Una delegación del organismo, encabezada por sus presidentes, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el ex fiscal Hugo Cañón, le entregó al tribunal un detalle de las más de dos mil pruebas que ya aportaron a la Justicia en expedientes que, sin embargo, continúan paralizados. Uno de los casos paradigmáticos es la investigación sobre el centro clandestino La Cacha, reabierto en 2003 y sin ningún represor procesado.

“Nos vamos altamente satisfechos porque encontramos en la unidad una actitud positiva acerca de nuestros planteos para resolver los diversos conflictos que atentan contra el adecuado desarrollo de los juicios”, señaló Cañón apenas salió de la reunión que mantuvieron con, entre otros, el secretario general y de gestión de la Corte, Alfredo Kraut, y el juez federal Daniel Rafecas.

Más allá de los reclamos puntuales de parte de la Comisión, todos los presentes en el encuentro coincidieron en una cosa: organizar los juicios por víctimas es garantizar la impunidad.

“Por eso, es necesario, y procesalmente así corresponde, la acumulación de los procesos por centros clandestinos o por circuitos represivos”, agregó el ex fiscal. La dispersión de las causas implica, según el organismo, no sólo una “dilapidación de esfuerzos en materia de procedimiento, sino que retrasa en el tiempo y lleva a la paradoja de que a veces se encuentren sentados como ‘testigos’ personas cuya participación y responsabilidad se hallan probadas respecto de otras víctimas”.

Otro de los ejes de la reunión fue la selección de magistrados. Los miembros de la Comisión exigieron la designación de jueces desde el Consejo de la Magistratura a partir de un “criterio de idoneidad”, como el caso de Norberto Lorenzo, juez subrogante en los juicios a Miguel Etchecolatz y al sacerdote Christian Von Wernich, que no ha sido promovido.

Fuente: Diario Crítica de la Argentina