Estarán presentes Horacio Meguira, director de Observatorio Jurídico de la CTA, Luís Reinaudi, en representación del Colegio de Abogados de Córdoba, Oscar Mengarelli, secretario General de CTA Córdoba y Cecilia Pérez Correa, abogada de CTA Córdoba.

En la oportunidad, se debatirá sobre la condena con costas que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia impuso a Pérez Correa a raíz de una causa judicial donde la letrada representó a un ex trabajador de la firma Renault.

La CTA denunció al TSJ por tener una actitud discriminatoria con la abogada, a través de un escrito presentado por nuestro secretario General Hugo Yaski, el =bservatorio Jurídico interpuso una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Colegio de Abogado de Córdoba se presentó como amicus curiae ante el TSJ, denunciando que se ha afectado el derecho a la defensa.

La convocatoria es abierta para todo el público interesado.

Presentación de la CTA

Con fecha 29 de julio de este año la CTA Nacional se dirigió a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti para denunciar la gravedad de esta situación. A continuación, el texto completo de la misiva:

"HUGO RUBÉN YASKY, Secretario General de la Central de los Trabajadores de la Argentina y HORACIO DAVID MEGUIRA, ABOGADO, Director Departamento Jurídico de la Central de los Trabajadores de la Argentina, nos dirigimos a Ud. en razón de la sanción ordenada por el Tribunal Superior de Justicia en contra de nuestra Asesora Legal de la Central que representamos y miembro del Observatorio Jurídico-CTA Dra. Cecilia Pérez Correa, por la cual personalmente debe afrontar el pago de las costas del juicio “CONCI RAUL ALBINO c/ RENAULT ARGENTINA S.A. – ORDINARIO (Ley de Riesgos) ” Expediente Nº 5609/37.

De la sola lectura de la sentencia que condena a nuestra abogada, surge la falta total de fundamentación, la intencionalidad de sancionarla sin tratar siquiera el recurso que interpusiera, como los groseros errores legales en cuanto a las normas citadas que nada tienen que ver con el caso de que se trata.

Es claro que lo que intenta el Tribunal Superior es amedrentar, impedir que se ejerza el derecho constitucional a ser defendido en juicio, a presentar los recursos que la misma ley ha creado, para lograr el reconocimiento de los derecho del trabajador ante la justicia y además, bloquear la llegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dichos reclamos.

Precisamente la condena se impone, cuando la abogada de la CTA se encuentra defendiendo a los trabajadores despedidos de IVECO, cuando se ventilan casos similares a los que permitieron que la empresa Renault Argentina S.A. echara a 857 y no les pagara las indemnizaciones por despido, causa que en la actualidad se encuentra en la Corte para que esta resuelva, luego de que el Tribunal Superior de Córdoba rechazara las demandas de los trabajadores.

A esta causa se remite expresamente el Tribunal Superior cuando condena a la Dra. Pérez Correa, en esa resolución de una hoja, para que no queden dudas del mensaje aleccionador que emite: no más casaciones en contra de las automotrices, quien lo haga deberá pagar el costo de hacerlo.

De no revisarse la aplicación de estas sanciones producto del ejercicio autoritario de la más alta magistratura, los trabajadores además de soportar el costo de las crisis, también tendrán que aceptar la pérdida del derecho a ser oídos, a la defensa en juicio y con ello a los derechos constitucionales consagrados de manera fundamental en el art. 14 Bis de la Constitución Nacional en cuanto garantiza que el trabajo gozará de la protección de las leyes; estos derechos quedarán en suspenso por la imposibilidad de lograr judicialmente su reconocimiento, de hacer efectivas la garantías de la debida defensa en juicio del art. 18 de la Constitución Nacional

No resulta casual que la condena se imponga también, cuando la abogada de la CTA ha defendido enérgicamente los legítimos reclamos de los empleados del Poder Judicial en conflicto, con especial énfasis en ocasión del último conflicto salarial con el TSJ.

Ante la gravedad de la situación denunciada, solicitamos que la Institución que Ud. Preside, arbitre los medios para que cese de inmediato la conducta discriminatoria puesta de manifiesto con la persecución en contra de nuestra asesora y nos conceda una audiencia a los fines del tratamiento del tema motivo de la presente".