La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó infinidad de violaciones a las garantías individuales en Honduras por parte de la dictadura encabezada por Roberto Micheletti. La delegación, presidida por Luz Patricia Mejía Guerrero, presentó un extenso informe en el cual confirma la persecución, detención y muerte contra los ciudadanos que reclaman el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya. Asimismo denunció la censura de prensa y la persecución a periodistas. Constató también “la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención”.

La vista de la CIDH se produjo entre el 17 y el 21 de agosto y le permitió comprobar una política planificada de violaciones a los derechos humanos impulsados desde el poder de facto. El documento precisa que entre 3.500 y 4.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por la policía y el ejército durante las manifestaciones para la restitución de Zelaya. En ese contexto la Comisión aseguró que esa violencia derivó en cuatro muertes y decenas de heridos y amplió que la supresión de las garantías individuales y el toque de queda se aplicó sin ninguna base legal.

De igual forma, la CIDH recogió informes sobre maltratos a mujeres, entre ellas violaciones sexuales, como el caso de una mujer, “violada por agentes policiales en (la localidad norteña de) San Pedro Sula.

El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que pudo constatar que “la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil, la suspensión de garantías mediante la implementación de un toque de queda que no cumple con los estándares del sistema interamericano y la ineficacia de los recursos judiciales para salvaguardar los derechos esenciales de las personas”. Además, durante su implementación “miles de personas estuvieron atrapadas entre retenes militares sin que existiera justificación.

La Comisión recibió información sobre “la fuerte presencia militar en las escuelas y en la Universidad Nacional y el cierre y ocupación por parte del Ejército de canales de televisión y radio durante el golpe de Estado”. “El control de la información –expresó- se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, la prohibición de emitir la señal de ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado, la aplicación selectiva de cortes de energía eléctrica afectando la transmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado, y agresiones y amenazas a periodistas de medios con posiciones editoriales contrarias al golpe de Estado”.

“Junto con la deslegitimación institucional –continúa el informe- originada por el golpe de Estado que afecta el regular funcionamiento de las instituciones democráticas, la Comisión confirmó durante su visita un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía”.

En este clima de violencia, la CIDH comprobó que gobernadores, diputados, alcaldes y líderes sociales que habrían exigido la restitución del Presidente constitucional fueron objeto de “represalias, amenazas, actos de violencia, cortes presupuestarios y ocupación militar de las instalaciones públicas donde desempeñan sus labores, entre otros. En particular, la familia del Presidente Zelaya informó sobre los hostigamientos y la campaña de desprestigio que afectan a todos sus miembros”. Y varias marchas que se vienen sucediendo desde el 28 de junio de 2009 “fueron disueltas por la fuerza pública, tanto policial como militar, dejando como consecuencia muertes, torturas, malos tratos, cientos de heridos y miles de detenciones arbitrarias” y verificó la delegación que “hombres, mujeres y ancianos mostraban moretones en diversas partes del cuerpo y escuchó varios relatos de personas que fueron objeto de vejación y tortura”.

“Un afectado que rindió testimonio ante la Comisión relató que se había desplazado hacia la región aledaña a Las Manos, cerca de la frontera con Nicaragua, a fines de julio. Elementos militares detuvieron el autobús en que se desplazaba a la ciudad fronteriza de Las Manos, departamento de El Paraíso, y les obligaron a devolverse después de someterlos a vejaciones e insultos; cuando lo hicieron, los militares dispararon y una bala le impactó en la oreja arrancándole un pedazo. Inicialmente, no lo quisieron atender en el hospital diciendo que era terrorista”, se lee en otro de los párrafos del informe.