“En Jujuy las únicas piletas que había eran privadas, había que pagar para darse un chapuzón, pero desde que estamos nosotros, todos pueden gozar de ese privilegio”, dice la mujer que esta semana se transformó en el centro de los cuestionamientos de los partidos de la oposición, luego del escrache que sufriera el senador radical Gerardo Morales, el pasado viernes 16 de octubre.

¿Usted o alguien de su agrupación participó del escrache Morales?

Lo aclaré muchas veces esta semana, pero lo voy a hacer una vez más. Yo no estaba en San Salvador ese día porque había ido a visitar una de nuestras cooperativas en Monterrico. Ni tampoco fueron militantes de la Tupac los que repudiaron al senador. Los que estaban allí eran miembros de organizaciones sociales integrantes de una red de la que también participamos nosotros, pero no eran nuestros.

¿Y por qué entonces se sigue afirmando que fueron ustedes los responsables de la agresión?

Porque necesitan demonizarnos, construir un monstruo que no existe, para detener un proceso que está en marcha y que viene resolviendo los problemas que esos mismos políticos que nos acusan no pudieron resolver. Ellos se llenaron los bolsillos con la plata del Estado y favorecieron a los empresarios amigos con los recursos de todos y ahora no se bancan que nosotros demostremos que se pueden hacer obras sin robar un solo peso y dándoles trabajo a miles de compañeros y compañeras.

Sala es vehemente para expresar sus ideas. Gesticula ampulosamente, habla fuerte. No sería la alumna preferida del conde Chikoff –maestro del ceremonial y los buenos modales– pero sabe lo que es ser discriminada por su condición social y étnica. Criada en un hogar de clase media de Jujuy, Milagro se enteró de que era adoptada recién a los 15 años, no soportó que sus padres le hubieran negado el derecho a la identidad y se fue de la casa. “En la calle conocí de todo, consumí drogas, robé, pero no debo haber nacido para el choreo porque me agarraron afanando una bicicleta y caí presa”, recuerda. Estuvo detenida nueve meses en el penal provincial de mujeres. Cuando recuperó su libertad, sintió que debía hacer algo para evitar que otros sufrieran lo que ella debió sufrir. “Por eso empecé a militar, primero en el sindicato estatal (ATE), donde conocí a tipos muy grandes como Germán Abdala y Víctor De Gennaro, después en la CTA y de allí a los barrios”, cuenta.

Morales dijo que ustedes manejan discrecionalmente los fondos que les da el Estado y que no rinden cuentas a nadie. ¿Cuál es su respuesta?

Nuestro financiamiento proviene de los fondos del plan federal de emergencia habitacional. El gobierno nacional le gira los fondos al Instituto Provincial de Vivienda, de ahí la plata va a los municipios y son ellos los encargados de entregárselas a las 125 cooperativas de vivienda que hay en las provincias, varias de las cuales están integradas a nuestra organización. Fijate que el que nos firma nuestros cheques y debe controlarnos es el intendente radical de San Salvador, Raúl Jorge, que responde a Morales. Y no dijo ni una palabra sobre nosotros porque sabe que tenemos todos los papeles en regla.

¿Cuánta plata manejan?

En total nosotros percibimos 7,9 millones de pesos por año. Con esos fondos hacemos las viviendas y con lo que nos sobra, brindamos servicios de todo tipo a los miembros de la organización: salud, educación, asistencia legal y, fundamentalmente, trabajo.

¿Con lo que les sobra?

Claro, en los mismos barrios que construimos, nosotros constituimos cooperativas metalúrgicas, bloqueras y textiles para poder satisfacer la demanda que generamos haciendo las viviendas. Entonces todo nos sale más barato, y con el remanente hemos podido edificar un centro de salud en el que funciona un tomógrafo de última generación (uno de los dos que hay en la provincia), además de consultorios odontológicos y oftalmológicos con aparatología de primer nivel. Y ahora estamos haciendo un centro de rehabilitación para personas con capacidades diferentes único en todo el país.

También se la acusó de manejar un ejército armado con un arsenal de más de 100 armas.

Ésa es otra tremenda mentira. Les muestro (lo hace) un certificado del RENAR donde consta que sólo tengo inscripto a mi nombre un trabuco naranjero que me regaló Germán Abdala y que lo guardo en un cuadrito. Además se dijo que controlo policías y los únicos que me acompañan son dos agentes que me pusieron de custodia cuando denuncié una de las tantas amenazas de muerte que me hacen los verdaderos pesados de esta provincia.

El “cantri” de los más pobres

“Bienvenidos al cantri de la Tupac” dice el cartel que se erige a la entrada del barrio Alto Comedero, a cinco kilómetros del centro de la capital jujeña. Allí viven 2.700 familias que integran la organización Tupac Amaru en viviendas de tres ambientes construidas por las cooperativas que ellos mismos integran. “Esto era un monte y nosotros lo transformamos en nuestro hogar, un lugar donde podemos ser felices”, dice Alejandro, uno de los trabajadores de la bloquera con la que construyen las paredes de las casas que habitan.

Las construcciones se financian con fondos del Plan Federal de Viviendas que administra el municipio de San Salvador de Jujuy. “Es el intendente el responsable de recibir y distribuir los recursos del Estado nacional que nosotros utilizamos para hacer erigir los barrios” explica Juan Manuel Esquivel, miembro de la organización y director del Centro Educativo Germán Abdala donde estudian 2.200 alumnos diariamente “en un bachillerato intercultural dictado en dos lenguas, castellano y la de nuestros pueblos originarios”, agrega.

Cada casa que edifica la Tupac le cuesta al Estado 82.700 pesos y la tasa de ocupación que genera la actividad es de cuatro trabajadores por unidad.

“Antes que existiéramos nosotros, las empresas constructoras como Benito Roggio o Balut le cobraban al Estado 110 mil mangos por casa y empleaban un promedio de 1,5 persona por vivienda, con el agravante de que tardaban para la entrega el doble de lo que tardamos nosotros”, añade Esquivel.

La Tupac emplea unas 3.800 personas en sus emprendimientos. “La mayor cantidad de compañeros se dedican a la construcción y trabajan en los talleres textiles y metalúrgicos, pero también tenemos más de 250 docentes y unos 40 profesionales de la salud participando de las diferentes cooperativas”, dice Gladys Díaz, encargada de controlar el funcionamiento de las cooperativas. “Tenemos absolutamente todos los papeles en regla, incluso hemos sido auditados por la Auditoría General de la Nación que corroboró la inexistencia de irregularidades en nuestra administración”, apunta Díaz mientras exhibe los certificados otorgados por los organismos de control estatales.

Fuente: Mauro Federico, Diario Crítica de la Argentina