Según explicaron a ACTA la situación de la empresa recuperada es crítica ya que pesa sobre ella la amenaza del desalojo y por otro lado, requieren ayuda urgente para poder retomar la producción.

Vicente Narvaéz, uno de los delegados de los trabajadores recordó que
“Indugraf cerró son previo aviso el 22 de noviembre de 2008. Nos quedaron debiendo a los trabajadores 2 meses de sueldos y 2 años de aportes previsionales. Primero protestamos en la puerta de la empresa y después decidimos entrar para resguardar la fuente de trabajo y nada menos que el sustento de nuestras familias”.

Recuerda que recibieron dos subsidios de Presidencia de la Nación y ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que nos ayudó a resistir unos meses más, pero el conflicto se alargó, lo que terminó por quebrar a algunos compañeros.

Apenas tomaron la empresa fueron denunciados por sus dueños Juan Carlos y Carlos Ramón Martínez. La fiscalía ha pedido el desalojo de los obreros y la jueza de la causa, según explican se encuentra a punto de hacerlo cumplir. Recuerdan que ya sufrieron dos allanamientos y muchos de los trabajadores están procesados.

La imprenta se especializa en libros. Narvaéz explica que se le ha pedido –hasta ahora- al Ministerio de Cultura que le deriven algo de la gran producción de libros que demanda para repartir en las escuelas, bibliotecas y otras instituciones.

“Todo lo que pedimos –dicen los obreros de la gráfica- es que nos den un permiso provisorio para seguir produciendo. Qué nos saquen los policías de la puerta que asustan a los clientes. En definitiva, que nos traten como lo que somos, trabajadores que defienden el sustento de sus familias y no delincuentes”.