Basile recordó que “Argentina sufre inequidades profundas en salud, básicamente por el desmantelamiento histórico de sus servicios públicos de salud; la no garantía del derecho a la salud a millones de argentinos y los procesos de desigualdad social y de malas condiciones de vida que ovbiamente están impactando sobre nuestra población”.

El especialista resaltó que hay dos mapas que se deben tener en cuenta para analizar la situación de salud y pobreza en el país: “Hay un mapa de la Argentina donde hay mayores necesidades básicas insatisfechas, donde claramente se acumulan los bolsones de pobreza e indigencia y si a ese mapa lo superpusiéramos con el de la prevalencia de la tuberculosis o el mal de Chagas o de Leimariasis, o de la Malaria en el norte; o de Paludismo, veríamos que hay fuertes relaciones y coincidencias entre un mapa y el otro. Y esto no es casual ni producto de la naturaleza. O meramente, del cambio climático. Centralmente, hay procesos sociales, económicos, culturales, incluso como les pasa a las propias comunidades indígenas que están impactando en las condiciones de salud en la población”.

“El tipo de servicio de salud al que accede nuestra población, habla del tipo de ciudadanía y del tipo de distribución de la riqueza que está persiguiendo. Está claro que la Argentina no puede garantizar casi a la mitad de su población el derecho a la salud, porque ese gasto en salud que es muy alto en Argentina, claramente muchas veces nos dicen que se gastan más del 9% del PBI en salud. Lo cual, la pone por arriba de muchísimos países en América Latina”, explicó, pero también adviertió: “Ahora, cuando vemos cómo es desagregado y segmentado ese gasto, vemos cómo el Estado Nacional, Provincial y Municipal, solo ponen el 23% de ese gasto en salud, que es de 65.000 millones de pesos. Ese 23%, el Estado lo aporta para resolver casi el 50% de los problemas de salud, enfermedad, atención y cuidado que tiene nuestra población en situación de pobreza o de trabajo precario. Porque en realidad nuestro sistema de salud fue pensado para una población de pleno empleo, donde el trabajador resolvía su salud básicamente por acceso a la seguridad social o la obra social”.

“Claramente –detalló Basile– al cambiar la matriz de distribución en nuestro país, a partir de la década del 70 y más profundamente y al tener hoy millones de argentinos que casi en un 40% tienen trabajo precario y más de un 10% están en situación de desocupación, esa población hoy no va a resolver su salud vía trabajo o seguridad social, que se está llevando el 37%del gasto, si no que tiene como única respuesta y opción, a los servicios públicos de salud que sobre sus espaldas pesa el desfinanciamiento, el desmantelamiento, la falta de infraestructura, tecnología, recursos humanos y de un shock fuerte de fondos públicos que puedan garantizar la prevención, la promoción de la salud colectiva. Y también las transformaciones de las propias condiciones de vida que impactan en estos problemas de salud que tenemos prevalentes y tan fuertes. Como la epidemia del Dengue, pero también con la endemia del Chagas”.

En referencia a los números explicó: “Al año tenemos 12.000 casos de tuberculosis y casi 600 muertes al año, lo cual en 2009, tuberculosis significa malas condiciones de vida, hacinamiento domiciliar y mala alimentación. Tenemos desnutrición infantil crónica con casi el 40% de los chiquitos en nuestro país con anemia, que es falta de hierro y una alimentación adecuada. Estas son las situaciones y los pesares y padecimientos que están sobre las espaldas de una gran porción de nuestra población”.

“Entonces, en ese marco, si no somos capaces de poder discutir una reorganización de los servicios públicos de salud, que tenga que apropiarse de parte de esos gastos de salud que existen, pero que garantizan los negocios del sector privado… por ejemplo, la industria farmacéutica. Muchas veces, también de la seguridad social, porque sabemos que hay obras sociales que dignifican y trabajan por la salud del trabajador, pero también hay muchas obras sociales que sus representantes son dueños de clínicas y sanatorios y derivan los fondos de los trabajadores al sector privado de salud. Esas son las grandes discusiones que aún padecemos en nuestro país”, concluyó Basile.