Vecinos del asentamiento “Colinas del Sol”, ubicado en 141 desde 472 a 478 de Gorina, firmaron un acuerdo con el gerente general de Ferrobaires, Contador Eduardo Gnarini, solicitándole al juez César Melazo que “se sirva disponer la suspensión de la medida de lanzamiento-desalojo que dictara”, dado que dicha medida “lejos de solucionar un eventual problema, lo único que provocaría es profundizar y agravar la situación de vulnerabilidad social en que viven los moradores del predio”.

El acuerdo fija un plazo de un año para lograr un entendimiento definitivo y “regularizar la condición dominial o la posesión o tenencia de los inmuebles afectados, de acuerdo con las particularidades que cada caso presente”, y aclara que durante su vigencia “la posesión de los mismos por parte de sus actuales poseedores cuenta con el permiso de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial”.

En la misma acta, Ferrobaires aclara que ya le realizó una presentación judicial a Melazo en el mismo sentido. Cabe recordar que el juez había ordenado el desalojo fundado en una denuncia de un particular sin relación con la propiedad de los terrenos, y en base a una causa ya prescripta. “Es increíble que un juez haya hecho esto contra la voluntad de las propias partes involucradas”, manifestó el abogado Marcelo Ponce Núñez, coordinador del equipo jurídico de la CTA-provincia y letrado patrocinante de los vecinos, y admitió que “se está estudiando la presentación de una denuncia por mal desempeño en sus funciones”.

Para los afectados, la insólita conducta del juez tendría un fundamento oculto: el asentamiento es lindero con un importante country de la zona, y desde hace un tiempo se construyen lujosas residencias particulares calle de por medio, incluyendo las de otros dos conocidos magistrados de La Plata. Detrás de la aparentemente inexplicable conducta del juez existiría una fuerte presión de estos “nuevos vecinos” con importante peso socioeconómico en la ciudad, para expulsarlos y transformar el barrio en una zona exclusiva, sin cabida para los sectores populares.

Cabe recordar que se trata del tercer intento de desalojo que sufren estas familias. En las ocasiones anteriores, la orden llegó en un marco de de amenazas y hostigamiento hacia la gente por parte de la policía, cortándoles la luz y el agua, ejerciendo distintas presiones por las que algunas familias terminaron desarmando preventivamente sus casas y abandonando el predio ante la posibilidad de represión.

Fuente: www.ctabsas.org.ar