El Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria, la CTA, el Foro por los Derechos de la Niñez y otras organizaciones elaboraron un documento en el que se denuncia que el nuevo proyecto de Código de Faltas que impulsan el Gobernador Daniel Scioli y su Ministro de Seguridad Carlos Stornelli, es “inconstitucional por donde se lo analice y pensado para una sociedad que dejo de existir hace 100 años (...) avanza en la criminalización de la protesta social y se profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad”.

Según explicaron “con el nuevo Código se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, “merodeadores”, borrachos, trapitos o cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, interpretes de sueños, parapsicólogos, travestis y trabajadoras sexuales”.

Asimismo “apunta al corazón de la democracia reprimiendo las manifestaciones públicas: se podrá detener a los que participan en marchas o reunión de personas, los que escriben graffitis y leyendas, los que pegan carteles en lugares no autorizados, los que se reúnen tumultuosamente, los que participan de piquetes, cortes de calle o escraches. También los que insultan en la calle o hagan un dibujo torpe que ofenda la decencia pública”.

Además señalaron que “la locura punitiva desatada por el gobierno provincial arrestara también a los comerciantes que le vendan bebidas alcohólicas a los mayores de 18 años y contribuyan con ello a su borrachera (...) a quienes hagan ruidos o toquen campanas que afecten la tranquilidad de la población y a los padres cuyos hijos menores dejen la escuela”.

Como si esto fuera poco, “además hace realidad un sueño del gobernador Scioli bajando la edad de imputabilidad y permitiendo que se arreste a los jóvenes desde los 14 años” indicaron.

“El gobierno provincial ha tomado el camino de restringir la libertad de todos, en aras de suplir su ineficiencia para diseñar políticas inclusivas para toda la sociedad, único remedio probado a nivel mundial para disminuir la inseguridad. Ha hecho una opción que nos acerca al precipicio del autoritarismo, hiriendo de gravedad a nuestra democracia” señalaron las organizaciones.

Respecto al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil “a poco tiempo de entrar en vigencia y cuando aún no se encuentra en pleno funcionamiento, el ejecutivo provincial impulsa una modificación de tres artículos que ya tiene media sanción en el senado, a través de la cual en un primer artículo (art. 41) amplía el plazo de detención de los jóvenes de 12 a 24 hs. hasta que el juez decida su destino” indicaron desde el Foro por los Derechos de la Niñez. “Es una modificación que someterá a los jóvenes a una mayor vulneración de derechos y los expondrá mas tiempo a padecer torturas y malos tratos en comisarías, alcaldías o centros de recepción” se denuncia desde un informe elaborado por el Comité Contra la Tortura.

Puntualmente, de acuerdo a los datos registrados por ese organismo de la Comisión Provincial por la Memoria (y los que surgen del Registro de Denuncias de la Secretaría de Asuntos Institucionales, Área Menores de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -actualmente disuelta-), “se han producido en el período junio/2006 a julio /2008 setecientos (770) casos de torturas y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en perjuicio de novecientos treinta (930) jóvenes en conflicto con la ley penal o en situación de calle, en distintas instituciones de detención de niños o en oportunidad de procedimientos policiales”.

Un segundo artículo (art. 43), también amplía un plazo, de 5 a 10 días, para que el Juez decida si a un pibe ya detenido, le corresponde prisión preventiva. También esta reforma omite dos párrafos del referido art. 43. Los mismos establecen dos pautas esenciales de este fuero: audiencia oral para decidir o prorrogar una prisión preventiva y revisión de la misma cada 3 meses.

Un tercer artículo (art. 66) prevee que en causas donde hay imputados jóvenes punibles y adultos, el Fiscal del Joven lleve adelante la investigación por ambos. Así el Fiscal del Joven, que debe ser alguien especializado en este nuevo sistema, termina perdiendo esta especialización porque dedica su tiempo a adultos y además sobrecargado de causas.

“Estos proyectos dotan de mayor discrecionalidad la toma de decisiones sobre reformas legales en materia penal juvenil, justamente aquello que la derogación del sistema de patronato se dió como meta” indicaron.

“Sin lugar a dudas esta reforma inconsulta y sin sustento, es un retroceso en la lucha contra la tortura y las violaciones de derechos en nuestra provincia y por tanto debe rechazarse” señalaron desde el Comité.