En la década de los ’90 el Salario Mínimo, Vital y Móvil representaba aproximadamente el 25% del salario promedio de los trabajadores, por lo que un incremento de aquél hubiera tenido efectos limitados sobre el conjunto de las remuneraciones.

Por el contrario, la política de incrementos sucesivos del SMVM llevada adelante entre mediados del 2003 y mediados del 2005 redujo esta brecha. Desde entonces, el Salario Mínimo, Vital y Móvil representa aproximadamente el 45% del salario promedio de los trabajadores.

Esta situación ha generado tensiones, puesto que en aquellas actividades económicas o provincias donde los trabajadores perciben salarios inferiores al promedio, la incidencia del Salario Mínimo, Vital y Móvil llega representar entre el 60% y el 70% del salario promedio.

Entre las actividades donde esta relación tiende a encontrar un límite se encuentran la industria maderera (69,7%), hotelería y gastronomía (67%), confecciones (64%), agricultura y ganadería (59,3%) y comercio (54,2%). Por su parte, las provincias donde el SMVM tiene una mayor incidencia con relación al promedio salarial de los trabajadores del sector privado son, al primer trimestre de 2009, Santiago del Estero (75,9%), Chaco (74,1%), Tucumán (71,5%), Formosa (71,4%) y Misiones (70%).

Se trata de sectores o regiones donde los salarios percibidos por los trabajadores registrados están muy cercanos al Salario Mínimo, Vital y Móvil, por lo que su modificación tiende a impactar directamente sobre el conjunto de los trabajadores, y no sólo sobre aquellos que se encuentran en la base de la pirámide salarial. A su vez, ello importa estrechar aún más las escalas salariales, por lo que en estos casos el Salario Mínimo, Vital y Móvil contribuye a fortalecer y promover las luchas generales para sostener la brecha salarial existente entre las distintas categorías laborales.

Finalmente, mantener en el tiempo una política de incremento sustancial del Salario Mínimo, Vital y Móvil conduce a una mayor homogeneidad salarial del conjunto de los trabajadores, favoreciendo de esta manera las luchas generales por sobre las luchas sectoriales.

Este trabajo da continuidad a los documentos elaborados desde el Observatorio del Derecho Social de la CTA en el marco de las discusiones previas a la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que, año a año, se realiza durante el segundo semestre a fin de actualizar el valor del Salario Mínimo.

A continuación presentamos, a modo de síntesis, las principales conclusiones de este trabajo, junto a elementos provenientes de los anteriores documentos sobre el tema elaborados desde el Observatorio del Derecho Social de la CTA:

La política de incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil desarrollada entre los años 2003 y 2005 contribuyó a recuperar esta herramienta para establecer un piso salarial, al menos para el conjunto de los trabajadores registrados del sector privado. Sin embargo, la dinámica adoptada a partir de entonces, fijando el Salario Mínimo, Vital y Móvil luego de la ronda de negociación salarial, le ha quitado todo efecto virtuoso sobre los básicos convencionales, ya que a partir del año 2006 el Salario Mínimo, Vital y Móvil se ha limitado a convalidar el nuevo piso. Es decir, desde entonces los trabajadores negocian sobre el piso del Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado el año anterior, y no sobre uno establecido colectivamente al inicio de la ronda de negociación salarial.

Aún así, en la actualidad el Salario Mínimo, Vital y Móvil constituye una herramienta estratégica dentro de la lucha salarial desarrollada por las organizaciones sindicales, en tanto existen actividades y regiones en las que su impacto trasciende la situación de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial, proyectándose hacia un conjunto mucho más amplio.

Los límites impuestos desde el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil pueden observarse ya en el año 2006, es decir, con anterioridad a la emergencia de la crisis internacional. Por ello, sus causas y eventuales mecanismos de superación deben buscarse en los factores endógenos y en la dinámica interna de las relaciones entre las distintas fracciones sociales. Se trata, en definitiva, de potenciar al Salario Mínimo, Vital y Móvil como herramienta para cuestionar los límites del patrón de crecimiento que ya en el año 2007 mostraba signos de agotamiento.

El impacto del Salario Mínimo, Vital y Móvil sobre el ingreso del conjunto de los trabajadores debe relativizarse, principalmente a partir de sus limitados o nulos efectos sobre trabajadores del sector público, provincial y municipal, no registrados y desocupados.

Por un lado, los efectos del Salario Mínimo, Vital y Móvil sobre los trabajadores no registrados de por sí son difíciles de evaluar, más aún frente a la ausencia de estadísticas oficiales. Sin embargo, es posible inferir que, en un contexto de tasas de desempleo elevadas y de destrucción neta de puestos de trabajo, sus efectos sean limitados, o directamente nulos.

En segundo lugar, los trabajadores del sector público (provinciales y municipales) no se encuentran comprendidos dentro de las disposiciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil, por lo que los efectos de un incremento no necesariamente tendrán efectos sobre su situación salarial.

Finalmente, la inexistencia de una política de ingresos para el conjunto de trabajadores no registrados y desocupados importa, de parte del Estado, una aspiración a que su situación se resuelva por efecto de la teoría del derrame. De esta manera, se garantiza la existencia de un ejército de reserva que limita, al mismo tiempo, la capacidad del conjunto de los trabajadores para perforar los límites del actual patrón de crecimiento, de los que da cuenta el virtual estancamiento salarial que se experimenta desde el año 2007.

En este contexto, una política de incrementos sustanciales del Salario Mínimo, Vital y Móvil deberá complementarse con el establecimiento de una Asignación Universal por Hijo, a fin de posibilitar aumentos en los ingresos de los trabajadores no registrados, desocupados y cuentapropistas, y por una profundización de la inspección del trabajo, tendiente a garantizar el cumplimiento de la normativa laboral en la totalidad de los establecimientos.