
Frente al dilatado conflicto gremial suscitado en la corporación multinacional Kraft Foods (ex Terrabusi), es menester ratificar con énfasis nuestro repudio al accionar soberbio y prepotente de esa patronal. Una vez más decimos que los trabajadores no vamos a pagar la crisis.
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* Secretario General de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA); Secretario de Derechos Humanos de la CTA |
Desde la CTA, hemos expresado en la práctica nuestra solidaridad y apoyo a los obreros de Kraft y su Comisión Interna, en el marco de la defensa de sus puestos de trabajo, a la vez que repudiamos tanto estas prácticas de las empresas como al sindicalismo empresarial que se subordina a los intereses de los grupos económicos antes que al de la clase trabajadora.
Estas multinacionales creen con absoluta discrecionalidad e impunidad ser dueñas de la vida de los trabajadores sin tener en lo más mínimo en cuenta el derecho laboral ni las garantías constitucionales de la clase trabajadora.
Creen que pueden hacer lo que quieren: despedir, intimar, aterrorizar y, con la inestimable colaboración de las Fuerzas de Seguridad, reprimir violentamente. No vamos a permitir este accionar como ejemplo disciplinador de la conflictividad social en Argentina que busca generar la UIA y AEA.
Desde la CTA vamos a luchar en la calle por la democracia y libertad sindical para terminar con este actual estado de cosas. Por eso nos movilizamos multitudinariamente el pasado 30 de septiembre conjuntamente con los compañeros de Kraft, del Subte y una constelación de trabajadores del sector privado que apuestan por otro modelo sindical en la Argentina.
El accionar de las Fuerzas de Seguridad atacando a los trabajadores de la ex Terrabusi no fue más que el reflejo de los sectores empresarios multinacionales y del Gobierno que se niegan a respetar y garantizar la democracia y libertad sindicial en nuestro país. Así queda en evidencia cómo las multinacionales ven garantizados sus intereses con el accionar del propio Estado y sus Fuerzas de Seguridad. La Policía y la Gendarmería al servicio del mercado salvaje y la rentabilidad enpresaria a cualquier precio, dando la espalda a los derechos de los obreros a la huelga, a no ser despedidos, a la defensa de sus fuentes de trabajo, a cobrar su salario.
En la Argentina, los empresarios pueden elegir en qué central empresaria pueden estar, pero los trabajadores no podemos elegir en qué sindicato u central sindical queremos estar. Ya hay alrededor de 1.500.000 trabajadores en nuestro país que le dijeron basta a la burocracia sindical y buscan construir otros horizontes de democracia, distribución y soberanía desde la CTA.
Como pasó con el Subte o con la ex Terrabusi, este es un proceso que no pueden frenar ni con palos, ni a los golpes, ni con represión. Ya lo demostró el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre del año pasado. Más temprano que tarde la democracia sindical en nuestro país será un derecho de la clase trabajadora ganado en la lucha contra estos energúmenos que sólo buscan enriquecerse a costa de los trabajadores.
Conocemos en vivo y en directo cómo operan las multinacionales en nuestro país. Dijimos y probamos durante la última paritaria del sector, que la industria farmacéutica no está en crisis ya que tiene ganancias extraordinarias por más de 10.000 millones de pesos anuales en nuestro país.
En ese marco, las acciones gremiales, incluido el paro histórico de los visitadores médicos del 29 de marzo, se enmarcaron en los objetivos de no firmar una paritaria que significara sacrificar derechos laborales, ni acordar contratos flexibles, como quería la patronal, y a su vez lograr un aumento en el básico de convenio y aumentos reales para todos los agentes de propaganda médica del país.
Como en otras oportunidades, hicimos valer nuestra autonomía y no fuiimos rehenes ni del Gobierno nacional, ni de la UIA, ni de ningún partido político y mucho menos de los negociados del sindicalismo empresario que vende a los trabajadores y sus derechos.
En tres años de rondas negociales los visitadores médicos pasamos de un básico de $600 a $4.000, modificamos y acordamos nuevos artículos que amplían nuestros derechos laborales en el Convenio Colectivo en base a género, paternidad, adopción, entre otros.
La lucha de los trabajadores del sector privado no puede descontextualizarse de la puja por la restauración de la justicia social en la Argentina. Por ello, seguimos exigiendo una Asignación Universal por Hijo, distribución de la riqueza real, democracia y libertad sindical en nuestros trabajos y soberanía sobre nuestros bienes naturales.
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