Dicha resolución, modifica un articulo del Convenio 36/75, otorgando de esa forma la posibilidad a que un Sindicato sin personería como es el de General Pueyrredon, por el solo hecho de estar afiliado a la Federación pueda ingresar trabajadores a la cooperativa de electricidad, sin la obligada participación que la Ley de Asociaciones Profesionales nos concede.

Para lograr este esperpento disfrazado de acto administrativo, la funcionaria omitió un paso esencial como es el de consultar a una dependencia de su propio Ministerio como es la Dirección de Asociaciones Sindicales, para que, ésta le informe si en el territorio (recordemos Partido de General Balcarce, Provincia de Buenos Aires) tiene jurisdicción un sindicato con personería gremial, y ello porque la ley citada determina que cuando es de esta forma, las federaciones o entidades de segundo grado no pueden representar los intereses colectivos de los trabajadores si no existe conformidad del sindicato de base, por entender la norma legal que es ésta organización que por la inmediatez con los trabajadores recepta los principios de libertad y democracia sindical que nuestra Constitución Nacional contiene.

La funcionaria omitió este paso administrativo fundamental, porque sabe que este Sindicato no esta adherido a la Federación, que ha ejercido desde su expulsión (en 1992 y ratificada en Congreso Extraordinario en 1996, por no adherir al modelo privatista llevado adelante en los 90 por FATLyF ni asociarse a los negocios que ese modelo entregó a grupos de dirigentes sindicales) plenamente su autonomía, y las pruebas más certeras son los acuerdos convencionales, salariales e incluso de trabajo, que la propia funcionaria ha homologado.

Nos cabe preguntar el porqué de este olvido de la funcionaria. La respuesta la debe exigir el propio Poder Ejecutivo Nacional y actuar en consecuencia, ya que de permitir omisiones como las relatadas, que no deben relativizarse, dan por tierra con el discurso presidencial respecto a que en la Argentina se hace necesario mejorar la calidad institucional para ser un país creíble.

Poco lo será si elementales derechos de defensa son avasallados por el Ministerio cuya principal función es defender a los trabajadores y sus decisiones libres y democráticas vertidas en sus sindicatos. Esperamos la respuesta.