En una carta enviada al Ministro de Gobierno Julio Costas y, por su intermedio, al Gobernado Walter Barrionuevo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) denunció la reinstalación de la criminalización de la protesta social y sindical, al pretender convertir en figura penal el ejercicio de un derecho, que es el derecho a peticionar a las autoridades, reunirse en asamblea y llevar delante una huelga con permanencia en los lugares de trabajo.-

El rechazo es considerar como delito de usurpación al hecho de haber realizado Asambleas y permanencia en el lugar y horario de trabajo.

Firmada por el Secretario General de ATE y el Asesor Jurídico Dr. Miguel Fiad, la presentación (de fecha 7 julio pasado) cuestiona la práctica anti-sindical y las imputaciones que intentan convertir en delincuentes a quienes sufren el ilícito de la precarización laboral en manos del Estado en su rol de empleador. “Con la CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA, marchan a total contramano con el discurso de diálogo y negociación que tanto gobierno nacional como provincial pregonan ante los conflictos sociales y sindicales”, sostiene la comunicación enviada al Ministro y al Gobernador.

“Cualquier análisis serio de las protestas sindicales que llevaron adelante los trabajadores auxiliares de la educación el día 17 de junio, debe partir de admitir que son trabajadores cuyos servicios son utilizados por el Estado Provincial, en algunos casos desde hace mas de 8 años, garantizando a través de ellos la limpieza de las escuelas, el funcionamiento de cocinas, la vigilancia y el cuidado de los niños cuando no están en el aula, el reparto de la documentación interna, etc, todo a cambio de un Plan Social de $150, $270 o nada con la eterna promesa estatal de regularizar su precaria situación laboral”.