
Por Mariano Vázquez. Esta norma sancionada la semana pasada por el Parlamento uruguayo modifica de raíz las relaciones laborales entre el sector gremial y el empresario, consagrando la protección de la actividad sindical y los fueros para los dirigentes y afiliados. Otro de los puntos es el que instituye la obligación de reincorporar a un trabajador cuando se comprueba que su despido fue a causa de su tarea sindical. Entre otras disposiciones también instaura el descuento por planilla de la cuota sindical y la licencia gremial. Para conocer más detalles, ACTA entrevistó a Juan Castillo, secretario general de la central obrera de ese país.
La Cámara de Diputados del Uruguay aprobó finalmente el jueves 22 la Ley de Fuero Sindical, que ya contaba con media sanción parlamentaria del Senado. Se estima que la norma será promulgada antes de fin de año por el Poder Ejecutivo. Fueron siete meses de arduos debates, no sólo en el ámbito parlamentario, para llegar a esta votación en la que se consagraron derechos sindicales. Esta iniciativa que aboga por la libertad sindical contó para su sanción con los votos de los legisladores del Frente Amplio (FA) y algunos apoyos de la oposición, aunque la línea impulsada por los partidos tradicionales -Nacional (Blanco) y Colorado- fue de oposición a la misma. El proyecto, que por primera vez otorga fueros sindicales a los dirigentes y garantiza la creación de sindicatos sin que sus organizadores puedan ser perseguidos por ese motivo, fue aprobado en algunos puntos de manera unánime.
Este hecho histórico se da en un momento de crecimiento del PIT-CNT. En un país que tiene 3 millones de habitantes y una población económicamente activa de 1.400.000 personas, el 8vo Congreso del PIT-CNT, realizado en octubre de 2003, contó con delegados que representaron a 126.600 trabajadores organizados cotizantes. La cantidad total de adherentes asciende a 150.000, pero no todo cotizaban y estatutariamente quien no está cotizando no puede participar en instancias orgánicas. La Campaña Nacional de Afiliación iniciada en el 2004 concretó 20.000 nuevas afiliaciones y en el 2005 la cifra aumentó a 50.000. En camino al 9no Congreso, programado para mediados de 2006, se espera duplicar el número de afiliados del 2003. “Cuanto más fuerte sea la central sindical más vamos a fortalecer la democracia en nuestro país”, aseguró en diálogo telefónico con ACTA, Juan Castillo, secretario general del Plenario Intersindical de los Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), quien se refirió a la importancia de la nueva ley, los desafíos que ésta representa para el movimiento obrero y los extensos debates que el proyecto dejó.
Castillo, ¿cuáles son las valoraciones que hace el PIT-CNT de la reciente sanción de la llamada Ley de Fueros?
En esta aprobación de una ley de libertad sindical se conjugan varios sentimientos, muchos hechos destacables. El primero de ellos, a mi juicio, es que el artículo 57 de la Constitución de nuestra República, establece, desde hace más de 40 años, que el Estado y los gobiernos de turno deberán promover la organización gremial de los trabajadores. Es decir, que no solamente facultaba a que existieran los sindicatos sino además promovía al Estado como garante de que ésto así ocurriera. Sin embargo, los sucesivos gobiernos nunca lo habían puesto en práctica, nunca se había legislado. Y bien al revés de eso, en los últimos 25 años, en momento de fortaleza de las concepciones neoliberales en nuestro país y en nuestra región, los gobiernos se hacían los desentendidos y dejaban que el sector empresarial tuviera constantemente una práctica de represión y discriminación sindical, generando no sólo mucho conflictos, sino que además, muchos despidos sindicales y los golpes que eso conlleva para que los sindicatos fueran menoscabados. Primer hecho de gran valor es que por fin se hace justicia en nuestro país. Nosotros no entendemos que el gobierno nos esté regalando nada; es un acto de justicia, establecido por la Constitución de la República y reivindicada por más de 20 años de lucha y de movilizaciones.
El segundo hecho, es que tenemos un instrumento en manos del movimiento sindical capaz de garantir que los trabajadores uruguayos pierdan el miedo a organizarse sindicalmente, a militar y a ser un activista sindical y con eso potenciarnos hacia el crecimiento y el desarrollo de los sindicatos y de la central sindical.
¿Qué se les puede decir hoy a los trabajadores organizados y a los ciudadanos sobre este trascendente hecho?
Primero, que tengamos en claro todos los trabajadores uruguayos que la etapa, el momento, el cuarto de hora para los sectores empresariales y los patrones de nuestro país se terminó. Se le terminó la impunidad de la que gozaban para actuar indiscriminadamente, muchas veces con la complicidad de los gobiernos de turno. El movimiento sindical debe seguir creciendo y fortaleciéndose, tanto en cantidad como en calidad, debe ser una cuestión permanente. Por eso la tarea central es seguir organizando trabajadores en sindicatos, seguir fundando sindicatos y tratar, al mismo tiempo, de educar. Es fundamental la formación sindical de los miles y miles de hombres y mujeres que se están integrando hoy al movimiento sindical: que sepan a que movimiento se afilian, cuáles son nuestras reglas de juego, nuestros principios inalterables.
¿Qué análisis hace de los siete meses de debate que llevó la ley y qué en algún momento pareció que haría peligrar el texto impulsado por el PIT-CNT y que, contrariamente, se impusieran las modificaciones impulsadas por el sector empresarial?
Esto no fue gratis; ni siquiera su aprobación final. Hubo que hacer mucha presencia sindical, hubo que hacer mucha movilización. Esto nos ha demostrado que no alcanza solamente con que la izquierda sea gobierno. Nos muestra que estamos bastante lejos de tener el poder. Por eso, las estructuras del movimiento sindical generaron una continua acción de movilización, de reunión, de entrevistas, de gestiones, generando el debate, poniendo en estado público la defensa de los intereses de los trabajadores. Pero, finalmente, fuimos consiguiendo adhesiones y se votó por más cantidad de votos que los propios de la izquierda en el Parlamento. Dejamos que la opinión pública sacara su propias conclusiones, que supiera cual era el pensar y sentir de los sectores empresariales, quienes han quedado muy mal parados en el escenario público en los últimos días. Ellos creen que un poder de este tipo a manos de los trabajadores puede hacer peligrar la estabilidad laboral, la llegada de inversores, la generación de puestos de trabajo; en realidad no entienden que no hay un sector más interesado en que la democracia salga fortalecida que la propia clase obrera. Entonces, con su lógica, no entienden como el gobierno presidido por Tabaré Vázquez hace un acto de justicia propiciando una ley de estas características.
Como efectivamente señala Castillo, la actividad parlamentaria de la ley se extendió por siete meses. Se trató durante mayo en el Senado. Allí se inició este proceso que derivó en la aprobación de la Cámara baja el pasado 22 de diciembre. Primero se votó el proyecto en general y, luego, cada uno de los artículos que lo componen en particular. El proyecto en general fue votado por unanimidad por la izquierda y desprendimientos de los partidos tradicionales. La votación, artículo por artículo, resultó, en algunos casos, avalado por el 100% de los integrantes de ambas Cámaras.
¿También el saldo positivo se dio, entonces, en que el sector de los trabajadores pudo plantear ante distintos actores su posición como clase?
Sin dudas que ese fue un escenario importante. Hay que recordar que el debate comienza a instalarse en el Parlamento en el mes de mayo y, a mediados de julio, se tenía el proyecto elaborado en la Cámara de Diputados y una media sanción aprobada. A partir de allí se generó un fuerte debate público, fruto del lobby que efectivizó el sector empresarial y sectores del partido Nacional y Colorado. Ese fue uno de los puntos más difíciles y el Gobierno colocó entonces una instancia por 60 días de negociación cuatripartita (con representantes del Gobierno, los trabajadores, empresarios y de legisladores). En esos 60 días fue contundente el trabajo del movimiento sindical. Allí logramos derribar, una a una, las dudas que colocaba el empresario; y, además, nosotros fuimos con aportes, con testimonios y con denuncias que eran irrefutables. Terminado ese plazo no quedó lugar a dudas de la urgente necesidad de aprobación de una ley que garantizara que en nuestro país los actos de represión y persecución sindical se declaran a partir de ahora nulos.
¿Qué implica esto para el resto del movimiento sindical?
Esto habla de las nuevas relaciones laborales que se tienen que implantar en el mundo y que se tienen que basar en el respeto. No somos ciudadanos de tercera o de cuarta categoría. La democracia también tiene que entrar en la puerta de las fábricas, de los talleres, de las oficinas. Hemos logrado dar un paso muy grande para que podamos hablar de democracia con un poquito más de propiedad.
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