La medida generó el repudio de estudiantes de ocho universidades (entre ellas la UNT) agrupados en el Frente Popular Darío Santillán .

“Este tipo de empresas extractivas son actores principales del modelo de saqueo colonial que el capitalismo destina a los países de América; y trae para los pueblos de la región más dependencia y problemas sociales, además de represión a quienes se oponen”, sostuvieron los estudiantes.

“Los fondos que llegan a 40 universidades nacionales desde la minera condicionan la necesaria independencia de las universidades cada vez que investigan y producen dictámenes técnicos” denunciaron los alumnos.

Contra los desmontes

La Secretaría de Ambiente de la Nación habilitó un Registro Nacional de Infractores Forestales que permitirá compilar datos identificatorios de los responsables de haber dañado los bosques nativos y las causas relativas a violaciones de las leyes forestales y ambientales. Este registro está contemplado por la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

De esta forma, todas las provincias deberán enviar a la Nación la información acerca de los infractores de sus respectivas jurisdicciones. El objetivo es que aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sido infractoras –y en la medida que no cumplan con las sanciones impuestas, no podrán obtener autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible. La registración que se pondrá en marcha también permitirá complementar información de carácter estadístico sobre el estado de los bosques nativos en todo el país.