La CTA, en tal contexto, tiene prioritarias y urgentes demandas por las cuales deberá accionar:

 Que los fondos del ANSES sean administrados por los interesados (que no son otros que los trabajadores y jubilados) con participación del Estado, como dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional , y no que con esos fondos se reproduzca el festival de las ayudas solidarias a los grandes grupos empresarios extranjeros y locales que trasfieren regularmente sus ganancias al exterior.

 En forma inmediata deberá suspenderse todo despido de trabajadores por lo menos durante seis meses, lapso que permita poner en marcha mecanismos de consolidación de empresas o reubicación del personal, y establecer una política seria destinada a garantizar la estabilidad y continuidad laboral de cada uno de los trabajadores registrados y legalizar a ese 40% de compañeros con trabajo pero que, estando en precariedad, carecen de coberturas legales en el campo, en la construcción, en el Estado, los municipios, los servicios y en las empresas industriales.

 Hay que acompañar, compartir y movilizarse en conjunto con todos aquellos que luchan por impedir que continúe el saqueo de las riquezas naturales. Las trasnacionales se están llevando nuestros minerales, se apoderan de nuestras tierras, de nuestro petróleo y de todos aquellos recursos que son la base de un proyecto soberano de país y que empezaron a ser arrasados en 1976 y han continuado arrasando, salvo breves períodos, hasta el día de hoy.

 Impulsar y promover políticas de ingresos universales. Una asignación universal para todos nuestros pibes es fundamental. No puede haber festejos del Bicentenario si hay hambre entre nuestros chicos y mayores. Hay que terminar con el hambre en Argentina, y esa es una meta absolutamente posible porque están los fondos para resolverlo.

 En el Consejo del Salario no pudimos discutir una política de ingresos que esté por encima de los acuerdos palaciegos entre los que conforman el consenso de poder en Argentina: parte de la UIA, la CGT y el Gobierno. Esos acuerdos, que sólo intentan garantizar la gobernabilidad, son una barrera a los justos reclamos de los trabajadores.

 Debemos dar la disputa en todos los ámbitos para asegurar la libertad y democracia sindical, que permita que miles de compañeros delegados y trabajadores se puedan organizar y no sean despedidos por intentar hacerlo.

No hay proyecto de Nación si no se expone y desarrolla ante la sociedad un modelo productivo y de participación democrática que asegure a los 40 millones de argentinos objetivos comunes de crecimiento y de justicia social.