De esta manera, la CTA repudió el desalojo violento por parte de las fuerzas de seguridad de una ruta amazónica. Estos hechos ocurrieron el 5 de junio cuando una operación policial desalojó a pobladores de Bagua Grande y Bagua Chica de la carretera que conduce a zonas de explotación petrolera en el norte de Perú, con un saldo de muerto que alcnaza la cifra oificial de 33, pero que podría llegar a la centena. “Exigimos que el gobierno de Perú reconozca los inalienables derechos de los pobladores y castigue este genocidio que se cobró la vida de decenas de personas. Enviamos nuestro apoyo a la movilización que se realizará el día 11 de junio, jornada a la que nos sumamos, y exigimos firmemente al gobierno de Alan García que cese inmediatamente todas las persecusiones a los pobladores de la zona del Bagua y haga justicia para su pueblo”, señala la carta firmada por Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, que fue enviada a su par de la CGT de Perú, Juan José Gorriti.

La carta expresa además el apoyo "a los pueblos originarios de las zonas de Bagua y Utcubamba, brutalmente reprimidos y masacrados por su digna conducta en defensa de los derechos humanos y territoriales, frente a las imposiciones de los Tratados de Libre Comercio, que benefician solamente los intereses de las multinacionales mineras y petroleras”.

“Su batalla es la nuestra, como la de todos los pueblos de latinoamérica que se alcen para defender sus derechos. Repetimos nuestro repudio a las acciones violentas y antipopulares del gobierno de Alan García y reiteramos la adhesión a la jornada de paro y movilización del próximo jueves”, concluye la misiva.

Las protestas que iniciaron en abril diferentes grupos indígenas en rechazo a las nuevas leyes de agua y la forestal, tuvieron finalmente este desenlace fatal. Consideran que se pone en peligro su territorio y además se oponen a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile. Cabe destacar que el gobierno de Alan García ha decidido ignorar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ––la agencia de la ONU para los derechos del trabajo que agrupa a gobiernos, trabajadores y empresarios– firmado por Perú, que obliga a los Estados a consultar previamente con los indígenas cualquier decisión económica en sus territorios.

Entre los reglamentos que rechazan cerca de 65 etnias amazónicas, está la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos. Los nativos han insistido en que estas legislaciones vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales.