Según explicó el secretario general de la CTA de Gualeguaychu, Alejandro Ceballos, si en algo están de acuerdo a los dos lados del charco es en no reconocer el derecho de agremiación de los trabajadores del organismo.

El dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) entrerriano explicó que "con los compañeros de la central obrera uruguaya realizamos un escrache frente a la sede de la Comisión para demandar que se termine con esta discriminación, cuya gravedad se ve subrayada, en razón de que la comete el estado".

La Comisión Administradora del Río Uruguay es un organismo internacional creado por Argentina y Uruguay como concreción de la voluntad de ambas en institucionalizar un sistema de administración global del Río Uruguay en el tramo del mismo que comparten. Fue constituida por el "Estatuto del Río Uruguay", suscrito entre ambos países platenses el 26 de Febrero de 1975 y tiene como principal antecedente "El Tratado de Limites del Río Uruguay" del 7 de Abril de 1961.

El propósito de su creación responde, según sus estatutos , a la idea de contar con un mecanismo idóneo para un "óptimo y racional aprovechamiento del Río"

Según Ceballos “en Uruguay se basan en un dictamen de la Cancillería según el cual, los trabajadores de la comisión binacional no pueden estar afiliados. El Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino se pronunció en el mismo sentido”.

"Nosotros -explica Ceballos- exigimos, si es necesario, que se cambien las reglamentaciones internas de la Comisión ya que estas no pueden violar derechos constitucionales".

Ahora de lado argentino, junto a una delegación de compañeros de la central obrera del Uruguay, este viernes 28, vamos a hacer lo mismo: escrachar a los que no nos permiten ejercer el mínimo derecho de estar afiliados a un gremio, organizados para defender nuestros derechos.

Ceballos explica que hay contratados con más de ocho años de antigüedad cuya situación laboral no ha sido regularizada. Recuerda que se les da a los trabajadores “ unos pesos extras para que se peguen la obra social y la aseguradora de riesgos de trabajo ¿Qué seriedad se puede tener para combatir el trabajo en negro cuando se permiten estas cosas en el mismo Estado?", se pregunta.