De acuerdo a lo previsto se cumple el paro por 24 horas de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro. El dialogo con ACTA, el dirigente Matias Cisneros descartó que la empresa y el gobierno puedan hacerse cargo de un servicio de emergencia y denunció que Metrovias tiene videos que comprometen a los matones que sabotean el servicio, pero no los entrega a la justicia.

-El gobierno informó que pondrá veedores para verificar si se cumple con el diagrama de emergencia.

 Una vez más se ponen del lado de la patronal. La asamblea de trabajadores es la que decide si los subtes funcionan o no. El Ministerio de trabajo en vez de apretarnos junto a la Unión Tranviarios Automotor y Metrovías, debía terminar con estas medidas haciendo cumplir la Ley, es decir otorgándonos la inscripción correspondiente.

-Las medidas comenzaron antes en los talleres de Constitución.

 Los compañeros del sector piden que se aleje del lugar a un matón que agredió e inclusive se burlo del ataque contra la familia del compañero Nestor Segovía.

-Las patotas cuentan con protección de la empresa.

 Obviamente, ellos tienen videos que comprometen a los matones de la Unión Tranviarios Automotor y que no entregan a la Justicia.

El gobierno decidió declarar al subte “servicio básico esencial” por lo que el subte quedó equiparado a los servicios hospitalarios y sanitarios que deben cumplir guardias mínimas. En declaraciones a la prensa, los delegados señalaron que apelarán esta resolución por considerarla “una grosera violación a la ley”.

Guillermo Pérez Crespo, uno de los abogados del Cuerpo de Delegados, aseguró al diario Critica que el ministerio viola la ley nacional 25.877, de Régimen Laboral, que regula los servicios esenciales en la Argentina.

Esta ley –explicó- recoge la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fija un listado de servicios esenciales, que no incluye el transporte de pasajeros. Según señala Pérez Crespo, “el Ministerio no puede agregar otras actividades al listado porque la ley determina la creación de una Comisión de Garantías independiente que tendrá a su cargo en situaciones excepcionales determinar que un servicio puede ser declarado esencial, por la duración del conflicto o por alguna causa de gravedad muy particular”.

“Esta Comisión de Garantías nunca se constituyó, e insólitamente el Ministerio afirma en los fundamentos de su resolución que, mientras no se constituya, es el ministro quien puede extender la calificación de esencial, cuando del texto de la ley se desprende que justamente eso es lo que no puede hacer de ninguna manera; la ley no le permite hacer al ministerio lo que hace con la resolución que dicta”, indicó el abogado.