Rubén Ortiz, secretario general de la CTA de Montecarlo y Juan Carlos Di Marco, fueron denunciados por la Gendarmería Nacional y el gobierno provincial a través del Ministro de Gobierno en febrero último. El expediente se instruye en el juzgado Federal de Eldorado. El miércoles los tareferos harán una caminata de 30 kilómetros hasta el ANSES de Eldorado para reclamar por los descuentos compulsivos y en repudio al procesamiento.

En medio del escándalo por el descuento compulsivo de las asignaciones familiares y las ayudas escolares a los tareferos operado por el ANSES tras lo que el organismo califica como una maniobra fraudulenta contra el Estado en la que estarían involucrados contratistas, contadores y punteros del poder político local, se conoció este fin de semana la decisión del juez federal de Eldorado Mario Hachiro Doi de procesar sin prisión preventiva a los dirigentes sociales Rubén Ortiz y Juan Carlos Di Marco, quienes fueron denunciados en febrero último por la Gendarmería Nacional y el propio Ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Franco, como instigadores de la protesta que puso en escena la desesperante situación que atraviesan los tareferos durante la inter-cosecha sobre todo aquellos que trabajan en negro. Situación que en la zona alcanza a casi el 70 por ciento de los trabajadores rurales que emplea la cosecha de la yerba mate.

La causa cobró estado público el 12 de febrero del 2009 cuando el juez federal ordenó la detención del dirigente de la CTA, Rubén Ortiz, y su traslado a dependencias de la Gendarmería Nacional en Eldorado en el marco del reclamo por un subsidio de 225 pesos para el periodo de la inter zafra que protagonizaron los tareferos de esa zona durantes los primeros meses del año.

Tras la detención de Ortiz se conoció la tramitación del expediente Nº M-44/2009 caratulado "JEFE SEC MONTECARLO DE GENDARMERIA NACIONAL S/COMUNICA CORTE TOTAL DEL CORREDOR VIAL RUTA NACIONAL 12 KILOMETRO 1519”, denuncia a la que se sumó posteriormente una presentación hecha por el propio estado provincial a través del Ministro de Gobierno Jorge Franco, en un hecho que consideran sin precedentes en la judicialización de los reclamos sociales en todo el país. Tiempo después se conoció la imputación también de Juan Carlos Di Marco en la misma causa.

Desde el Movimiento Social Misionero denunciaron este hecho como un claro avance de los poderes del Estado hacia la criminalización de la pobreza y la protesta social y la violación de los derechos que como tal debe garantizar. “El Estado ensaya con los tareferos y sus familias una de las formas más perversas de criminalización de la pobreza y de disciplinamiento social. Les retira todo tipo de asistencia, tolera las formas más obscenas de violación de sus derechos laborales y sociales y además criminaliza cualquier intento de protesta, de búsqueda de hacerse visibles. Una visibilidad que apela a la sensibilidad de todos los sectores de la sociedad como alternativa a la muerte silenciosa y resignada a la que pretenden condenarlos los estados provincial y nacional. Pero además deja en claro que toda muestra de solidaridad será tratada en términos de delito, por eso los procesamientos de los referentes de la CTA y del Movimiento Social de Misiones, un ejemplo claro de la política provincial y nacional para garantizar que el abandono sea total”, destacaron.

Rubén Ortiz, secretario general de CTA de Montecarlo y Juan Carlos Di Marco, Coordinador Técnico Operativo del Proyecto Asesoría Jurídica de Endepa –Equipo Nacional de Pastoral Aborigen-, ambos integrantes de la Mesa de Conducción del Movimiento Social de Misiones, fueron procesados por Hachiro Doi por los presuntos delitos “de instigación a cometer el delito de interrupción del normal funcionamiento de transportes por tierra e interrupción del normal funcionamiento de transportes por tierra en concurso real. art. 209, 194 y 55 del C.P de conformidad a lo establecido en el artículo 306 del CPPN y 45 del CP”.

En la misma notificación el juez da cuenta de un embargo de 7 mil pesos ordenado sobre los bienes de cada uno de ellos. Los cita además a comparecer ante el juzgado con sede en Eldorado el próximo 17 de septiembre a las 9.00.

Marcha de tareferos hasta el ANSES

El procesamiento de Ortiz y Di marco llega en el momento en que los tareferos vuelven a manifestarse pero esta vez en contra de los descuentos compulsivos de las asignaciones familiares y ayudas escolares que produjo el ANSES.

Medida que afecta, en principio, a más de 200 trabajadores. Este fin de semana los trabajadores acordaron una marcha para el día miércoles hasta la sede del organismo nacional en la ciudad de Eldorado.

Una caminata que recorrerá más de 30 kilómetros y que denunciará la situación extrema en la que se encuentran estas familias y que se ve agravada profundamente a partir de la decisión tomada por el ANSES, coincidirá también con la presentación de un recurso de amparo que están discutiendo los trabajadores y que será acompañada por la CTA local y el Movimiento Social de Misiones.

El mismo buscará frenar los descuentos hasta tanto pueda resolverse la cuestión de fondo. La marcha repudiara también el procesamiento de Ortiz y Di Marco.