Eduardo Johosren, Juan Ferrando de la Junta Interna de ATE de la Defensoría del Pueblo de la Nación. y Rafael Gentili del Idep, explicaron a ACTA la mecánica que rige la designación del funcionario y las modificaciones que proponen. “Actualmente el Defensor del Pueblo surge de la decisión de una comisión legislativa donde lo único se que dirimen son distintas presiones políticas”.

Para los trabajadores, el consenso que requiere a esta designación es superior, al que resulta de acuerdo entre dos o tres fuerzas políticas mayoritarias con representación parlamentaria.

“Creemos que hay que reemplazar esto por un mecanismo más transparente y participativo. Hay que implicar en la elección a todos aquellos que necesitan de la defensoría para que sus derechos no sean violados. Nos referimos a organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, de defensa de usuarios y consumidores, de derechos humanos de niños, de mujeres, de otros grupos vulnerables, de defensa del medio ambiente, a sindicatos, universidades, colegios, profesionales, académicos, personalidades públicas y a la ciudadanía en general”.

Para los impulsores de esta iniciativa se trata de “darle al Defensor del Pueblo la mayor independencia posible de los gobiernos de turno o grupos de interés para que pueda evaluar objetivamente las situaciones en las que le toca actuar .El proyecto también subraya la idoneidad ética y el compromiso con los derechos humanos que debe tener quien sea designado para tan delicada función.

Una propuesta que casi parece un clamor

La iniciativa será lanzada oficialmente el 9 de julio. Algunos de los organismos que respaldan la propuesta son Área de Economía y Tecnología de FLACSO; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Asociación Civil Participación Ciudadana (Tierra del Fuego); Asociación Civil VIDA (Concepción del Uruguay); Asociación de Abogados de Derecho Indígena; Asociación de Defensores de Derechos Humanos; Asociación de Especialista Universitarias en Estudios de la Mujer; Asociación Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas (AMUMRA); Asociación Unidos por la Justicia; ATE CNC; ATE Defensoría del Pueblo; Buenos Aires para todos; CELS; Centro de Derechos Humanos Universidad de Lanús; Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos; Facultad de Derecho Universidad Nacional de Rosario; CIPPEC; CLADEM; Coordinadora de Trabajo Carcelario (Rosario); CTA; IEF; El Agora; ELA; FADEA (Foro Abierto de Derecho y Ética Ambiental); FARN; FOPEA; Fundación Cambio Democrático; Fundación Derecho Social (Santa Fé); Fundación para la plena participación y el desarrollo autónomo del discapacitado (FALDAD); Fundación Poder Ciudadano; Fundación Rumbos; Fundación Sur;
H.I.J.O.S.; IDEP;ATE Nacional; Laboratorio de Políticas Públicas, LPP; Libres del Sur; Movimiento Universitario de Izquierda y la Secretaria de DDHH de la FUC; Observatorio de Derechos Humanos (Río Negro); Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Neuquén); PRADE (Santiago del Estero); Seminario Trabajo Social y exigibilidad de los derechos sociales (Licenciatura en Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social), Universidad Nacional de Córdoba; Unión de los Neuquinos (Neuquén); Unión de Usuarios y Consumidores.

Una campaña nacional

Los impulsores de la propuesta explican que “la reciente renuncia del Defensor del Pueblo hace aún más urgente cambiar los mecanismos de elección, los reglamentos internos de la bicameral que interviene en su designación”.

“Nuestra idea es hacer actividades en todas las provincias para interesar a todos los sectores implicados en este tema. Se trata de darle efectividad al organismo en la defensa de los derechos constitucionales y por supuesto, eso es una cuestión que compete a todos el país”.

Quienes quieran conocer o adherir a la propuesta puede deben dirigirse a defensoriaparaelpueblo@gmail.com.ar o a al 4819-1597 que es el teléfono de la Comisión Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Defensoría del Pueblo de la Nación.