Salvo honrosas excepciones, durante la paupérrima campaña electoral que acaba de finalizar se desplazaron del debate los principales problemas que afectan al pueblo y la Nación: el hambre, la pobreza, la desigualdad, la concentración, la devastación de nuestros recursos naturales, la redistribución de la riqueza, etc.

Bajo el lema “Los trabajadores no vamos a pagar la crisis”, la Central de Trabajadores de la Argentina llenó la Plaza de Mayo el 12 de diciembre de 2008 para denunciar que el hambre es un crimen y reclamar por un nuevo modelo distributivo, conmovió al país el 22 de abril de este año con un Día Nacional de Lucha con paros y movilizaciones en toda la geografía nacional y realizó el 27 de mayo un Paro Nacional con un alto nivel de adhesión y protagonismo en las calles y rutas de todo el país.

El plan de acción se profundizará este semestre si el Gobierno prosigue haciendo oídos sordos y no da respuestas al pliego de reivindicaciones planteado por la Central para dotar de blindaje social a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Como se sabe, el reclamo incluye: Una Ley de Emergencia Ocupacional que prohíba los despidos por 180 días, defendiendo los puestos de trabajo, los salarios y los derechos de los trabajadores; discusiones paritarias libres para sostener el nivel adquisitivo de los salarios y convocatoria inmediata al Consejo del Salario; universalización de la Asignación por Hijo y reformulación del Seguro de Empleo y Formación para que alcance a todos los jefes y jefas de hogar desocupados y un aumento de emergencia para jubilados y pensionados hasta llegar al 82% móvil.

Plantea también profundizar el proceso de nacionalizaciones, empezando por el sector energético; sancionar una nueva Ley de Entidades Financieras, con una regulación que tenga en cuenta los intereses sociales y el desarrollo del país, fomentando el crédito productivo; iniciar una Reforma Impositiva que modifique la regresión del actual sistema, comenzando por el inmediato rediseño del impuesto a las ganancias, eliminando las actuales exenciones a las rentas financieras, las operaciones de bolsa y a las ganancias de capital; sancionar leyes que resguarden el medio ambiente contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales, poniendo fin a la acción depredatoria de la explotación minera y la expansión de la frontera agrícola sobre bosques y humedales y obrar en consecuencia con la OIT y el fallo de la Suprema Corte de Justicia y otorgar la Personería gremial a la CTA.

A sesenta años de la Constitución de 1949 resulta demasiado evidente que ha llegado la hora de formular una nueva institucionalidad para abordar los desafíos de esta etapa de ofensiva popular y ponerse en línea con el proceso de transformación social que se está viviendo en gran parte de Latinoamérica.

Después de un cuarto de siglo de recuperación de la democracia el precepto de que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes” se ha demostrado incapaz para resolver los problemas de fondo que agobian a nuestro país. Ahora es cuando hay que avanzar en la construcción de una democracia participativa sustentada en la unidad popular.

El conflicto social resulta invisible a los ojos de los televidentes de Gran Cuñado. Sin embargo, la protesta no cederá mientras los grupos de poder discuten cómo se recompone el sistema capitalista y persisten en hacer pagar a los trabajadores los platos rotos del desmoronamiento global.

El 29 de junio, pues, finalizado el acto electoral y con la resaca a cuestas, como dice Serrat, volverá el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas.

Al menos, hasta que asome en el horizonte un nuevo Movimiento Político, Social y Cultural de Liberación que nos permita dejar de elegir a los menos malos de los otros para elegir a los mejores de los nuestros.