A 40 años del Cordobazo, la reacción del poder político y judicial local a las protestas de los sectores estatales más combativos ha sido contundente. Medio centenar de activistas gremiales han sido procesados –acusados de vandalismo- y tanto el ejecutivo provincial como el municipal instaron a la justicia a intervenir directamente en los conflictos. Algunos gremios implicados denuncian que forma parte de una operación política para instalar entre los trabajadores el temor a realizar nuevas protestas, en tiempos donde el ajuste financiero marca las políticas públicas cordobesas.

“El Ejecutivo cordobés predica que su objetivo es mantener la paz social pero actúa sobre las consecuencias y no en función de las causas que generan la reacción de los trabajadores. Quieren amedrentar”, señaló Oscar Mengarelli, secretario General de CTA Córdoba. En igual sentido se expresó Rubén Daniele, del Suoem, al quejarse de las detenciones de activistas de su gremio durante el reciente conflicto con el intendente Daniel Giacomino.

La pata judicial de la estrategia salió a la luz en agosto de 2008, cuando el fiscal Enrique Gavier ordenó detener, de noche y con personal del Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía -como si de terroristas se tratase-, a 19 activistas gremiales que participaron en los incidentes en inmediaciones de la Legislatura en rechazo a la ley de ajuste previsional que impulsó el gobernador Schiaretti. El funcionario justificó el accionar, que la Constitución Nacional rechaza salvo en situaciones excepcionales, porque prevenía la fuga de los detenidos. En su momento hubo fuertes críticas a la actuación judicial, que recordó por el despliegue, las capuchas y la vehemencia con que se desarrolló, a la metodología de los grupos de tareas parapoliciales. “Todo estuvo controlado según la ley”, sostuvo el fiscal.

Pero Martín Fresneda, uno de los abogados de los procesados, acusó al gobierno de Córdoba de criminalizar la protesta social. “Hace uso de la Justicia para contener reclamos que la ineficiencia del Ejecutivo no logra realizar. Cuando los sectores entran en conflicto el gobierno no tiene solución. Desde la identidad histórica, y por lo tanto es de necios negarlo, la protesta tiene una matriz que refleja la angustia, el disgusto, la bronca. Pero al no poder conciliarla desde la gestión terminan pidiendo auxilio a la Justicia, que actúa funcionalmente al Poder Ejecutivo.

Nosotros recusamos al fiscal porque no tiene objetividad para investigar. Estas causas no pueden sacarse del entorno político. Tratan de aislarlas aunque se trata de acciones colectivas que generan desorden pero que no tienen como propósito la comisión de un delito, sino defender derechos fundamentales de la clase obrera que fueron groseramente afectado con la sanción de la ley de ajuste previsional”, reflexionó Fresneda.

Gavier entiende que los incidentes del año pasado fueron organizados colectivamente y con la intensión de intimidar a la población en general y así hizo el pedido de elevación a juicio. Pero La semana pasada el juez de control Gustavo Reinaldi rechazó el planteo y consideró que la forma en que quiere juzgar el fiscal a los gremialistas interpretación puede afectar el derecho de la manifestación colectiva. “Tampoco sería lícito ni deseable restringir derechos constitucionalmente amparados (como el derecho de reunión, de peticionar ante las autoridades, de opinión, etc.) con el argumento de que generan contextos propicios para la comisión de delitos”, dijo el magistrado en su resolución.

Consecuencias del ajuste

Los dos conflictos que desataron la furia de los gremios estatales están relacionados con quitas de dinero que se realizaron a los trabajadores estatales en el marco de la debacle financiera que tienen inmersas las administraciones de Juan Schiaretti y Daniel Giacomino.

Los dos resolvieron mejorar las cuentas afectando los intereses de los trabajadores, cortando el hilo más delgado. Ya Rubén Daniele había avisado que lo ponían en un “callejón sin salida”, dando a entender que los sectores más combativos del Suoem pondrían toda su furia en las calles. “Parece que les rebajan los sueldos apropósito a los muchachos del Alto”, dijo en declaraciones periodísticas en medio del fragor del conflicto por los recortes de haberes con Giacomino.

Cuando los canales de diálogo están cerrados ante esa especie de desgracia del destino, como suelen presentarse los ajustes al ingreso de los trabajadores –discurso que remite al neoliberalismo más ortodoxo de los ’90-, surgen las marchas, los vidrios rotos, las bombas de estruendo, la represión policial y los procesos judiciales como corolario inevitable.
“Nos obligan a discutir cómo sacamos a los compañeros de la cárcel, que es un consecuencia de los ajustes, en vez de negociar las causas que motivan las protestas”, se quejó Daniele.

No son pocos los gremialistas que en Córdoba han sido imputados por protagonizar protestas callejeras. Guido Dreizik, Secretario General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA) también fue procesado por realizar un corte de media calzada de la avenida La Voz del Interior, donde el diario del mismo nombre tiene su sede, en el marco de una discusión salarial en junio de 2007. El matutino del Grupo Clarín lo acusó, junto a los dirigente gremiales más, de atentar contra la libertad de expresión porque detuvo durante un par de horas la salida de los camiones de la planta impresora.

