Perfilando la maniobra de “cambiar algo, para que nada cambie”, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se menciona a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), verdaderas protagonistas del fracaso del sistema, como actoras del nuevo instrumento legal. Es más, son interlocutoras privilegiadas del Gobierno junto a la UIA y la CGT. Las ART, desde la cámara empresaria que las agrupa, vienen desarrollando una falaz campaña por los medios de comunicación, intentando mostrar como éxitos, lo que a todas luces fue un fracaso.

La simple existencia de estas entidades de orden privado, ligadas al capital financiero y piedra angular del sistema surgido como parte del paquete de flexibilización y precariedad laboral de los años 90, presupone una inversión de los principios rectores del derecho laboral; a saber, la protección de los más débiles en la relación entre empleadores y trabajadores. Tal es así, que el asegurado por las ART no son precisamente éstos últimos; sino las patronales.

Por supuesto, que éstas se cuidan muy bien de explicitar estos objetivos y argumentan que la prevención y la inmediatez de sus prestaciones son su principal función. Estos argumentos colisionan con estadísticas (parciales por omisión de denuncias y porque el sistema sólo atiende al trabajo registrado) que nos hablan de un incremento de la siniestralidad.

En segundo lugar, el sistema vigente y el que se está pergeñando excluye la participación de los trabajadores, como única forma eficaz de cualquier política de prevención, tal como dicta la experiencia internacional y la legislación vigente en la mayoría de los países latinoamericanos propiciándola; al pretender consagrar una formalidad en la participación de los trabajadores, en un contexto de falta de libertad y democracia sindical.

Con esto se allana el camino al sindicalismo empresarial que pretende hacerse de una tajada en el negocio de los seguros del trabajo o de los grupos empresarios que pretenden darle a las ARTs forma de mutuas, copiando nuevamente sistemas que en otros países han fracasado.

La persistencia del sistema “aggiornado” sólo beneficia al sector empresario enriquecido en estos años, no dispuesto a distribuir la renta, y sí a descargar su propia “crisis” sobre los trabajadores, denigrando aún más los salarios y las condiciones de trabajo y a una dirigencia sindical que desde ya hace muchos años ha optado por reconvertir a sus gremios en empresas ricas con trabajadores pobres.

Es necesario discutir un nuevo Sistema de Riesgos del Trabajo, eliminando la figura de las ART. Una política en este sentido, debe contemplar en primer lugar una eficaz política preventiva. Y esto no es posible sin la participación de los trabajadores en Comités Mixtos y la instauración de la figura del Delegado de Prevención. Para ello, es necesaria la democratización de las organizaciones de trabajadores mediante la vigencia plena de la libertad sindical y protección mediante fueros de los trabajadores electos para estas funciones.

Asimismo, requiere un fortalecimiento del papel del Estado; tanto en lo que hace a la recuperación del papel de policía del trabajo; como en la articulación de una política integral y universal de salud de los trabajadores (estén o no registrados y con cualquier característica que asuma el trabajo), que garantice la inmediatez de las prestaciones que le sean requeridas con cargo a la patronal que la genere (ya sea ésta privada ó pública).

Ante los intentos “gattopardistas” reafirmamos el camino trazado en las reuniones del Consejo Consultivo Nacional de Salud Laboral de la CTA y la necesidad de redoblar esfuerzos para que tome estado parlamentario el ”Proyecto de Ley de prevención de los riesgos laborales y reparación de daños e incapacidades derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales” presentado en septiembre de 2006, acompañado por una delegación de nuestra Central en el Congreso de la Nación y enriquecido por el aporte colectivo de los trabajadores.

Por lo expuesto, es menester establecer un plan de acción nacional alrededor del Sistema de Riesgos del Trabajo que permita instalar los ejes del debate establecidos en distintas instancias de la CTA.