Chubut Amparados en una supuesta orden judicial, unas 200 familias fueron arrojadas de sus viviendas instaladas en un asentamiento precario de Trelew, el barrio Los Aromos. Fue de madrugada. Mujeres y niños fueron sacados a empellones de sus humildes casas. Después vinieron los gases y palos.

Por último aparecieron topadoras y camiones de la municipalidad que ante la impotencia y la desesperación de los habitantes del barrio pasaron por arriba de todas sus pertenencias rompiendo las humildes construcciones de chapa, madera y telgopor.

Ante algunos focos de resistencia, la policía cargó contra quienes le arrojaban piedras. Se escucharon detonaciones y por lo menos 9 personas debieron ser hospitalizadas. Varios dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado y otras organizaciones acudieron a lugar para tratar de detener los incidentes.

Según explicó Paz, el mismo día en Rawson la policía montada cargó contra trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado cuando intentaban ingresar en la Casa de Gobierno provincial. Los acompañaban trabajadores de la Construcción, la Pesca y otros sindicatos en conflicto.

El dirigente de la CTA explicó “desde que afirmó que pensaba candidatearse como a presidente el gobernador, Mario Das Neves piensa que detrás de toda lucha de los trabajadores hay un intento por perjudicar su carrera política. Debería poder separar. Nunca se ha reprimido como en estos días”.

“En cuanto a los desalojos. No solo no se justifica su brutalidad sino que se debería entender también que gobernar es darle a la gente la posibilidad de una vivienda digna. Las tierras fiscales deberían tener como prioridad, dar techo a los más humildes. Nada puede justificar lo que han hecho”, afirmó el secretario general de la CTA.

Nucleados en una «Coordinadora contra la represión», un conjunto de organizaciones marchara hoy parta repudiar los hechos. Los manifestantes, entre los que figura la CTA, dijeron que "la idea es hacer un repudio a la represión, se va a leer un documento único de todas las organizaciones que convocan y seguramente habrá un orador de los compañeros que fueron reprimidos".

El documento de marras afirma textualmente:

"La Coordinadora de Organizaciones Sociales Contra la Represión manifiesta públicamente su repudio a los hechos de violencia ejercidos por el poder político y la fuerza policial sobre las familias del Asentamiento Dignidad, ocurridos el viernes 28 de agosto en la ciudad de Trelew.

La brutal represión desatada contra esas familias constituye una grave violación a los derechos elementales y pone alerta a toda la sociedad ante la actuación de un Estado que recurre a la violencia sin límites como método de gobierno.

Desde las 7 de la mañana de ese día, se hizo efectivo un desalojo a sangre y fuego, ordenado por el poder ejecutivo municipal sin al intervención de una orden desde Poder Judicial.

La precaria orden emitida por el Juez de Faltas Municipal, Marcelo Gálvez, violó el principio de negociación que proponía la reubicación de las familias en otros loteos suburbanos.

El valiente acto de la fuerza pública sobre esas familias contó con la participación de distintas unidades de la policía provincial, como el siniestro GEOP, la caballería montada, la brigada canina y fuerzas de infantería; y como si estas fuerzas armadas fueran insuficientes para la tarea, también contaron con el apoyo de las bandas dasnevsitas instaladas dentro de puestos claves del Estado provincial y municipal que acompañaron el accionar policial agrediendo e insultando a los vecinos indefensos. Ellos se encargaron de prender fuego las precarias viviendas y de destruir lo poco que ahí se había levantado.

El saldo de este patriótico acto del Modelo Chubut en tierras del intendente Mac Karty, ha sido el de decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad extrema, como el caso del vecino Sandro Severo, quien recibió politraumatismos graves, con riesgo de pérdida de un ojo, tras los golpes con un bloque de cemento.

La hazaña de la fuerza se descargó también sobre mujeres y niños allí presentes que huían en estado de shock sin saber adónde ir. En pocos minutos el asentamiento se convirtió en un campo de operaciones para el incendio, el despojo y la violencia que ni siquiera respetó la presencia de Defensores Oficiales del poder Judicial, ni a abogados particulares, o al diputado Urbano, quienes intentaban mediar ante la brutal represión desatada.

La intolerancia

Nada de lo que ahora digamos se parecerá a las escenas de golpes y miedo vividas durante esa mañana por los vecinos. La impaciencia del poder prefirió derribar familias, agotar el diálogo y poner en escena su costado más violento.

Desde aquí, denunciamos la absoluta y total responsabilidad del poder político en estos hechos. Su falta de voluntad para mediar en los conflictos que genera la pobreza los ha llevado abiertamente a la práctica del garrote, al gatillo fácil, al uso de una policía que se ceba cada vez más en reprimir con extrema dureza a los más necesitados. Una falta de voluntad política que alienta el uso de la fuerza, incluyendo bandas mafiosas que alimenta con cargos o migajas en reparticiones del Estado.

¡Qué poca paciencia esgrimen con los pobres!

Y, al contrario, ¡Qué infinita bondad tienen con los poderosos, con sus aliados que no se cansan de saquear nuestra riqueza!

El conflicto generado en el Asentamiento Dignidad, bien podría haber sido materia de trabajo para el Concejo Deliberante; o motivo de reflexión social para convocar a una mesa de diálogo, o pensar seriamente en la emergencia habitacional que viven miles de familias que no tienen “ciudadanía” para merecer una casa del IPV.

