Participaron por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Rinaldi y la Directora Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Victoria Martinez.

Durante el encuentro, se planteó a los funcionarios la necesidad de participación desde la CTA en los ámbitos deliberativos del Mercosur, como por ejemplo el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos.

Según explicó la Directora Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Victoria Martinez, éste es un espacio recientemente aprobado, que estiman comenzará a funcionar en el año 2010 y va a ser un instituto que va a “dar impulso a las políticas públicas reforzando lo que se hace con enfoque de Derechos Humanos".

Y añadió: "Ya estamos pensando en cómo desde los sectores de la sociedad civil y los demás actores podemos apuntalar lo que se hace desde ahí para reforzar lo que queremos instalar desde las políticas públicas. Eso es algo que con más tiempo podemos trabajar en forma conjunta y ver los aportes y estrategias que nos podemos ir dando”.

En relación al tema de la adolescencia y la niñez, Peidro expresó el rechazo y la lucha que viene llevando a cabo la CTA contra el proyecto de Ley de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que pretende, entre otras cosas, bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

“Esto coloca a los niños y jóvenes en una situación de victimarios, cuando en realidad son víctimas de un sistema social injusto y expulsivo. Queremos políticas públicas de inclusión y protección, no políticas de seguridad”, declaró Peidro.

Al respecto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación justificó que apoyan un sistema diferenciado de penalidad juvenil, que “sin embargo no es en los términos de políticas de seguridad, tal como se ha instalado el debate. Nuestro temor es que una vez que se discuta articulo por articulo, que sea solo una cuestión de bajar la edad de imputabilidad”.

En cuanto a la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impulsado por la CTA junto a la CSA-CSI, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación explicó que se trabajará en este sentido en la próxima reunión de autoridades del MERCOSUR.

Y destacó la importancia que tendría la participación de las organizaciones sociales en esta instancia, ya que “sería interesante ver como monitoreamos no solamente la ratificación sino los mecanismos internos para monitorear su cumplimiento”, explicó Rinaldi.

Entre otros temas, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Nacional, también se expresó el reclamo por la descriminalización de la protesta social y desprocesamiento de los luchadores sociales, la necesidad de relanzar la campaña de búsqueda de Jorge Julio López, de avanzar en la investigación por el caso Emiliano Arruga y de investigar con mayor decisión política los múltiples atentados sufridos por el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo.