Aún cuando el trabajo sexual no es delito, quienes lo ejercen son llevados presos por aplicación del artículo 45 que contiene la figura del “escándalo”. Un proyecto de ley presentado por el legislador provincial Roberto Birri propone su derogación.

Para debatir en torno a la sexualidad y el trabajo sexual la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR-CTA) organizó una charla debate que se realizó en la Sala Regino Maders de la Legislatura de Córdoba.

Como pocas veces, el lugar estuvo atiborrado de gente. El panel, conformado por la psicóloga Ana Correa, el sacerdote Nicolás Alessio, el doctor en Ciencias Jurídicas Horacio Etchichury y el legislador riocuartense Roberto Birri, inició la ronda de exposiciones a las 18.00, y contó con la coordinación de la secretaria general de AMMAR Córdoba, Eugenia Aravena.

El objetivo principal del encuentro fue difundir y compartir con otros sectores de la sociedad una problemática que las trabajadoras sexuales padecen a diario por aplicación del artículo 45 del Código de Faltas de la provincia de Córdoba. Un proyecto de ley presentado por Birri, espera resolución.

Cambiar la norma

Birri contó que durante la campaña electoral había anunciado que uno de sus proyectos sería la derogación del Código de Faltas provincial. Cuando asumió y habló de suprimir el merodeo, un coro de voces organizadas y propaladas desde los medios de Río Cuarto lo acusaron de promover la inseguridad. “Casi me comen el hígado”, graficó. Además, alertó que desde las fuerzas de seguridad se construye un nuevo sujeto social peligroso: el joven humilde, pobre, perseguido y hostigado por la policía.

En relación al artículo 45, el legislador arguyó que es “inconstitucional” porque violenta la igualdad ante la ley y vulnera garantías constitucionales como el derecho al ejercicio del trabajo reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Es discriminatorio, porque ante situaciones similares las trata de manera distinta” agregó.

En este sentido, recordó que la oferta de sexo no es privativa de las mujeres que lo hacen en la calle y son llevadas presas “también se vende sexo por la televisión y en los diarios que leen los cordobeses. Se detiene al que ofrece, pero al hombre que paga no se le hace reproche alguno. Porque si así fuera –dijo y arrancó aplausos- más de la mitad tendría que haber sido arrestado al menos una vez en su vida”.

Sin desmerecer la preocupación y los cuestionamientos que se hacen a esta norma heredada de la dictadura, y apenas maquillada por la democracia; el legislador evaluó que aquí y ahora “no hay una relación de fuerzas favorable”.

En ese contexto, expuso que “el proyecto no trata de promover la prostitución, sino de derogar una norma que bajo la figura del escándalo y por no requerir intervención del juez, habilita la comisión de arbitrariedades como las detenciones por portación de cara”.

Para alcanzar el objetivo es preciso “lograr consensos políticos y sociales. Es una tarea de todos: trabajar, concientizar, para que tengamos leyes mas justas. Cuando esas dos cosas se unan lograremos derogar esta vergüenza que es el Código de Faltas”, precisó.

50 presos por día

Hace varios años que Horacio Etchichury, docente de la Facultad de Derecho e investigador, trabaja por la derogación del Código de Faltas. Precisamente, acaba de editarse un libro con contra comentarios realizado junto a otros profesionales.

El abogado, recordó que por aplicación de unos artículos precisos pero ambiguos cada día entre 40 y 50 personas son detenidas. Luego, son trasladadas a la Unidad de Contención (UCA) donde permanecen a al espera de la planilla de antecedentes.

“Mientras tanto, no es culpable de nada, no tendrá abogado y saldrá liberado por cansancio o lástima en 48 o 72 horas. A los 15 días debe volver para enterarse de la sentencia que puede incluir multas o penas que van de entre 30, 60 o 90 días”, relató.

Lo más sorprendente es que la misma institución que lo detiene, le impone la condena. Y como si esto fuera poco el antecedente estará en su registro por dos años. “Esa ley que permite todo esto es el Código de Faltas”, enfatizó.

Etchichury recordó que el Código actual sancionado en 1994 para reemplazar al de la dictadura militar de 1980, sufrió varias reformas. Algunas -dijo- realizadas para calmar la ansiedad de algunos conductores radiales.

Advirtió, sin embargo, que las figuras que se utilizan son aquellas que la policía tiene interés en aplicar. Por caso, citó al merodeo como una de ellas. “Merodeo significa estar en algún lugar en actitud sospechosa”. Ahora ¿cuál es el perfil del sospechoso? ¿Cómo reconocer que alguien es sospechoso de algo? inquirió.

En esta línea, subrayó que “se meten con la vida privada de una persona que por ejemplo consume alcohol en una esquina” o bien es llevado preso por conductas que “no dañan a nadie, como negarse a identificarse, no decirlo, decirlo falsamente o no responder a preguntas”. Esto lesiona una garantía constitucional importantísima: el principio de legalidad del Art 19 que dice “Nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

En cuanto al procedimiento no dudó en afirmar que es inconstitucional por donde se lo mire. “Te juzga el comisario, la presencia del abogado no es necesaria a lo largo del proceso, porque no es obligatoria”, destacó.

Prejuicio concentrado

El Artículo 45 se titula “Prostitución molesta o escandalosa, medidas profilácticas o curativas” y el texto es el siguiente: "Serán sancionados con arresto de hasta 20 días quienes ejerciendo la prostitución se ofrecieren o incitaren públicamente molestando a las personas o provocando escándalo. Queda comprendido en este caso el ofrecimiento llevado a cabo desde el interior de un inmueble pero a la vista del público o de los vecinos. Y en todos los casos será obligatorio el examen de todas las enfermedades de transmisión sexual y en su caso el tratamiento curativo”.

Ahora ¿Qué es escandaloso? se preguntó. “Son nociones vagas y escándalo es una de ellas” pero el problema radica en que su definición está a cargo del policía actuante. En este punto remarcó que ni siquiera hace falta de alguien realice una denuncia. Asimismo aseveró que el código contiene otros tres artículos que castigan el escándalo: molestias a personas (43), escándalo y molestias a terceros (53) y escándalos públicos (52).

Sobre el párrafo final recalcó que es violatorio de la Ley de Sida por el riesgo de estigmatización y que no es casual esta formulación porque precisamente ése es el objetivo.

“¿Por qué el legislador cordobés de 1994, que tenía la lista de convenciones de Derechos Humanos, la reforma de la Constitución, se vio en la necesidad de incluir este artículo y castigar un escándalo en particular? Se preguntó el abogado. La respuesta flotaba en el aire. Prevaleció el prejuicio sobre el trabajo sexual y así desplazó derechos constitucionales de las personas.

Finalmente el docente universitario analizó que si se logra tirar abajo este artículo que “estigmatiza a un grupo de personas” será un avance en el camino hacia “la derogación y el reemplazo de este Código por otro que respete los derechos humanos”.

El trabajo sexual no es pecado

El cura Nicolás Alessio tuvo a su cargo la difícil tarea de explicar el pensamiento de la Iglesia Católica. “Eugenia ya me dijo todo lo que tenía que decir”, bromeó para luego manifestar que “el ejercicio de la sexualidad tiene que ver con tres realidades sumamente potentes: el placer, la posibilidad de gozar y disfrutar; la reproducción que genera vida y el amor. Tres realidades tremendamente transversales a la sexualidad”, concedió.

Más adelante consideró que justamente por eso “desde siempre se la quiso controlar” y que la disputa es tener la palabra para aprobar o reprobar y delimitar qué es bueno o malo. La tentación de ejercer ese control “no solo es patrimonio de las instituciones religiosas” aseveró, aunque reconoció que esa religión “pretende tener la última palabra que controle esa profunda fuerza vital”.

Como “conservadora y rígida” calificó la postura de la “iglesia oficial” respecto a estos temas. “Todo lo que tenga que ver con la sexualidad es anacrónico”, afirmó.

Luego trajo a colación dos textos evangélicos clásicos en el que las trabajadoras sexuales son señaladas.

“El que esté libre de pecado que tire la primera piedra” y el otro donde Jesús dice que “en el reino de Dios antes que los mercaderes van a estar las prostitutas, las trabajadoras sexuales”.

El mensaje del sacerdote Alessio fue claro. “No basta con decir que el trabajo sexual no es delito, hay que empezar a decir que no es un pecado, que no está mal. Porque en la conciencia social, marcada a fuego por esta perspectiva católica occidental va a seguir siendo algo que hay que evitar, y aún descartar”.

Identidad

Por su parte, la psicóloga Ana Correa explicó que una investigación da cuenta de que las trabajadoras sexuales en cuanto a la escolaridad una mayoría - 54 por ciento- no completó el primario y apenas un 5 por ciento accedieron al secundario. “Estos resultados que trabajamos en función de las trayectorias mostraron que son jóvenes que han empezado a trabajar entre los 13 a 17 años como domésticas, mucamas y niñeras”.

Pero, que al trabajo sexual ingresan entre los 20 y los 23 años. Además, interpretó que esta situación “está acompañada de rupturas y fracturas de lazos familiares, con dolores, carencias y con escasas posibilidades de ingresar a la vida social y con una imagen de sí muy desvalorizada. Que sólo han encontrado en esta organización un lugar para pensar y un espacio para poder compartir -solamente en este espacio-algunas emociones”.

La docente analizó que la organización Ammar “apunta claro a su objetivo y la vigencia y largos años de trabajo les han posibilitado alcanzar procesos de subjetivación. “No es poca cosa” –dijo- porque desde la psicología posicionarse subjetiva y autónomamente para decir quienes son y que quieren las personas, no es fácil.

Desde esa perspectiva consideró que desde sus acciones apuntan a la creación de nuevos significados respecto a los trabajos y otras actividades. “En realidad sus lógicas y tácticas son sorprendentes porque se mueven en el adentro y afuera que consisten estar en el espacio publico y con los lazos afectivos muy fuertes”, destacó.

Tras la exposición de los panelistas se produjo un debate con el público que preguntó sin temores sus dudas respecto a la sindicalización, la trata de personas y pudo conocer el crecimiento de la organización que lleva diez años de trabajo en Córdoba.

Eugenia Aravena, manifestó que en este largo proceso no pocas veces fueron subestimadas y criticadas desde algunos ámbitos y que “nunca imaginaron llegar a esta sala, debatir y decir: que el trabajo sexual no es delito”. Pero “demostramos ser capaces de pensar, formarnos y decidir por primera vez en la historia cuáles son las mejores estrategias para lograr una mejor calidad de vida. AMMAR, es la cara visible de un grupo de mujeres que padecen un montón de vulnerabilidades y esto es un proceso”, concluyó.

El desafío de AMMAR es lograr que el trabajo sexual sea respetado como una opción libre de sus asociadas. Para ello es urgente y necesario que se derogue el arbitrario artículo 45.

La actividad fue declarada de interés por la Universidad Nacional de Córdoba. Contó con el respaldo del Ministerio de Salud de la Provincia, por medio del Secretario de Coordinación José Emilio Ortega y el equipo Jurídico. También asistieron Raquel Crauclichs, de la Secretaría de Niñez, Familia y Mujer de la Provincia, representantes del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Derechos Humanos a través de Hugo Silva.

También estuvieron presentes la secretaria de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, Alejandra Domínguez; Carlos Godoy de la ONG Perspectiva Social, Adriana Revol del Grupo DNI; Matias Dreizik de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (UNC); el secretario general de la CTA Córdoba, Oscar Mengarelli y Guido Dreizik del CISPREN.

Además se recibieron innumerables adhesiones. Entre ellas, de Tiempo Latinoamericano, la Bisagra, Revuelta, Islyma, Barri de la Facultad de Medicina, la abogada de CTA Cecilia Pérez Correa, Alvaro Cañete del SEAP, médicos del programa de SIDA del Rawson, el subdirector del Hospital Rawson, el Defensor del Pueblo y las demás filiales de AMMAR, entre otras.

Fuente: www.prensared.com.ar