Depende de la Seccional Octava de La Matanza donde funcionó un centro clandestino de detención. La inmensa maquinaría que llevó adelante el terrorismo de estado, las complicidades que permitieron los campos de concentración, no desaparecieron, se han transformado. El caso Arruga, estos muertos recientes, lo demuestran.

Paula Libaschi es directora del Programa de Justicia Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) está convencida de que “estas muertes son resultado de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa alojando detenidos en lugares inadecuados, en condiciones indignas. Más allá de origen del incendió, el responsable es el Estado y la policía bonaerense”.

“Se da respuestas a las demandas de seguridad endureciendo las leyes, superpoblando las cárceles y las consecuencias son estas. Desde el 2007 aumentó un 65 por ciento el número de presos. Sin embargo el delito no se ha reducido. Tampoco la sensación de inseguridad. El poder político manda mensajes a los jueces para que abusen de la prisión preventiva. Y el resultado es que tenemos más del 80 por ciento de los presos con prisión preventiva. Es una de las cifras más altas del continente”.

“Otra masacre”

María del Carmen Verdú de la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial) no duda en calificar lo sucedido en Lomas del Mirador como “otra masacre”. Recuerda casos como el incendio de la prisión de Magdalena donde perecieron 33 internos. La violencia policial –dice- es una constante. “Hay un promedio de una muerte por día por violencia policial, las muertes no solo se dan en las comisarías sino en la calle a través del denominado gatillo fácil”

Verdú coincide en su diagnóstico con la especialista del CELS. Dice que “en los últimos 10 años duplicaron la población carcelaria, hicieron reformas para impedir la excarcelación o las prisiones domiciliarias. Las personas que no pueden pagar fianzas millonarias no tienen otro destino que la cárcel. El 85 por ciento de los internos esta sospechado de delitos contra la propiedad. Son gente sin recursos, en muchos casos inocente”.

Verdú recuerda que en el caso de la Masacre de Magdalena, de los 33 muertos solo 3 tenían condena. “Los demás eran técnicamente inocentes. Si vas a los expedientes te das cuenta que podrían haber salido en poco tiempo. En algunos casos había groseros errores en las causas”.

“Investigás un poco y salta un botón”

El CELS en un comunicado en el que responsabiliza al gobierno de Daniel Scioli de las muertes recuerda que la Corte Suprema de Justicia en el 2005 condenó el alojamiento de presos en comisarías y el uso abusivo de la prisión preventiva. Añadió que “el actual gobierno impulsó una reforma similar a la que cuestionó la Corte y volvió a aumentar el número de presos en la comisarías, que en noviembre pasado ya ascendía a 4552.

Verdú opina que no se quiere asumir que “es imposible analizar seriamente el tema de la inseguridad si no se habla de la policía”. Para la abogada la institución no es la solución sino parte del problema. “Basta mirar los diarios de los últimos días. La policía aparece vinculada con piratas del asfalto. Un subcomisario estaba detrás de quienes hacían circular billetes falsos en la Plata, Merlo y Moreno. Desarmaderos de autos, prostitución, juego clandestino, narcotráfico, todo el mundo sabe que la corrupción policial es parte del problema, dice Verdú. Investigas un poco y salta un botón”.

Motín, incendió y muerte. En la nomina del horror no sólo está Magdalena o la masacre del Penal de Varones de Santiago del Estero. La nómina del horror es amplia: Villa Devoto (1978), Olmos (l990), Sierra Chica (1996), Comisaría 25 de Villa Gobernador Galvez (2000), Penal de San Martín (2005), Coronda (2005).

Detrás del discurso “políticamente correcto y falsamente escandalizado" de algún funcionario, se teje la vieja historia de las cárceles y comisarías, convertidas en crematorios de pobres y desaparecidos sociales, a no ser alguna frágil notoriedad en la sección policiales de la prensa.