Lejos de ese anhelo democratizador, hay corporaciones elitistas y mezquinas que presionan a favor del reparto de cargos en el Consejo de la Magistratura para incrementar la impunidad y dependencia de jueces y fiscales en el Poder Judicial.

La composición y los vicios del Consejo de la Magistratura nacional han vuelto al tope de la agenda política lo cual ha dado lugar a la reaparición de lobistas que pretenden limitar el debate al reparto de cargos de las corporaciones y relegan los derechos de justicia del pueblo.

Esa presión lobista y corporativa, que cuenta con la complicidad de políticos de mentalidad conservadora neoliberal, no se hace cargo de sus responsabilidades por la historia frustrante de más de diez años del Consejo de la Magistratura y pugnan por dejar las cosas como están o sumar algún cargo de consejero para su parcialidad. Una vez más, gatopardismo puro.

El Consejo de la Magistratura es una de las causas más relevantes de la falta de justicia que padecemos.

Al discutirse las reformas constitucionales de 1994 y de años posteriores, como al tratarse las primeras leyes orgánicas de los consejos de la magistratura nacional y provinciales, los trabajadores de la Federación Judicial Argentina nos opusimos a esa concepción del Poder Judicial como coto reservado a los intereses partidarios y letrados que inspira a la gran mayoría de los consejos. Así obtuvimos avances más participativos y abiertos en los consejos de Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos y algún pequeño progreso en la Provincia de Buenos Aires.

Los cambios más importantes y perdurables en el comportamiento del Poder Judicial se han gestado por el legítimo reclamo popular contra la falta de justicia.

Fue la lucha inclaudicable de las Madres de Plaza de Mayo y de los otros organismos de derechos humanos, compartida por la FJA, la CTA y otros movimientos sociales, la que garantizó y garantiza que la impunidad de los genocidas no se consumara, por la complicidad y la falta de compromiso de muchos jueces y fiscales, dentro y fuera del país.

Esas luchas también lograron abrir grandes boquetes en la muralla judicial que ampara el gatillo fácil, la tortura, las cárceles horrendas, la discriminación y la corrupción de los poderosos y los más variados atropellos contra el pueblo.

Fueron y son los sindicatos y las organizaciones sociales creadas por el pueblo las impulsoras de reglas democratizadoras de la selección de los jueces de las cortes y tribunales de casi todo el país, para compensar la cerrazón de la gran parte de los consejos de la magistratura.

Fueron organizaciones sociales como la Asociación de Abogados Laboralistas, Federación Judicial Argentina, CTA, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Justicia para todos y otras las que pusieron en fuga a los cortesanos de la mayoría automática menemista, luego de numerosas denuncias, un Juicio Etico y más de dos años de continuos cacerolazos repudiándolos en las puertas del palacio que usurpaban.

Fueron los trabajadores neuquinos de la Federación Judicial Argentina junto a otras organizaciones los que, por ejemplo, lograron la destitución de los jueces de la Corte de Sobich.

Tan valiosa experiencia de lucha principista por la justicia democrática de miles de ciudadanos organizados, de los trabajadores judiciales y de la CTA no puede ser nuevamente marginada cuando, en esta oportunidad, existen planteos de remodelación de los órganos de selección y de juzgamiento de jueces, fiscales y defensores. Hay que darle amplia cabida a la participación popular en esos delicados procesos.

Los trabajadores necesitamos que la garantía de Justicia para el Pueblo sea efectiva y su independencia e imparcialidad estén aseguradas. Con esa vocación la FJA ha propuesto al Congreso un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura donde sostenemos que todos sus integrantes deberían ser elegidos entre las personalidades postuladas por las organizaciones ciudadanas; también deberían integrar los Consejos provinciales y el nacional representantes del ámbito académico y científico, elegidos por el Consejo Interuniversitario Nacional. Es de fundamental importancia que todos tengan una trayectoria y prestigio reconocidos, especialmente en la defensa de los derechos humanos y de la democracia.

En la mayoría de los casos, tanto los Consejos de la Magistratura como las Cortes de Provincia están integrados por magistrados y personajes de mentalidad retrógrada, autoritaria, que hace interpretaciones elitistas y mezquinas de la Constitución, que atentan contra los derechos de los trabajadores y judicializan la protesta social. También existen jueces nombrados durante la dictadura o por el menemato que fueron cómplices de la entrega del patrimonio nacional y traban los juicios contra los genocidas para imponer una situación de impunidad indignante.

Por estas y otras razones nosotros propugnamos que el Consejo cuente con un Comité Asesor, integrado por miembros honorarios, elegidos por las entidades defensoras de los derechos humanos, las centrales nacionales de trabajadores, el gremio de los trabajadores judiciales; las entidades en defensa del patrimonio público y contra la discriminación, la contaminación y la degradación del ambiente; las entidades nacionales representativas de los profesionales universitarios sin representación en el Consejo; las entidades de los jubilados y pensionados. Y su constitución observará la igualdad de género.

Estamos ante una cuestión de primerísimo magnitud que exige instalar un debate profundo sobre las garantías que debe otorgar al pueblo el proceso de selección de los jueces, ya que se trata de un tema determinante para la calidad institucional, la democracia y la vida de los habitantes.