“Ellos criminalizan porque es preventivo en función de generar temor a nuevas protestas. También genera la sensación que hay un arbitro que tolera que los trabajadores se quejen pero no que peleen. Con esa composición se le quita legitimidad a la protesta social y cumple con el mandato de poner en caja las relaciones sociales. No permite que la protesta pase los límites de la tolerancia e impide que crezca la movilización”, dice Dreizik.

Finalmente el dirigente fue sobreseído junto a los otros procesados, que debieron sin embargo sufrir la imputación durante un año y medio, lo que les impidió salir del país. Pasado el tiempo, y ante los nuevos procesamientos que se produjeron por las manifestaciones de los estatales, Dreizik analiza que en Córdoba “peticionar contra el Estado para obligarlo a cambiar políticas establecidas constituye un hecho subversivo”.

Demonizar a los gremios

Según se mire, los medios de comunicación hegemónicos alimentaron la demonización de los sectores obreros estatales. El domingo pasado el diario La Voz del Interior calificó en su editorial de ‘guerrilla urbana’ las protestas que derivaron en refriegas callejeras, parafraseando al Manhattan Institute instigador de la tolerancia cero. “La pregunta que todos se hacen es ‘hasta cuándo’”, reflexionó el importante matutino local, tomándose en serio la sátira de Diego Capusotto a los informativos reaccionarios de más bajo pedigree.

“La prensa cumple un rol fundamental para crear la idea del criminal social. Fue claro lo de La voz del Interior y Cadena 3. Así se legitima la represión ante los ‘vándalos que rompen la ciudad’, pero deja en un plano secundario las causas que originan el conflicto”, aseguró Tomás Di Toffino, procesado por las protestas de 2008 cuando los gremios rechazaron el ajuste al sistema provisional en la provincia. “Reflejan la palmera incendiada pero se olvidan de los derechos sociales que menoscabó la reforma de Schiaretti, perjudicando los jubilados y a los activos que se jubilen en el futuro”, señala el gremialista. Di Toffino asegura que no participó de los incidentes y que fue detenido en un claro mensaje sobre lo que les puede pasar a los que rechacen políticas de ajuste.

Más duro estuvo el Secretario General del gremio de prensa, Guido Dreizik, al afirmar que los medios cordobeses “reflejan lo que sus dueños quieren que reflejen. Son los grandes propagadores de la realidad virtual, nos quieren hacer creer que las políticas de los 90 son buenas. Son empresas ideológicas que constituyen el nuevo opio de los pueblos”.

Fiscal Gavier: “Actuamos con celeridad”

Algunas críticas señalan que su investigación apunta a criminalizar o judicializar la protesta social.

Creo que es un error de interpretación. La protesta tuvo muchos manifestantes de forma pacífica, pero han sido reprochados como hechos punibles aquellos casos donde deliberadamente importaron que la protesta tuviera un carácter violento e intimidatorio para la población.

La oportunidad de la elevación a juicio se produjo en medio del conflicto del Suoem con la municipalidad.

Esa es una apreciación. Nosotros actuamos con celeridad conforme al proceso.

Hubo críticas a la forma que se llevaron a cabo las detenciones el año pasado.

Es cierto que hubo controversias pero los allanamientos fueron realizados con ‘habilitación de hora’, regla constitucional que permite actuar así en algunos casos. Entiendo que este caso se ajustaba.

A pesar de ser empleados con trabajos fijos...

Si, igual así. Debo aclarar que tuvo control judicial.

Intervino también el Departamento de Inteligencia Criminal de la policía (cuerpo especial para delitos complejos) como si fueran delincuentes peligrosos...

Si, por la cantidad de detenciones que debían realizarse. No hay una unidad judicial que pueda hacer la cantidad de procedimientos simultáneos que hicimos.

Dos detenidos son hijos de desaparecidos y un procedimiento nocturno implica un trauma severo para las familias que debieron presenciar las detenciones...

Eso lamentablemente puede ser cierto. Pero en el caso puntual nosotros no podemos distinguir a las personas que se someten a proceso y en segundo lugar no teníamos conocimiento de esa situación.
Son Tomas Di Toffino, de Luz y Fuerza, y José Luís Cordero, de Suoem.
Sinceramente desconocía que tuvieran esa situación.

El caso de Di Toffino es público y notorio. Su padre fue un dirigente de Luz y Fuerza cercano a Agustín Tosco desaparecido en la dictadura...

Bueno yo tengo 40 años, no estoy al tanto de lo que sucedió en aquellos años duros.

¿Hubiese actuado distinto si lo hubiera sabido?

No. Tenemos que hacer una actuación objetiva.

La defensa dice que hace un abuso del instrumento jurídico con fines represivos...

No es así, llevamos adelante la investigación en aras de conocer la verdadera magnitud de los hechos, identificando a los responsables, en la absoluta certeza que los hechos han sido delictivos. El ministerio público lejos está de restringir el derecho a la protesta sino encauzarlos en forma pacífica con el objetivo de motorizar la paz social, los bienes del Estado y los particulares.

Estos hechos la desvirtúan.