Ninguna de las familias o integrantes de asentamiento Dignidad es delincuente, son trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos desocupados, sub- ocupados con contratos basura, con trabajos en negro; vecinos con una realidad de padecimientos que no les otorga el estatus de “ciudadano con pleno derecho a una vivienda oficial”, ni a préstamos bancarios. Son sólo vecinos castigados por exclusión. Vecinos que no tienen lo mínimo y necesario para vivir dignamente, nada menos que eso.

Derechos Humanos y “propiedad”

Sobre ellos, sobre estos vecinos castigados por la pobreza, en vez de la comprensión, en vez del diálogo o la mediación, la respuesta ha sido, una vez más, la violencia policial, como doble castigo por reclamar.

Un castigo ejemplar para que nadie se atreva a organizarse y pensar que el Derecho a un pedazo de tierra, pueda tener más valor que la “propiedad privada del Estado”, defendida a balas, a palos y fuego.

Venimos de denunciar ante organismos de Derechos Humanos, como la APDH y CORREPI, que el orden dasnevista ya no respeta la vida humana. A los últimos hechos producidos en Trelew, se suman las decenas de casos de recurrentes violaciones como en Corcovado recientemente, o las palizas y desaparición de jóvenes en comisarías.

Aquí no hay excesos policiales: Hay, claramente, una política de mano dura, de criminalización de la pobreza y de todos aquellos actores sociales que enfrentan al Modelo.

Este poder político ha creado verdaderas situaciones de estado de sitio contra los habitantes, ayer fue Corcovado y hoy es el Asentamiento Dignidad de Trelew, donde acaba de mostrar su costado más perverso, usando con alevosía las fuerzas del Estado y sus patotas para reprimir a un centenar de familias desposeídas.

Desde la Coordinadora contra la Represión advertimos que el agotamiento del diálogo y de la voluntad política para resolver conflictos, han llevado al poder político a esta sistemática violación de los derechos humanos, agrediendo desde el Estado a la población civil.

En este contexto de violencia política y policial el gobierno de Das Neves invirtió este mes cinco millones de pesos en chalecos antibalas, indumentaria policial, cámaras filmadoras y otros elementos antimotines como “500 bastones de policarbonato, 600 cascos anti tumulto, 300 protectores de brazos y piernas, cientos de escudos y bastones anti disturbio; aduciendo que "Lo importante es fortalecer la capacidad operativa de nuestra fuerza para que sea respetada por la sociedad”.

Los vecinos del Asentamiento Dignidad de Trelew ya saben ahora que esa idea de respeto sólo significa mayor represión y humillación para los desamparados y los que luchan.

El rol de los medios y la verdad

Bien sabemos que la responsabilidad política de la violencia cuenta con el apoyo de sus llamados “formadores de opinión “ que desde cómodos lugares de prensa divulgan verdades a medias, acusan a los vecinos de usurpadores, de delincuentes, y crean un consenso social que pretende para justificar la violencia.

Voceros del facilismo oficial con espacios de radio y centímetros de diarios dedicados a saturar la conciencia pública con el miedo a los más pobres; a alimentar el fantasma de la inseguridad para no hablar de la injusticia, o de la violencia de clase que padecen los que no tienen techo, ni créditos oficiales, ni trabajos seguros, ni obra social para sus hijos.

Esos comunicadores son los que alienta el poder para que, desde la comodidad de los hogares, se hable de inseguridad en vez de exclusión, de miedo en vez de solidaridad, de rechazo en vez de comprensión.

El problema habitacional en las principales ciudades del Chubut, es más grande que el de los cien vecinos expulsados a balazos; quien crea que se trata de un puñado de delincuentes sólo debe preguntarse donde vivirán sus propios hijos el día que deban formar sus hogares.¿Serán tratados como delincuentes si no logran acceder a una casa del IPV?

Llamamos a la sociedad a un mayor acto de comprensión que el que proponen los voceros del garrote. Nada justifica el abuso de las armas sobre la sociedad civil y mucho menos sobre aquellos que sufren.

Por todo lo dicho, por la responsabilidad política de los hechos de violencia ejecutados por el Estado el viernes 28 de agosto de 2009 en Trelew:

Exigimos la renuncia del Intendente Gustavo Mac Karty.

Exigimos la renuncia de su Secretario de Gobierno Lali Mazza.

Exigimos la renuncia del Juez de Faltas Marcelo Gélvez, por “avalar” con una orden municipal el desalojo que permitió la brutal represión desatada en el Asentamiento Dignidad.

Exigimos la renuncia del Subsecretario de DDHH de la Provincia, Juan Arcuri, por el absoluto desamparo de la sociedad civil ante la violación sistemática de los DDHH que ejerce el Poder Ejecutivo.

Exigimos la renuncia de la Dra. Ponce por negarse a atender humanitariamente a los vecinos heridos y, en cambio, agredirlos con acusaciones.

Hacemos un llamamiento a todos los sectores sociales a no aceptar la violencia del Estado como modo de hacer política.

Llamamos a todos los partidos políticos, con o sin representación parlamentaria, a fijar su posición ante estos graves hechos que lesionan la vida democrática y los derechos elementales al reclamo justo.

Lamamos a construir una herramienta política de amplio consenso que impugne la violencia desatada en Chubut desde el Estado.

Exigimos que se declare la Emergencia Habitacional en Chubut.

Advertimos la urgente necesidad del diálogo entre diversos sectores sociales, políticos y religiosos para actuar con seriedad, desde el consenso y el respeto humano, ante los problemas de la pobreza.

Nuestra solidaridad con los vecinos del Asentamiento Dignidad, y con cada una de las víctimas de la violencia del Estado y de sus patotas.

Por la construcción de una amplia fuerza social organizada que ponga freno a los violentos.

Por Justicia y plena vigencia de los Derechos Sociales en Chubut".