTA que “los compañeros de las cooperativas saben que los muros de sus casas se levantarán en la medida que los unamos con mezcla pero también con lucha, conciencia de clase y la decisión de hacer realidad ese derecho, que es una vivienda digna”.

¿Cómo caracteriza el MOI la política de vivienda de la administración Macri?

La ley 341 del 2000 es central en este tema porque por primera vez cuestiona que los fondos para viviendas ya no sean destinados al beneficiar a las constructoras amigas del poder. Por el contrario, fija la posibilidad que sean administrados por las organizaciones populares. Al tiempo creó un fondo de inmuebles de 341 unidades y se compraron otras 103. Reivindicó el rol del Estado contra la lógica empresarial.

Sobre todo cuando los negocios inmobilizarios están a la orden del día.

El macrismo, que en muchos aspectos continúa medidas tomadas por otros que se decían “progresistas”, es un gran operador en ese sentido. En esta visión el suelo es la base de grandes negocios inmobiliarios y su práctica respecto a los sin techo es expulsiva. Este accionar se vé en la práctica cuando se decide desalojar a 500 familias que se ubicaron frente a la Villa 21 para destinar el terreno a la Unión Industrial Argentina.

¿Qué pasa en materia de financiamiento?

El presupuesto pasó de 500 millones a 120. Eliminó de un plumazo la política de vivienda. Lo presupuestado alcanza sólo para financiar al personal de planta del área. La opción es seguir mandando a la gente a hoteles e inquilinatos miserables por unos meses, y después a la calle.

En el barrio conocido como Ex AU 3, donde hay 1.500 familias les están ofreciendo veinte o treinta mil pesos para que se vayan. La explicación está en el valor real de los terrenos que es muy superior a la ayuda económica que le dan a los desalojados. Lo que rige todo es el negocio y la lógica de mercado.

¿Y donde va esa gente?

Primero intentan comprar un terreno de la provincia de Buenos Aires. Después terminan volviendo a la ciudad porque es aquí donde tienen el trabajo. Van a la villa.

¿Cómo se resiste frente a todo esto?

En el 2001, frente a la reacción popular, finalmente no se fueron todos, se quedaron todos. Aquella etapa dejo algunos saldos de organización popular importantes. Las fábricas autogestionadas, las cooperativas de vivienda que se autogestionan sus propios fondos.

¿Esas experiencias confluyen en algún espacio?

Venimos de concretar un encuentro con 400 cooperativas de toda la ciudad. No es fácil terminar con todo esto. La gente descubrió el valor de la autogestión. Se pueden hacer casas mejor terminadas y a menores costos si los proyectos son manejados por los trabajadores. A esos ladrillos los une la conciencia. No son edificios que se puedan derrumbar fácilmente. Cada uno de los proyectos tiene en cuenta los lugares de atención para la salud, guarderías y cooperativas de trabajo. En el fondo, lo que ellos quieren destruir en la autogestión es la organización popular.

¿A cuánta gente afecta esta problemática?

En la ciudad hay 500 mil personas de bajos ingresos que no pueden acceder a una vivienda y viven con riesgo de expulsión. Hay otros 7000 que por no tener acceso al crédito y ganar no más de dos mil pesos, alquilan afrontando la posibilidad constante de no poder pagar más y ser desalojados. Es la ley de mercado. Cada vez más gente a la calle. Los ocupantes de edificios, hoteles y pensiones son 150 mil. Las villas de emergencia crecieron mucho a partir del 2003 y no tienen menos de 200 mil ocupantes.

¿Qué propone el MOI?

Nosotros proponemos enfrentar en conjunto el problema habitacional y la desocupación a través de empresas del Estado dedicadas a la construcción de barrios populares. De esa forma, lo que se llevan los empresarios amigos del poder sería invertido en sueldos, o viviendas sociales.

El que habla es Néstor Jeifetz. Y de esto sabe. Y mucho: hábitat popular, autogestión, organización de los trabajadores, inclusión social, CTA.